Se espera que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra la Defensora Oficial de Tartagal, se expida hoy.
A partir de las 9 continuarán los alegatos en la que se espera sea la última jornada del Jury contra la Defensora Oficial Civil 1 de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz, sobre quien pesan dos graves acusaciones. Lo previsto para hoy son los alegatos del procurador Abel Cornejo como acusador; y de la defensa técnica de Díaz conformada por los letrados Marcelo Arancibia y Marcos Rubinovich.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados recibió ayer el testimonio de Diego Morales, quien se desempeña como secretario en la Defensoría Oficial Civil 1 de Tartagal donde se desempeñaba hasta abril pasado Rosa Fabiola Díaz, suspendida en su cargo desde entonces.
Morales explicó a los miembros del Jury, en forma remota desde la ciudad de Tartagal, el funcionamiento de la defensoría mientras Díaz estaba al frente.
Particularmente se le preguntó si tenía conocimiento sobre la existencia de un armario al cual denominaban internamente «el cementerio» donde una vez suspendida en su cargo Rosa Díaz, el defensor multifuero de Embarcación, Luis Gerardo Veliz, encontró cientos de carpetas sin tramitar.
Morales al explicar sobre la situación dijo que tal armario fue ordenado por la propia defensora Oficial Civil Díaz durante una licencia suya. Estaba ubicado frente a su despacho y lo hizo porque la por entonces defensora general de la Provincia, María Inés Diez, iba a realizar una visita al Distrito.
Se acordó en la audiencia de ayer que hoy se escucharán los alegatos tras lo cual el jurado deliberará para dar a conocer el veredicto. Históricamente, cuando el Jury llega hasta esta instancia, siempre ha destituido al acusado.
Cabe recordar que Rosa Faviola Díaz asumió como defensora Oficial Civil 1 de Tartagal en 2017 durante el gobierno de JUAN MANUEL URTUBEY, quien elevó el pliego de la candidata al Senado para su aprobación, tras un concurso selectivo orgnizado por el Consejo de la Magistratura, en el cual Rosa Díaz había resultado ternada.
Morales, en la audiencia virtual, señaló también que luego de ser suspendida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la defensora Oficial Díaz se presentó en su oficina y le pidió que sacara papeles de su despacho que estaba cerrado. Señaló que cuando ingresó y encontró los papeles que le pedía vio un boleto de compraventa de Jacoba Olarte, lo que le pareció sospechoso por lo que preguntó inmediatamente a Veliz quién le recomendó que expusiera tal situación a la Fiscalía Penal. «Allí me enteré que ella tenía prohibición de ingresar», dijo Morales.
Señaló asimismo que no existía una estrategia para aquellas causas anteriores y atrasadas.
Al inicio de la audiencia de debate de ayer, el presidente del Jurado de Enjuciamiento y presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano anunció que se resolvió girar a la Fiscalía Penal que por turno corresponda las copias exhibidas la semana anterior durante la audiencia por el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, quien dijo que eran pruebas que tenían «tinte ma fioso».
Contra la defensora oficial Díaz pesan dos acusaciones
Ayer, luego del cuarto intermedio del debate, por la tarde se escucharon dos testimonios ofrecidos por la defensa y posteriormente la suspendida defensora oficial Civil 1 de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz, volvió a declarar, tras lo que se procedió a la incorporación de la prueba por pedido de las partes.
En su alegato ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Díaz negó la existencia del “cementerio” de expedientes abandonados, y aseguró que el defensor multifuero de Embarcación, Luis Gerardo Veliz, sabía del atraso en las carpetas sin tramitar y que ella hizo todo lo humanamente posible para llevar justicia a los más vulnerables, trabajando 12 horas por día.
En un intento de victimizarse y justificar su manifiesta inoperancia, Rosa Díaz dijo que nunca se sintió contenida por sus superiores, que el defensor general de la Provincia, PedroGarcía Castiella, nunca la atendió personalmente.
La defensora oficial Civil 1 se encuentra suspendida en sus funciones desde el 28 de abril pasado. Contra ella pesan dos acusaciones: el defensor general de la Provincia, García Castiella, le atribuye las causales de mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. Por su parte, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, acusa a Rosa Fabiola Díaz, en los términos de los artículos 160 y 165 de la Constitución de la Provincia de Salta y 11 de la Ley 7138, imputándole la comisión de delito común, mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.
Además, Rosa Díaz está denunciada junto a su hermana Paola Alejandra Díaz (concejala del municipio Tartagal) por su hermana, Sandra Liliana Díaz, por tener acopiadas en el inmueble de propiedad de su madre fallecida (Blanca Zulema Hurtado) en villa Saavedra de la ciudad de Tartagal, donaciones efectuadas por fundaciones y organizaciones intermedias; las que, además de no ser entregadas a sus destinatarios que eran los miembros de las comunidades wichis del Norte, fueron comercializadas en esa ciudad.
La carátula de esta causa es: “Díaz, Paola Alejandra; Díaz, Rosa Fabiola por administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos – denunciante Díaz, Sandra Liliana”; la misma se tramita en el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal.
Las 403 carpetas abandonadas
Fueron varios y muy duros los testimonios que escuchó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados desde la semana pasada. Personas carentes de recursos, vulnerables económica y socialmente, quienes no tienen otra posibilidad que recurrir a una Defensoría Oficial en la búsqueda de justicia.
Fueron 403 expedientes los que cajoneó o mejor dicho, abandonó en un armario Rosa Fabiola Díaz, en una actitud irresponsable e insensible frente a la pobreza y a la vulnerabilidad social. Es así que muchos, por su desidia, perdieron bienes, afectos, dinero y tiempo, en la espera de resoluciones de casos que nunca se tramitaron. Alivia saber que, históricamente, cuando el enjuiciamiento de un magistrado llega hasta esta instancia, siempre resultó destituido y nunca restituido a su puesto.
¿Se hará justicia?
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