El pedido fue impulsado por las controvertidas declaraciones del Presidente contra el fiscal Luciani y su vinculación con la muerte de Nisman.
Los diputados de Juntos por el Cambio pidieron este jueves el juicio político contra el presidente Alberto Fernández por «intimidar, amenazar y violentar» con sus declaraciones el trabajo del fiscal Diego Luciani luego de haberlo vinculado con el fallecimiento de Alberto Nisman, quien fue encontrado muerto luego de denunciar a Cristina Kirchner en el marco de la causa por el atentado a la AMIA.
Sin embargo, como reconocieron desde el propio espacio opositor, el proyecto es más simbólico que efectivo, ya que el kirchnerismo controla la Comisión de Juicio Político y tiene los números para bloquear cualquier intento de la oposición por desplazar al mandatario acusado de haber violado el artículo 109 de la Constitución Nacional, que le impide al jefe de Estado «ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas».
En una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, los principales referentes de la coalición opositora cargaron contra Alberto Fernández por una entrevista que dio este miércoles a TN, donde en una extrema defensa a Cristina Kirchner, dejó una frase más que polémica. «Hasta acá, Nisman se suicidó; espero que no haga algo así el fiscal Luciani», dijo el Presidente al ser consultado sobre la seguridad de los jueces y fiscales que participan en el juicio contra la vicepresidenta por la causa vialidad.
El radical Mario Negri calificó las expresiones del mandatario como propia de «un código mafioso» y resaltó que con sus dichos «han provocado una enorme conmoción». Mientras que Cristian Ritondo arengó: «No vamos a permitir que el kirchnerismo avance sobre otro poder». «Cómo Poder Legislativo venimos a solicitar el juicio político al Presidente», agregó el jefe del PRO.
Margarita Stolbizer, en tanto, acusó al oficialismo de «estar quemando cajones» para distraer del plan de ajuste que lleva adelante el Gobierno con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía. Y Juan Manuel López advirtió que «el Presidente no puede indultar si le toca la condena a la Vicepresidenta porque los delitos contra la corrupción no se pueden indultar».
En el proyecto de resolución, firmado por los principales referentes de JxC en Diputados, se precisó que el pedido es por «mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional».
Y en los fundamentos, los legisladores calificaron como «temerarias y amenazantes» las declaraciones del Presidente en el programa de TN y señalaron que parecería que quisiera «limitar o impedir la libertad de jueces y fiscales» para que ejerzan su función con absoluta libertad en un pleno estado de derecho.
El pedido de enjuiciamiento a Alberto Fernández fue apoyado por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que también ya anticipó que respaldará otra presentación que realizará la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, también por violación al artículo 109 de la Constitución. Estos pedidos se suman a una denuncia penal que presentó la Coalición Cívica de Elisa Carrió contra el Presidente por «amenazas y sedición» tras la entrevista en TN. La presentación judicial lleva las firmas de Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic, Paula Oliveto, y Juan Manuel López, de la CC-ARI y el diputado del PRO, Waldo Wolff.
Pero más allá de los dichos de Alberto Fernández, la oposición puso la mirada en la ofensiva del kirchnerismo tras el pedido de 12 años de prisión del fiscal Luciani contra la vicepresidenta que se vio reflejada en los anuncios de marchas a favor de Cristina y los ya habituales cánticos alrededor del Congreso para que «no toquen» a la ex presidenta. «La impunidad no puede ser la garantía de la paz social en la Argentina. Bajen el discurso violento» fue el reclamo de una diputada fuera de escena.
Juicio Político: una comisión controlada por el kirchnerismo
Está claro que el pedido de la oposición es más que nada testimonial, ya que la Comisión de Juicio Político está controlada por el kirchnerismo, que podría archivar sin mayores sobresaltos el proyecto.
El cuerpo legislativo que es presidido por la kirchnerista Carolina Gaillard, diputada por Entre Ríos, sólo se reunió una vez este año y fue para su conformación. En sí la comisión está integrada por 31 miembros, de los cuales 16 pertenecen al Frente de Todos, 14 a Juntos por el Cambio y 1 al Interbloque Federal.
De acuerdo a lo establecido en el reglamento, la comisión es la que determina qué denuncias son aceptadas y recién luego se inicia un sumario que puede incluir la convocatoria de testigos, la consulta a jueces federales y la declaración del imputado. Tras completarse el trámite sumarial, los diputados deben emitir un dictamen, con la mitad más uno de los miembros presentes.
Luego, ese dictamen recién llega al recinto de la Cámara baja que requiere de los dos tercios para avanzar con el proceso y se designan a uno o dos diputados que serán los que presenten la acusación ante el Senado. Una vez en la Cámara alta se necesitará también de dos tercios de los presentes para destituir al Presidente. Según lo establecido en la Constitución, como en este caso el acusado es el Presidente, el Senado debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia durante este proceso.
Al pedido de Juntos por el Cambio se agrega otro proyecto de juicio político impulsado luego del escándalo generado por las fotos de la fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, en momento que regía un confinamiento estricto en el país por la pandemia del coronavirus y un pedido de enjuiciamiento impulsado por el libertario José Luis Espert.
Vale aclarar que en las últimas décadas no prosperaron los pedidos de juicio político. Los ex jueces de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano son los últimos funcionarios destituidos por esa vía.
El antecedente más reciente es el de Amado Boudou, que siendo vicepresidente fue denunciado por la oposición y en 2014 el kirchnerismo archivó las denuncias promoviendo el rechazo «in limine» de los pedidos de juicio político.
Juntos por el Cambio busca consensuar con otras fuerzas de la oposición. Alejandro «Topo» Rodríguez, que preside el interbloque Federal y quien integra la comisión, evitó expresarse sobre el pedido de juicio político, pero indicó que «la asimilación entre los fiscales Nisman y Luciani, en palabras del Presidente de la Nación, adquiere una gravedad relevante».
Los argumentos de Juntos por el Cambio
En conferencia de prensa desde el Congreso, encabezada por todos los presidentes de bloques que integran Juntos por el Cambio, explicaron que pedirían el juicio político contra Fernández por la violación del artículo 109 de la Constitución Nacional, lo que efectivizaron en la tarde de este jueves.
El artículo 109 sostiene: «En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas».
“Entendemos y sabemos la responsabilidad institucional que significa un pedido de juicio político por parte de la oposición», sostuvo Ritondo y afirmó que Fernández con sus dichos en la entrevista por TN intentó «intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un poder que debe ser independiente”.
En la noche de este miércoles, mientras lanzaba una cerrada defensa a Cristina Kirchner, Alberto Fernández dejó una frase muy polémica en televisión. «Hasta acá, Nisman se suicidó; espero que no haga algo así el fiscal Luciani», contestó el Presidente, cuando le preguntaron por las medidas de seguridad reforzadas para jueces y fiscales, tomadas por la Corte Suprema tras el alegato contra la vicepresidenta y las manifestaciones desatadas.
Fue ante una pregunta que mencionó el caso de Alberto Nisman como contexto. El Presidente lo tomó como pie de una comparación que trajo repercusiones inmediatas; un enfático repudio de la Asociación de Fiscales y el anuncio de denuncias desde la oposición que ahora se materializan.
Apenas trascendió la frase, el diputado Alejandro Finocchiaro había adelantado en redes la postura que ahora plasma el interbloque de JxC.
En la mesa donde realizaron el anuncio estuvieron presentes -además de Ritondo- Margarita Stolbizer, Juan Manuel López, Mario Negri y Ricardo López Murphy.
Alberto Fernández en A DOS VOCES: «Realmente, ¿alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman? Lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani.
Mario Negri, presidente del bloque radical, sostuvo el pedido busca «garantizar el funcionamiento de la República».
«Lo de anoche en televisión fue un mensaje con código mafioso, no es un mensaje propio de un Presidente», agregó el radical y afirmó que «los temas judiciales se discuten en los tribunales, no en la calle como quiere el kirchnerismo».
Por su parte, el diputado Juan Manuel López (de la Coalición Cívica) pidió al Jefe de Estado y a Cristina Kirchner a “aceptar la decisión de la Justicia”. También se refirió a los rumores – ya despejados por el mismo Fernández y rechazada esa posibilidad por Cristina Kirchner- de un posible indulto que podría activar Fernández en caso de que el tribunal encuentro culpable a la vicepresidenta: “No puede indultar porque la sociedad argentina no tolera más impunidad”.
“Ojalá que la vicepresidenta entienda que los actos que cometió son delitos y que tiene que aceptar los tribunales de la Constitución porque sus conductas estaban previstas como delitos antes de que las cometa”, afirmó el presidente del bloque de la CC.
En representación del partido GEN, Margarita Stolbizer consideró que Fernández “se ha extralimitado violado la Constitución cuando califica o descalifica la acción de un fiscal que lo único que ha hecho es cumplir con su papel”. «El Presidente llama estas investigaciones de la corrupción del kirchnerismo ‘persecución judicial y mediática’. Eso es atropellar las atribuciones propias de un Poder Judicial al que el Ejecutivo le debe garantizar su independencia”, afirmó.
En tanto, la diputada, tal como lo habían hecho algunos de sus pares, sugirió que el pedido de juicio político no avanzará ya que no se cuentan con los votos necesarios. No obstante, aclaró que lo solicitarán “sabiendo que lo que hacemos puede tener el valor simbólico de definir una posición y llamar a la preocupación”.
Por último, el presidente del bloque Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, explicó que esta vez acompañará el pedido de juicio político contra Alberto Fernández pese a que en otras oportunidades se había negado.
“Lo de ayer rebasó los límites no solo porque infringe el marco de la división de poderes, sino también por la frivolidad con que se trató el tema del magnicidio del fiscal Nisman y la liviandad con que se ha entendido este gravísimo hecho”, argumentó.
Tal como adelantó Stolbizer, el pedido de la oposición tiene “valor simbólico”, ya que la Comisión de Juicio Político está controlada por el kirchnerismo, que podría archivar sin mayores sobresaltos el proyecto.
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