Sostienen que si la Cámara de Casación Penal anula sus testimonios quedarán expuestos ya que habían negociado hablar a cambio de una morigeración de penas.
Habían pasado doce meses desde que inició la causa conocida como los cuadernos de las coimas, cuando el juez Claudio Bonadio dio por corroborados los dichos de los 31 imputados colaboradores del expediente. Asimismo, señaló que sus aportes fueron «sustanciales» para confirmar la existencia de una «estructura delictiva» que se dedicó al cobro de «fondos ilegales». El debate no cesó y el kirchnerismo llegó hasta la Cámara de Casación para plantear que la normativa es inconstitucional y como consecuencia directa, los testimonios de los colaboradores no tendrían valor como tal. El pedido siguiente, fue anular la investigación.
La situación trajo inseguridad y temor en muchos arrepentidos que están expectantes por el fallo de Casación que podría cambiarles las reglas de juego.
«Habiendo analizado lo expuesto por cada uno de los imputados colaboradores y los aspectos de sus testimonios que pudieron ser corroborados mediante la prueba realizada, podemos afirmar que sus testimonios posibilitaron lograr un significativo avance en la investigación llevada a cabo en la presente causa y sus conexas», afirmó el año pasado Bonadio en sus conclusiones. Este planteo tuvo el aval de la Cámara federal porteña, más específicamente de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia -a quienes buscó desplazar el kirchnerismo-. Fueron ellos quienes señalaron que fue correcto el uso de la Ley del Arrepentido, que los testimonios fueron corroborados y que sus aportes contribuyeron al caso.
Todo comenzó el 1 de agosto de 2018, con ocho cuadernos escritos a mano por Oscar Centeno, ex chofer del asesor y mano derecha de Julio De Vido, Roberto Baratta. Las puntillosas anotaciones de Centeno, quien durante doce años consignó minuto a minuto sus viajes para recolectar sobornos, se expandieron en la justicia hasta niveles impensados para los investigadores: la causa tiene 172 personas procesadas, de las cuales 71 ya fueron confirmadas por la Cámara Federal y están listas para el juicio oral. Del total de procesados se puede hacer otro desglose: hay 136 empresarios, 22 exfuncionarios y 14 testaferros. No es todo: entre aquellos 172 procesados hay 31 “arrepentidos”.
La causa principal -elevada a juicio oral en septiembre de 2019- avanzó gracias a una herramienta clave: la ley del «imputado colaborador», más conocida como «ley del arrepentido», aprobado por el Congreso en 2017 sólo había sido utilizado en dos causas por corrupción de repercusión mediática, la «ruta del dinero K» -con el testimonio de Leonardo Fariña- y el caso Ciccone, con la confesión del testaferro de Amado Boudou Alejandro Vanderbroele.
Poniendo bajo sospecha cómo fueron tomadas las confesiones de los 31 arrepentidos, y la aplicación de la Ley -como su constitucionalidad-, las defensas de varios ex funcionarios buscan hacer tambalear el principal expediente de corrupción que tiene a Cristina Kirchner acusada de ser jefe de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Para los abogados de muchos de los acusados, esos acuerdos fueron nulos porque no fueron debidamente registrados y porque se celebraron bajo la presión a los imputados de que si no decían lo que la fiscalía quería escuchar no recuperarían su libertad.
La situación que podría derivar en una declaración de inconstitucionalidad por parte del máximo tribunal penal, puso en alerta a mucho de los arrepentidos. Algunos de los que decidieron convertirse en imputados colaboradores, se reunieron con sus abogados estos días para analizar los posibles escenarios. El asesor letrado de uno de los principales empresarios, indicó a Clarín que «hay mucha ansiedad» por el el fallo de Casación. «Hay muchas variables y pocas certezas de lo que puede pasar», agregó
Si los integrantes de Sala I de la Casación consideran, tal como sostienen algunos abogados defensores como el de Julio De Vido, que la normativa se aplicó mal, que la misma es inconstitucional, los 31 imputados colaboradores del caso, dejarán de tener dicho status. Así, sus declaraciones bajo juramento «perderían eficacia y existencia procesal», explicó el abogado de un ex funcionario kirchnerista. Será el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) quien defina cómo quedarán los imputados colaboradores en la causa.
En ese nuevo escenario, se caen los acuerdos de colaboración y ante una eventual condena, los «arrepentidos» perderán toda posibilidad de mejorar su situación ya que todos ellos confesaron haber sido parte «de una maniobra delictiva que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales», sostiene la acusación.
Desde la defensa de Víctor Manzanares, ex contador de los Kirchner, manifestaron su preocupación ante la situación. «Es de una gran inseguridad jurídica lo que está sucediendo. De saber que esto podía ocurrir no hubiéramos aconsejados a nuestro defendidos acogerse a la ley del imputado colaborador», dijo.
El primer arrepentido que dejaría de serlo, es el propio Oscar Centeno en caso de que se declare inconstitucional la ley. «Su situación es delicada porque además es imputado protegido, con un domicilio secreto, custodia permanente y esto le genera intranquilidad como ansiedad sobre qué sucederá», indicaron fuentes judiciales a Clarín.
La situación de 31 imputados colaboradores dependerá de la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por la jueza Ana María Figueroa y los magistrados Daniel y Petrone Diego Barroetaveña, cuyos plazos ordenatorios vencen este viernes, y ya se encontrarían en condiciones de expedirse al respecto.
¿Puede la causa caer? Desde la fiscalía de Carlos Stornelli en su oportunidad sostuvieron que los testimonios “no son la única prueba que hay en la causa”, fueron «disparadores para otras medidas de pruebas», se indicó cuando se dio por corroborados los dichos de los arrepentidos, entre los que están José López (ex secretario de Obras Públicas), Víctor Manzanares (ex contador de los Kirchner), Carlo Wagner (ex titular de la Cámara de la Construcción), Ángelo Calcaterra (ex dueño de IECSA y primo de Mauricio Macri), entre otros.
Principales arrepentidos
El primer arrepentido que la causa de los cuadernos tuvo fue el chofer Oscar Centeno, quien en la audiencia corroboró que los cuadernos habían sido escritos por él y ratificó su contenido. En sus páginas contaba encuentros en los que Baratta retiraba de distintos lugares de la ciudad bolsos, mochilas, valijas y bolsas con dinero que era cobrado a empresarios del área energética, de la obra pública y del sistema de transporte en concepto de coimas. Carlos Wagner, el ex titular de la Cámara de la Construcción, fue el primer empresario en revelar la existencia de una estructura de negociados que bajó desde Planificación Federal, estableciendo porcentajes de coimas en función de los contratos otorgados. Junto a esta confesión, se evaluó la de otro ex titular de la Cámara, Juan Chediak, que refirió al sistema de cartelización.
Otro testimonio clave fue el de José López, el primer ex funcionario de peso que aceptó acogerse a la figura del imputado colaborador, que contó cómo le cobraban a los empresarios los sobornos y cuál el rol de la ex Presidenta, a quien señaló como “conocedora de los hechos”. “¿Vas a hacer parte del problema o de la solución?”, le preguntó Cristina Kirchner en la quinta de Olivos después del fallecimiento de Néstor Kirchner. En su confesión, el ex secretario de Obras Públicos dijo que en su mano la senadora tenía un cuaderno donde se detallaba -de puño y letra del ex Presidente-, porcentajes de coimas, empresas, montos y obras.
El ex funcionario y allegado a Julio De Vido Claudio Uberti fue otro de los arrepentidos importantes que integra el «cuarteto». Contó de las órdenes que recibía del ex ministro para arreglar con empresarios, a quienes se les otorgaba la concesión de peajes, y las indicaciones que descendían por parte de Néstor Kirchner. Pero además agregó información sobre los movimientos de bolsos con dinero que realizó Daniel Muñoz, contó dónde se guardaba ese dinero en Río Gallegos y los viajes a Santa Cruz en la flota presidencial.
Del entorno de los Kirchner pero sin ocupar un cargo en la función pública, la lista de 31 imputados colaboradores también contó con la palabra de Víctor Manzanares, ex contador de la senadora que declaró sobre movimientos de dinero del ex matrimonio presidencial, sus negociados en el rubro hotelero y cómo Muñoz guardaba dinero en el sur.
Por fuera de este círculo, pero que corroboró lo que contó Wagner, se ponderó entre los más importantes el testimonio del financista Ernesto Clarens. Sus aportes “explicaron la pata financiera de partes de las operaciones y, sobre todo, lo vinculado a las maniobras de Muñoz en el exterior» y «la cartelización en la obra pública, las empresas intervinientes y cómo se realizaban los pagos».
Otros testimonios considerados como relevantes, fueron los generados en el marco del tramo por lavado de dinero que se centró en las operaciones de Daniel Muñoz (ex secretario de Néstor Kirchner) en el exterior. Sergio Todisco, Carlos Cortez y Carolina Pochetti fueron los tres principales arrepentidos, que permitieron configurar «la ruta de fondos, las 15 sociedades constituidas para adquirir 17 inmuebles entre Miami y Nueva York por 70 millones de dólares», señalaron fuentes judiciales.
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