Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron en su pedido de condena que desde la gestión de gobierno que inició en mayo de 2003 y hasta diciembre de 2016, desde diversos «organismos estatales vinculados a la obra pública, se «montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz», lo que representó la contratación del Estado «en favor de Lázaro Báez» por más de 46.000 millones de pesos».
La fiscalía sostuvo que se configuró un esquema «de beneficios exclusivos» para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el «empresario de obra pública vial más beneficiado» por las «gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner». A los ex presidentes se los apuntó como los responsables de «diseñar la maniobra» y de «erigir a su amigo personal» como contratista del Estado.
La justicia determinó que hubo una etapa posterior al «apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública» y fue el destinado «al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos».
El 14 de noviembre, los fiscales pueden volver a hablar ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que lleva adelante el debate oral desde mayo de 2019, aunque no decidieron aún se replicarán los planteos en contra del alegato que formularon durante nueve audiencias. Fuentes judiciales señalaron a Clarín que los elementos utilizados para sostener los pedidos de condena “no fueron controvertidos con pruebas” y pese a las múltiples críticas de las defensas, entienden que la acusación “se mantiene inalterable”.
Como punto de partida este análisis sostiene otro argumento: los principales puntos de la imputación “no fueron respondidos ni mucho menos explicados”, indicaron fuentes de la investigación.
El presunto direccionamiento
Durante la instrucción del caso y en los alegatos de la fiscalía se señaló que desde lo más alto de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se utilizó la burocracia estatal para proveer a Santa Cruz “de los fondos, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez, que como particular los recibiría para luego, ya fuera de la esfera pública, el dinero iniciara distintos caminos, entre ellos, un camino de retorno hacia los ex presidentes y sus hijos».
Sobre este tramos de la imputación hay dos aspectos centrales que para la fiscalía no se explicaron en los alegatos de la vicepresidenta y de Báez.
El esquema de beneficios que denunciaron como marco propicio para que el Grupo Austral lograra imponerse en 51 licitaciones viales. En este sentido el Ministerio Público Fiscal entiende que no se respondió cómo logró Báez ganar sistemáticamente esos contratos, incluyo aquellos en los que compitieron tres empresas de su holding “y que nunca fueron objetados”.
Como tampoco se hizo referencia a los cuatro contratos que Báez ganó en 24 horas por más de 413 millones de pesos, “con una celeridad nunca vista”, había sostenido el fiscal Luciani.
“Esquema de beneficios”
La vía administrativa que para los fiscales careció de los respectivos controles refiere también a otros aspectos que según ellos no se explicaron en los alegatos de las defensas: por ejemplo, las planillas presentadas ante el Registro Nacional de Construcciones no se iban actualizando al ritmo de las obras que iba ganando el Grupo. En esa misma dinámica, un mismo representante técnico se presentó en catorce obras en simultáneo.
Junto con estos ítems, se señaló que hubo pagos anticipados que se hicieron bajo una resolución de la Dirección Nacional de Vialidad que se autorizaba en casos extraordinarios o de fuerza mayo: “no se mencionó ni un sólo caso que justifique esos pagos en tales circunstancias”, había remarcado Luciani en su alegato. La defensa de Báez no dijo nada al respecto, sólo añadió que era algo que solicitaban otras empresas pero en lo que refiere al Grupo Austral, “no se explicó cuáles fueron las circunstancias extraordinarias”.
La defensa de Cristina Kirchner no se refirió en ningún momento a las 51 rutas adjudicadas a Austral Construcciones, firma con la que en simultáneo mantuvo millonarios acuerdos comerciales. El abogado Carlos Beraldi enfatizó la vías administrativas a través de las cuales se aprobaron los presupuestos por parte del Congreso, que contemplaban la inversión para los planes de obra pública e infraestructura a nivel nacional.
Respecto a las licitaciones que Báez ganaba, incluso compitiendo contra sí mismo, tampoco hubo respuestas. Ni se hizo referencia a la última obra que le fue adjudicada durante 2015: la pavimentación de cien cuadras en Río Gallegos, obra que aún continúa inconclusa. En ese contrato, según expuso la fiscalía a través de los mensajes del celular de José López, intervino personalmente Máximo Kirchner, que no ocupaba ningún cargo público. El ex secretario de Obras Públicas consultó si el hijo de Cristina ya había decidido dónde iban a proyectarse esas cuadras que terminó ganando Báez.
Sobre ese contrato hubo otra particularidad: el arquitecto de Austral Construcciones fue quien diseñó el proyecto que licitó y financió el Estado nacional. Tampoco se explicaron estas circunstancias. La obra nunca se terminó, al igual que otros 23 contratos.
Obras sin publicitar
Durante la acusación se señaló que el proceso de adjudicación a Báez «configuró una puesta en escena orientada a simular en los papeles una supuesta competencia entre oferentes que en la realidad no existía, lo que permitía, por un lado, cumplir con el requisito de multiplicidad de ofertas y, por el otro, aumentar el costo de la obra vial a través de cotizaciones superiores al presupuesto oficial».
Sobre este ítem, el Ministerio Público Fiscal se refirió a procesos licitatorios simulados. “Lázaro Báez no necesitaba realizar la mejor oferta, iba a ganar sí o sí”, indicó en su momento Luciani al exponer que en más de 43 contratos el dueño del Grupo Austral ofertó siempre un 20% del costo oficial “elevando los valores iniciales de los contratos”.
En algunos casos, Lázaro Báez logró ofertar, con centavos incluidos, la cifra del contrato antes de que el mismo se haga público. Este aspecto no fue replicado por las defensas.
Los acuerdos comerciales
Más de veinte acuerdos comerciales firmó Cristina Kirchner con Austral Construcciones en el mismo período en el que la compañía ganaba contratos viales financiados por el Estado Nacional.
Esos negocios fueron contratos de locación, cesión de un terreno, construcción de edificios para la inmobiliaria Los Sauces SA, propiedad de los Kirchner y posteriores contratos de alquiler, también hubo préstamos por parte de Austral Construcciones para que los ex presidentes puedan comprar Hotesur, la firma hotelera que después alquiló Báez.
Los diversos contratos representaron ingresos por más de 40 millones de pesos para Cristina Kirchner entre 2009 y 2015. Cuando dejó la presidencia de la Nación, declaró un patrimonio de 77 millones de pesos: el 50% del mismo fue garantizado por la constructora que por entonces, ya había sido adjudicataria de 51 contratos viales.
Sobre estos negocios realizados en la órbita privada, el abogado de Cristina sólo dijo “Lázaro era un inquilino, nada más”. La justicia sostiene que estos acuerdos generaron una economía cruzada para confundir el origen de los millonarios patrimonios.
Hay dos números, sin embargo, que la fiscalía resaltó y que en sede judicial sostienen que no fueron explicados durante los alegatos de las defensas: el patrimonio de Báez creció un 12.000% entre 2003 y 2015, mientras que el de Austral Construcciones un 46.000%.
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