El Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, expuso en el Primer Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción
«La causa de los cuadernos es un hito, cuestiona a toda la sociedad argentina. Todos hemos sido cómplices por acción u omisión. Es un cambio de eje«. El escándalo de corrupción que expuso el chofer Oscar Centeno en sus cuadernos revolucionó la obra pública y la vida cotidiana de las empresas. Durante el Primer Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías expuso algunas de las consecuencias que tuvo la causa judicial a cargo del juez Claudio Bonadio, según publicó Infobae.
«No se puede parar la obra pública, no puede quedarse la gente sin empleo, el financiamiento tiene que seguir. Nos hacemos cargo de esto pero vamos a exigir el Programa de Integridad de las empresas (está previsto en la Ley de Responsabilidad Empresaria), lo van a tener que poner en práctica«, sostuvo el funcionario que está cargo de todos los abogados del Estado.
Saravia Frías destacó que el escándalo obliga a defender más que nunca el principio de inocencia, para no caer «en una caza de brujas», pero aseguró que los accionistas que estén imputados o procesados van a tener que dar un paso al costado. «Es el momento de limpiar el mercado de la obra pública», dijo. Y agregó que el escándalo de corrupción «es una oportunidad».
El procurador compartió el primer panel del Congreso Compliance y Lucha Anticorrupción, organizado por la Universidad Austral, con Marcelo Scaglione, subsecretario del Ministerio de Hacienda y representante argentino ante la OCDE, el juez de la Cámara de Casación Guillermo Yacobucci, y Mora Kantor, subsecretaria de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción.
A su turno, Scaglione destacó el impacto de la corrupción en nuestro país y en América Latina. «Según datos de la OCDE, la corrupción equivale al 10% de los negocios a nivel global, aunque para algunas industrias puede alcanzar el 20%. En América Latina, la corrupción representa entre el 10%y 15% de los costos de las compras púbicas, y puede llegar a representar entre el 2% y el 4% del PBI. En Argentina representa mucha plata que el Estado deja de tener para educación, para ciencia y tecnología, entre otras cosas«, explicó.
Scaglione hizo hincapié en la reciente aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, a la que calificó como un «marco para la autopsia». Esa norma se sancionó en noviembre del año pasado. Con la promulgación, el Gobierno dispuso que la Oficina Anticorrupción fije los lineamientos para el Programa de Integridad con los que deberían cumplir las empresas para poder ser contratadas por el Estado nacional.
El funcionario también expuso la relevancia de las herramientas de compliance «para evitar volver a hacer las autopsias». «El Gobierno trabaja en una nueva ley de integridad pública, para tener más herramientas», anticipó.
Mora Kantor, subsecretaria de Integridad y Transparencia de la OA, quien remarcó que los lineamientos «no son vinculantes, lo importante es que cada compañía tenga un programa de acuerdo a sus riesgos».
La introducción del primer panel del Congreso estuvo a cargo de Lina Anllo, presidenta del capítulo argentino de la World Compliance Association, quien destacó la aplicación de la Ley de Responsabilidad Empresaria, donde se incorpora el compliance. «Este tipo de instrumentos son necesarios para combatir el flagelo de la corrupción. La sociedad dijo basta de corrupción, la corrupción es mala para todos, especialmente para los más necesitados«, remarcó.
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