El juez federal, Leopoldo Rago Gallo, reunió las pruebas contra los tres imputados por el delito de trata laboral.
En el entramado del delito de trata laboral, los bolivianos Ricardo Guzmán Cruz y Flora Choque Villalobos, su esposa, fueron los que albergaron a al menos 11 trabajadores salteños en un predio de su propiedad bajo pésimas condiciones habitacionales.
Esto sucedió en una finca de Media Agua, en Sarmiento provincia de San Juan. Los salteños fueron engañados en el monto que les iban a pagar y resultaron explotados en la cosecha de aceituna.
El matrimonio no actuó en soledad, ya que contó con la colaboración de Iván Alberto Herrera, quien captó a los obreros en la provincia norteña y les ofreció el trabajo.
Luego de reunir todas las pruebas, el juez federal Leopoldo Rago Gallo llegó a esa conclusión y procesó a los tres implicados como presuntos coautores de trata de personas, agravada por la cantidad y la situación de vulnerabilidad de las víctimas, sumado a que entendió que se consumó la explotación.
La resolución trascendió ayer y el procesamiento contra los imputados salió sin prisión preventiva. Los delitos que les endilgan son pesados, al punto de que, por el agravante de la consumación de la explotación, las penas van de ocho a 12 años de cárcel.
Se trata del segundo caso de trata laboral en un estado avanzado de investigación, ya que el primero está a punto de ventilarse en un juicio oral y público.
El caso estalló el pasado 9 de marzo, luego de que una de las trabajadoras se escapara del predio ubicado en calle Eugenio Varas 294, Villa Güell, en Media Agua, y radicara la denuncia en la Comisaría Nº8.
La mujer expuso las deplorables condiciones en las que vivía y luego se sumó el testimonio de su pareja y otros obreros.
De acuerdo al expediente, Herrera fue el que contactó a los trabajadores en la localidad de San Ramón de la Nueva Orán, Salta. El joven de 24 años es oriundo de la provincia del Norte y no es la primera vez que trabaja en San Juan, por lo que les ofreció la oportunidad en la cosecha de aceituna, bajo la promesa de traslado y alojamiento gratuito y un salario de 200 pesos por cajón.
Sin embargo, cuando llegaron a Media Agua, los trabajadores fueron sometidos a «precarias y deplorables condiciones de habitabilidad» en el inmueble de propiedad de Guzmán Cruz y Choque Villalobos.
Según la resolución, el matrimonio impartía las órdenes sobre el trabajo y el alojamiento. Así, de acuerdo a las pruebas, les reclamaron el pago de la estadía en San Juan, al igual que los pasajes de traslado desde Salta.
Para asegurarse el cobro, les retuvieron los DNI. Además, les indicaron que tenían que conseguir su propia comida y agua. No fue lo único, sino que no les entregaron herramientas de trabajo y, las pocas que les suministraron, les aclararon que, si las rompían, se las iban a descontar de la paga.
Con respecto a ese punto, les aclararon que serían 150 pesos por cajón y no 200, aunque nunca cobraron por lo trabajado. También fueron sometidos a extensas jornadas laborales, sin horas ni días de descanso.
Con todos esos elementos, Rago Gallo dio por probada la figura de trata laboral, ya que destacó que Guzmán y Choque «acogieron» a los trabajadores con fines de explotación comercial.
El primero, además, era el que los trasladaba hacia la finca San Juan Del Sol y fue un «beneficiario económico», dado que obtenía el 5 por ciento de cada caja por trabajador.
Claudio Vera, abogado de Herrera, explicó que su intención es ir a juicio y demostrar la inocencia de su cliente, dado que «viajó desde Salta con amigos, vecinos y parientes que estaban en las mismas condiciones».
Cerca del juicio
Fuentes judiciales señalaron que el primer caso de trata laboral se llevará adelante en el segundo semestre de este año en el Tribunal Oral Federal, bajo la presidencia de Eliana Rattá.
Los acusados son el productor Jorge Carrascosa y el cuadrillero Julio Córdoba. El primero está en la mira por explotar laboralmente a unos 25 trabajadores golondrinas de Tucumán y someterlos a pésimas condiciones de empleo y alojamiento en dos fincas y una casa de su propiedad.
El segundo se encuentra bajo la sospecha de ser el encargado de captar a seis de esas víctimas y trasladarlas a San Juan a través de engaños. El caso estalló el 18 de noviembre de 2014 tras operativos en Albardón.
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