El gobernador chubutense ponderó que hubo un “cambio de actitud” en el Ejecutivo y que el próximo jueves en la reunión de gobernadores se terminarán de disipar las diferencias para promover la nueva ley.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue entrevistado en la pantalla de LN+ y adelantó que apoyará el nuevo tratamiento de la ley ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei y que sería enviada a la Cámara Baja en las próximas semanas. “Por lo menos creo que esta ley contempla los puntos que más consenso generaban”, dijo y agregó: “Soy optimista”.
En ese sentido, el mandatario provincial de Pro, que mantuvo fuertes cruces con el Presidente por la quita de fondos coparticipables, consideró que hubo un “cambio de actitud” en el Ejecutivo y que por eso ahora el diálogo es más fluido. “Puede haber algún dilema con el capítulo fiscal, específicamente con retrotraer Ganancias, o algún nuevo tributo progresivo que no impacte de manera tan cruda en los trabajadores. Pero en el resto hay un amplio consenso”, indicó.
De la misma forma, descartó que exista un borrador oficial de la nueva Ley Bases, y aclaró: “El diálogo sigue abierto. Cuando uno está en el Ejecutivo hay que despojarse de prejuicios. Hay que terminar con el ‘‘ellos’ y el ‘nosotros’. Hay que gobernar para todos”.
También, consultado sobre su posición con respeto al llamado al Pacto de Mayo por parte de Milei, Torres explicó: “Me parece importante desde lo simbólico. Una especie de Pacto de la Moncloa. Barajar y dar de nuevo con premisas que nadie pude estar en contra”.
Sin embargo analizó: “Muchos de los puntos son redundantes porque están en la Constitución. Hay que llegar con un trabajo sabiendo la letra fina. Es necesario, no solo con el Presidente, un pacto federal que tiene que surgir de las provincias también”.
Por último, se refirió a la eliminación por DNU de los giros que la Anses le realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación. Dijo que solo judicializaría el tema si el Gobierno actualiza los montos que adeuda a valor histórico y no corriente. “Hay que diferenciar: es dinero de los jubilados, no de los gobernadores o las provincias. Es producto de un pacto fiscal de 2017. Además, firmamos un acuerdo con el Gobierno cuando Osvaldo Giordano estaba en la Anses, donde se manifestaba que se iba a abonar el déficit después de las auditorias que ya se hicieron. El compromiso de nuestro lado está asumido”.
“El hecho de judicializar un tema no es contra el Gobierno, sino defendiendo a los jubilados en un marco de una ley. La ley la tienen que cumplir todos, y en este caso establece que el monto tiene que actualizarse al momento en el que se actualice”.
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