Se complicó la situación de Alejo Gallardo y Romelia Durán, el actual y la expresidenta .También está acusado el vocal Samuel Centeno. Notificaron a la Fiscalía de Estado.
El escándalo que sacude al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis) parece no tener fin. Ahora la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, tomó la decisión de imputar a tres autoridades de la institución por fraude a la Provincia, según publicó El Tribuno.
Entre los acusados se encuentran Romelia Beatriz Durán (representante pueblo Toba), Alejo Gallardo (Chulupí) y Samuel Guillermo Centeno (Chorote), presidente y vocales, respectivamente durante el período del 2017.
En el Ippis hubo elecciones en enero de este año, sin embargo no hubo un recambio profundo. Solo cambiaron algunos nombres en los puestos directivos. En la actualidad el presidente de la institución es Alejo Gallardo, mientras que Romelia Durán y Guillermo Centeno son vocales.
Según consta en el documento al que accedió El Tribuno, las autoridades del Ippis y representantes de los pueblos originarios fueron imputados por peculado y fraude a la Administración Pública.
El 9 de mayo, la fiscal de Estado, Pamela Calletti, recibió una notificación enviada por la fiscal penal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, quien atiende la causa del Ippis.
«Se cursa la presente cédula de notificación a fin de poner en su conocimiento que esta Unidad de Delitos Económicos Complejos, mediante providencia 7 de mayo de 2019, decretó la citación a la audiencia imputativa de Romelia Beatriz Durán, Alejo Gallardo y Samuel Guillermo Centeno, en calidad de coautores del delito de peculado, calificando subsidiariamente el hecho atribuido de fraude a la Administración Pública», plasma la notificación.
Afectación al erario
Poma le hizo conocer a Calletti que, ante la posible existencia de un «detrimento patrimonial del erario provincial», corresponde darle intervención a la Fiscalía de Estado a su cargo a los fines de su constitución en actor civil.
La fiscal Poma tuvo que notificar a Calletti porque la normativa así lo indica. Según el Código Procesal Penal (CPP) de Salta, en su artículo 106, expresa que cuando «en un primer momento apareciera la Provincia como damnificada, se notificará de la existencia del proceso al fiscal de Estado o su representante legal, a fin de que exprese si se constituirá en actor civil».
Legislación
Según lo que expresa el artículo 118 del Código Procesal Penal, con la constitución de actor civil podrá tener lugar en cualquier estado de la investigación penal preparatoria, hasta que el fiscal solicite la remisión de la causa a juicio.
Un mes después de elegir autoridades se produjo la intervención del Ippis, aunque solo del área contable. La Comisión Interventora, a cargo de Ramiro Chávez, Adriana Cantarero y José Campos, hizo una ampliación a la denuncia en la que solicita la investigación por posibles delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
En la mencionada presentación, a la que pudo acceder este medio, los interventores del organismo señalan que un día antes de la intervención administrativa del Ippis se emitieron 36 cheques por un total de $1,8 millones ($50 mil cada uno). Lo llamativo es que entre algunos de los beneficiarios aparecen presidentes y vocales de la anterior y actual gestión.
La presidenta del Ippis de ese entonces y actual vocal, Romelia Beatriz Durán, figura como beneficiaria de 23 cheques, según consta en el documento al que accedió El Tribuno, en aquel entonces.
Investigación
Ante el tendal de irregularidades detectadas en estos dos meses, la comisión interventora del Ippis amplió con cuatro denuncias la actuación en curso bajo la denominación 09/19.
Tres presentaciones se hicieron por la emisión compulsiva de cheques y la cuarta, por deudas originadas por la construcción de viviendas. Solo pagaron 200 mil pesos por una obra cuando el monto total era de 700 mil pesos.
Los cheques que tenían como destinataria a la expresidenta del Ippis en ese momento «terminaron siendo cobrados por otra persona, quien figura repetidamente en el listado que presentaron», indica la denuncia presentada ante el Ministerio Público.
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