A pesar de que primeramente se le fue denegada esa acción, habría logrado su cometido tras la intervención de un funcionario público, en este caso Ángel Sarmiento, director general de Políticas Penales del Ministerio de Seguridad; sin embargo la justicia descree de sus dichos.
Posteriormente a esa visita, en menos de dos semanas, Díaz fue trasladado al penal de Villa Las Rosas, en esta ciudad. Aún se desconocen más detalle de las razones de la derivación, sin embargo, lo que más generó curiosidad es de que hablaron Monges y el sicario, y si eso tiene relación con el posterior homicidio.
Los principales interrogantes apuntaron a cómo pudo Monges superar los controles del Servicio Penitenciario de la Provincia para acceder a Díaz. En vista de ello, las miradas se dirigieron a los funcionarios de la cárcel de Orán, quienes salvaron su pellejo al dar intervención en la autorización a un funcionario de mayor rango, en este caso Ángel Sarmiento.
Este, en la misma entrevista radial por la cual se pidió que se inicie una causa penal por entorpecer la investigación penal del caso, explicó que había recibido un llamado del Secretario de Seguridad, en ese entonces, Benjamín Cruz, quien le solicitó si podía concretarse la entrevista entre Monges y Díaz.
Sostuvo que, en virtud de ese llamado, es que accedió a que se lleve a cabo la visita de Monges y el sicario. Para la fiscalía, sin embargo, esto no sería del todo así, pues en el oficio remitido el viernes pasado, y al cual este medio accedió, se afirma que dicha entrevista “se habría producido previa autorización del propio Sarmiento”.
Facultades
En este punto, el escrito remitido por el fiscal Rodrigo González Miralpeix a su par de la Fiscalía Penal 1, a cargo del fiscal Pablo Paz, indica que acompaña una serie de instrumentos, entiéndase como pruebas o evidencias, que llevan a la fiscalía a concluir la posible comisión delictiva de Sarmiento.
El convencimiento del fiscal llega a tal punto, que directamente sugiere que la conducta del funcionario podría ser pasible de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, puesto que, en sus facultades, no estaba obligado a autorizar tal encuentro.
Al respecto, se planteó un análisis de la escala jerárquica entre Sarmiento y Cruz, la que también se puede apreciar del mismo organigrama del Ministerio de Seguridad, en el cual ambos funcionarios tenían el mismo rango, o sea, que ninguno estaba por encima del otro ni tampoco compartían competencia funcional.
Al margen de ello, según fuentes judiciales, por más que haya existido una orden, ya sea de otro funcionario del mismo rango o superior aún, nada obligaba a Sarmiento a incurrir en un accionar ilícito o, al menos, irregular, sino su deber era impedirlo y denunciar tal situación, lo que nunca sucedió.
Cargando ...
Agregue un Comentario