Los abogados de Julio «Chocolate» Rigau, en un nuevo intento legal para evitar que se abra su teléfono celular como parte de la investigación en curso, afirmaron que la pericia podría infringir su derecho a la intimidad y cuestionan la relevancia de los datos en el dispositivo. La fiscal programó la pericia para el viernes, dos días antes de las elecciones.
Julio «Chocolate» Rigau, se encuentra una vez más en el centro de la atención por el recurso legal que interpusieron sus abogados, en un intento por evitar la apertura de su teléfono celular como parte de una investigación en curso.
El recurso se centra en la declaración de la nulidad del secuestro del teléfono de Rigau, lo que podría resultar en una suspensión de la pericia programada para el próximo viernes. Los abogados argumentan que no existen pruebas que demuestren que el teléfono se utilizó para cometer delitos relacionados con las tarjetas de débito secuestradas, lo que plantea la pregunta sobre la relevancia de los datos en el dispositivo.
El argumento presentado por la defensa de Rigau es que la apertura del teléfono podría infringir su derecho a la intimidad, un derecho garantizado por la Constitución Nacional. Argumentan que no hay justificación constitucional ni investigativa para justificar el secuestro o la apertura del dispositivo.
La fiscal Betina Lacki programó la pericia del teléfono para el viernes, dos días antes de las elecciones, lo que aumenta la tensión en el caso. La fiscal busca realizar un análisis completo del contenido del dispositivo, incluyendo la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes, así como cualquier otro dato relevante para la investigación.
La historia legal del caso fue una montaña rusa, con suspensiones previas y la reapertura de la investigación por parte de la Cámara de Casación. Esto llevó a la detención de Rigau, quien se entregó a la policía después de que se reactivara la investigación, su defensa interpuso un pedido de excarcelación argumentando que no tiene antecedentes penales y que no representa un riesgo de fuga.
En el desarrollo de la investigación, se espera que los dueños de las 49 tarjetas de débito secuestradas en el Banco Provincia declaren nuevamente. La mayoría de ellos afirmaron que entregaron voluntariamente sus tarjetas a Rigau, lo que ha sido utilizado en su defensa.
La fiscal aún espera una respuesta de la Cámara de Diputados bonaerense para obtener detalles sobre el proceso de contratación de las personas involucradas en el caso y otras personas mencionadas en documentos relacionados con Rigau.
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