La actividad delictiva, de la que fueron rescatadas siete víctimas, se llevaba a cabo en dos inmuebles, uno de los cuales había sido decomisado como parte de una condena recaída a sus dueños por el mismo delito.
La acusación fue instada por el fiscal general Eduardo José Villalba, quien lleva adelante la investigación, en la cual ahora se encuentran imputadas Rita Vaca y Cándida Isabel Martínez, aunque no se descarta que existan otros implicados más en el hecho.
Al presentar el caso, el fiscal reveló que las pesquisas se iniciaron tras recibir una denuncia verbal que daba cuenta de la actividad ilícita, la que se llevaba adelante en un sector de un inmueble ubicado en calle Astigueta al 600, ubicado a pocas cuadras del centro de la ciudad.
El inmueble, según aclaró el representante del Ministerio Público Fiscal, es el mismo que fue decomisado el 14 de enero pasado, en el marco de una condena dictada por el juez Alejandro Augusto Castellanos, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, al homologar un acuerdo de juicio abreviado acordado por el mismo fiscal Villalba y recaído sobre los dueños de la vivienda.
Al respecto, señaló que dicha condena se dictó a raíz de una investigación abierta por el mismo delito ahora imputado a Vaca y Martínez, aunque en aquella ocasión se lo achacó a los dueños de la casa, en la que habían montado un prostíbulo.
En el acuerdo condenatorio, la fiscalía logró de manera inédita el decomiso del inmueble, el cual fue entregado al Estado Nacional, siendo luego cedido al Ministerio de Desarrollo Social de Salta, el que, a su vez, entregó un sector del inmueble a la fundación “Volviendo a Casa”, la que lleva adelante talleres y actividades de concientización sobre el delito de trata de personas.
El resto de la propiedad, en tanto, quedó como albergue de las numerosas víctimas que fueron rescatadas, las que con el correr del tiempo emigraron con excepción de dos de ellas, Vaca y Martínez, a quienes se les permitió quedarse dado que por los efectos de la pandemia del COVID no pudieron conseguir otra vivienda.
Asimismo, se dispuso la firma de un acta, mediante la “cual se comprometieron a no incurrir en esta clase de actividad delictiva”. Esto sin embargo no sucedió, pues las dos acusadas, que habían señalado que se dedicaban a la prostitución, en realidad “su tarea era la de recaudar”.
La investigación
Todo esto, aclaró el fiscal, se pudo establecer gracias a un prolijo trabajo de personas de la División de Trata de la Policía de la Provincia, la que recopiló suficiente material probatorio en base a tareas de campo e inteligencia.
Como consecuencia de ello, este miércoles y por pedido de la fiscalía, se llevó adelante el allanamiento de dicho sector de la vivienda, como así también de otra casa ubicada en la esquina, a pocos metros. Como resultado, siete víctimas fueron rescatadas y se detuvo a las dos imputadas.
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