El juez Montoya criticó el desempeño de la Fiscalía Federal de Orán.
A tres meses del procedimiento que destapó el saqueo de tubos del Gasoducto del NEA, favorecido por una insólita resolución del intendente de Aguaray, Jorge Federico Prado, a favor de la empresa mendocina OSIP SA, la Fiscalía Federal de Orán poco hizo para determinar las responsabilidades penales en la millonaria defraudación al Estado nacional.
Por las actuaciones que se abrieron el pasado 7 de febrero, ante una oportuna intervención del funcionario provincial Adrián Zigarán, y los allanamientos que terminaron con más caños secuestrados en General Mosconi el 15 de abril último, no hay un solo detenido ni imputado.
Hasta aquí el desempeño del fiscal José Luis Bruno y de la auxiliar fiscal María del Carmen Núñez no ha dejado bien parado al sistema acusatorio que, desde junio de 2019, puso al Ministerio Público Fiscal a la cabeza de las investigaciones.
De hecho, en una audiencia que solicitó la Fiscalía de Orán el 16 de marzo para que se declare su incompetencia territorial y se remitan las actuaciones a Tartagal, el juez Gustavo Montoya cuestionó la lentitud de las actuaciones. También se manifestó extrañado de que, luego de bajar los 17 caños secuestrados por Gendarmería en Aguaray, se dejara seguir al camión de la transportista Sánchez Huerta que se usó como medio comisivo de la «presunta defraudación al Estado nacional». Con esa calificación, el magistrado puso la mira en los papeles con los que se burlaron los controles para robar los caños. Juan Carlos Doncel, apoderado de Integración Energética Argentina (Ieasa), precisó que cada uno de esos tubos acerados -de 12,8 metros de largo y 24 pulgadas de diámetro- vale 5.000 dólares.
En la audiencia del 16 de marzo, la fiscalía oranense señaló que el legajo de la investigación tenía incorporadas varias denuncias de robos de caños que se remontaban hasta el 29 mayo de 2019, inclusive, o sea hasta 10 días antes de que entrara en funcionamiento el nuevo sistema adversarial, por lo que correspondía girar las actuaciones al fuero federal de Tartagal. En base a los antecedentes relatados, el juez Montoya resolvió la incompetencia territorial y el legajo se remitió al juzgado de Carlos Martínez Frugoni.
En el interín, tomaron estado público los allanamientos realizados el 14 de abril en los predios de las empresas Perterser y Wheatherford de General Mosconi, donde se incautaron 128 caños. Otros 33 tubos, extraídos en El Desemboque, paraje distante a 130 kilómetros de Tartagal, fueron bajados de tres camiones.
Entrevistados por la periodista Mabel Carrizo, los choferes de dos de los camiones, de la empresa santafesina Serenelli, manifestaron que habían sido contratados por Adrián Mercado, conocida empresa de subastas, para trasladar los caños desde El Desemboque hasta Mosconi. A través de las pantallas de VideoTar, Carrizo mostró después un remito en el que Minera del Altiplano, fuerte productora de litio del Salar del Hombre Muerto, figuraba como supuesta compradora de caños robados. La veracidad de ese remito aún no fue corroborada. La atención de la Fiscalía Federal de Orán tampoco se detuvo en otra empresa implicada, Vera SA, tras la cual se esconde Adrián Antonio Vera, de Luján de Cuyo, uno de los mentores del millonario fraude urdido y ejecutado en el norte salteño.
La citada localidad mendocina es la punta de un iceberg. De allí llegó OSYP SA, la firma que tiene como socio principal a Diego Andrés Alos, otro actor clave del millonario golpe que se gestó antes de que Prado asumiera como intendente de Aguaray. De hecho, la nota con la que Alos pidió la desafectación de los caños para blanquear el saqueo de 35 kilómetros del Gasoducto del NEA, entró al despacho de Prado el 10 de diciembre de 2019, apenas iniciada la gestión que llegó a ese cargo con la lista del actual senador Sergio Leavy.
Reproches que tensaron a la Justicia Federal de Orán
El pedido de incompetencia girado a Tartagal fue rechazado por vicios en el legajo.
El pasado 16 de abril, dos días después de los allanamientos y secuestros de caños realizados en General Mosconi, el juez Gustavo Montoya dirigió una nota al fiscal Bruno, en la que le manifestó su “tribulación” ante los nuevos hechos que tomaron estado público por los medios, “sin que hasta el momento tuviera conocimiento el suscripto de actuación alguna”.
“Nuestra intuición y experiencia como magistrados nos sitúa en una posición privilegiada para anticiparnos a resolver este tipo de peligros que devienen en onerosos costos materiales y morales para la sociedad”, remarcó el juez en esa nota, y agregó: “Permanecer impertérritos frente a semejante conducta, si se puede prevenir, resulta preocupante, teniendo en cuenta que ya se advirtió a esa Fiscalía mediante resolución de fecha 16 de marzo -frente a hechos similares en enero reciente- que cuestiones de tamaña gravedad sean tratadas y sustanciadas con mayor celeridad”. Montoya también le recordó a Bruno “el pernicioso efecto potencial del que adolece una eventual pasividad o anquilosamiento procesal”, por lo que lo instó “a imprimir a esta cuestión un trámite preferente, con el compromiso de asistirlo”.
Pero hubo más. El juez de Tartagal, Carlos Martínez Frugoni, devolvió la investigación a Orán, tras objetar que en el legajo no obraban denuncias que la Fiscalía a cargo de Bruno había invocado en la audiencia del 16 de marzo para que Montoya declare su incompetencia material.
El 28 de abril el juez revisó su decisión y aceptó la competencia de la Fiscalía Federal de Orán. En esa resolución Montoya notificó a Bruno sobre el rechazo de Martínez Frugoni y le recordó que el 16 de marzo había decidido declarar la incompetencia “tomando por cierto el relato (de la Fiscalía) en cumplimiento de los principios de objetividad y de lealtad procesal que deben presidir el accionar del órgano acusador (artículo 91 del Código Procesal Penal Federal), pero a decir verdad no existen tales actuaciones incorporadas al legajo”. Las repercusiones del temblor que sacudió al fuero federal de Orán llegaron hasta el despacho del fiscal general, Eduardo Villalba, quien el pasado 16 de marzo había sido informado de la resolución de incompetencia desistida.
Fuente: Antonio Oieni para El Tribuno
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