La fiscal Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, imputó provisionalmente por tres hechos de desobediencia judicial al fiscal general federal, Francisco Snopek, que enfrenta una causa por violencia contra policías que llegaron a su casa una noche en que habría agredido a su esposa.
El magistrado quedó involucrado en un violento episodio el 23 de mayo pasado. Ese día, varios efectivos acudieron a su casa por un llamado al 911 y la esposa del fiscal contó que la sometía a violencia de género. Si bien la mujer no se animó a iniciar acciones legales, se abrió una causa por el hecho. Además, los efectivos denunciaron que, ofuscado, el magistrado los agredió verbalmente, los amenazó y que luego no los dejaba salir de la vivienda, por lo que lo denunciaron por privación ilegítima de la libertad.
Sodero imputó a Snopek por tres hechos de desobediencia judicial. El primero de ellos fue denunciado por el «Programa Piloto de Coordinación de Parentalidad”, desde donde comunicaron que el fiscal general federal se presentó junto a su expareja y el hijo que tienen en común, estando aún vigente una prohibición de acercamiento a la víctima dispuesta por la jueza de Violencia Familiar y de Género N.º 3 , María Carolina Cáseres Moreno. El funcionario debía «mantener a una distancia de 200 metros, al domicilio particular y/o a los lugares donde esta concurra y de ingresar al domicilio”
El funcionario fue informado días atrás de la imputación y fue citado el viernes 18 de noviembre a la Fiscalía Penal 2 de Violencia Familiar y de Género para la lectura formal del decreto y para prestar declaración. Sin embargo, el fiscal no concurrió a la audiencia y presentó un certificado psiquiátrico.
El segundo hecho de desobediencia judicial que la fiscal Sodero le imputa al Fiscal General es la falta de acreditación, mediante constancia, de la realización de tratamiento psicológico por su adicción al alcohol, tal como le fuera ordenado por el Juzgado VIF el 16 de septiembre pasado.
Por último, la fiscal Penal 2 de Violencia Familiar y de Género le imputa desobediencia judicial ya que el 15 de julio y 11 de agosto, el fiscal general se puso en contacto con un empleado del Poder Judicial a fin de averiguar qué acciones legales estaría llevando adelante una defensora oficial que lo denunció por acoso laboral y violencia de género en el ámbito de trabajo, pese a que la jueza de Violencia Familiar y de Género, María Carolina Cáceres Moreno, le había impuesto medidas de restricción.
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