Valiéndose de documentación falsa, los acusados concretaron una operación de compraventa de un vehículo sobre el que pesaba un pedido de secuestro. Hicieron firmar una constancia de que la damnificada estaba al tanto de la operación.
El fiscal penal 3 de Orán, Carlos Salinas, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, para Darío Lucas Zabala Moreno, Tania Paola Peque Moreno y Liliana Ramón como autores de los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y falsedad de instrumento público en concurso real.
La intervención de la fiscalía se produjo a partir de la denuncia radicada por la damnificada, quien manifestó que el 31 de julio de 2021 concretó la compra de una camioneta Toyota Hilux 4×2, en la agencia Alto Norte Automotores, ubicada en calle 25 de mayo, de esa ciudad.
La mujer pagó 1 millón 100 mil pesos en efectivo y entregó una camioneta Ford Ranger modelo 2015 valuada en 2 millones 500 mil pesos. A cambio, recibió la camioneta comprada, un boleto de compraventa, la factura de pago y la cédula verde del dueño anterior. También se acordó que en un plazo de 15 días se completaría la transferencia del vehículo a su nombre.
Transcurridos cuatro meses, la denunciante nunca recibió noticias sobre la documentación necesaria para transferir la titularidad, a pesar de haberse presentado varias veces en la concesionaria. En cada visita, la acusada Peque Moreno le daba diferentes excusas que dilataban la transacción.
El 5 de noviembre fue citada a la agencia, donde Peque Moreno le comunicó que la camioneta que había adquirido tenía pedido de secuestro y que debía dejarla, a lo cual no accedió. La mujer, junto a uno de sus hijos, se dirigió al Registro Automotor donde le informaron que no existía orden de secuestro alguna, ni multa sobre el vehículo.
Al regresar a la concesionaria con esa información, le explicaron que habían obtenido los datos de Gendarmería Nacional. Ante la insistencia de la compradora, le entregaron un formulario 08 firmado por una escribana de Jujuy, y le solicitaron que firmara una constancia en la que reconocía que el vehículo adquirido estaba siendo investigado judicialmente.
Esto último, constituye un acto doloso que puso en evidencia el accionar de los acusados, tendiente no sólo a deslindar responsabilidades, sino también a frustrar la concreción del derecho adquirido.
Inmediatamente, la denunciante se dirigió a un gestor del automotor, quien, luego de analizar la documentación entregada por la agencia, le informó que era apócrifa.
En el requerimiento, el fiscal Salinas señala que los acusados llevaron a cabo acciones tendientes a desbaratar el derecho adquirido por la damnificada, desde el momento en que el vehículo se encontraba con pedido de secuestro, verificándose la existencia de fraude, inducción a error y una disposición patrimonial disvaliosa.
Además, los acusados confeccionaron ilícitamente documentación con características semejantes a las de un documento verdadero, en pos de que fueran aceptados por la damnificada, quien los presentó ante su gestor para que iniciara la tramitación de titularidad del bien, lo que nunca pudo llevarse a cabo, dado que los mismos eran apócrifos.
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