José Miguel Vivanco, miembro de esta entidad dedicada a la defensa, investigación y promoción de derechos humanos, criticó la abstención de la Argentina en la OEA durante la votación contra Ortega por detener a dirigentes políticos
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), criticó duramente la decisión de las autoridades argentinas y mexicanas de abstenerse de condenar, en la Organización de Estados Americanos (OEA), la ola de arrestos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. “Es una vergüenza”, sentenció el representante de dicha organización, dedicada a la defensa, investigación y promoción de derechos humanos.
En diálogo con el canal internacional de noticias NTN 24, este abogado -experto en América Latina- profundizó su postura al decir que se trata de “dos democracias latinoamericanas muy importantes que se abstienen de condenar un hecho que, evidentemente, constituye una violación a los derechos humanos y también a las reglas más elementales de la democracia representativa”.
La situación de Nicaragua se debatió en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA y allí se aprobó una resolución para “la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de todos los presos políticos”. Esta postura recibió el apoyó de 26 naciones, cinco abstenciones –a la Argentina y México, se sumaron Honduras, Belice y Dominica– y solo tuvo tres votos en contra: Bolivia, San Vicente y Granadinas, y Nicaragua, que rechazó enérgicamente la intervención del organismo multilateral y acusó a Estados Unidos de liderar una “política intervencionista”.
En línea con este punto, en su reflexión sobre la Argentina y México, Vivanco remarcó que estas naciones “invocan el principio de la no injerencia para justiciar su posición”. Esto se debe a que, tras abstenerse, desde la cancillería argentina -conducida por Felipe Solá- emitieron un comunicado donde explicaron que optaron por no acompañar el proyecto del Consejo Permanente por la inconveniencia de “imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales”.
Presos políticos y poder concentrado
De todos modos, para él, “lo más escandoloso es que aludan a una aparente existencia de instituciones democráticas en Nicaragua”. Y, sobre esto, aclaró: “Cualquiera que esté mínimamente al tanto de lo que ocurre allí es consciente de que Ortega y su señora, [Rosario] Murillo (vicepresidenta de esta nación), concentran el poder en sus manos”.
Según Vivanco, esta pareja controla el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía y el Ejército; lo que -advirtió- les permite “fabricar un caso y detener a cualquiera sin respetar ninguna regla del debido proceso”.
La OEA justificó la condena a Nicaragua en el “reciente deterioro del entorno político y la situación de los Derechos Humanos, incluyendo el abuso de leyes y acciones para intimidar y amenazar a los miembros de la oposición y de la prensa”. Además, la Organización puso en duda el proceso electoral de ese país.
Con al menos 16 opositores detenidos -entre ellos, un importante banquero- la situación en Nicaragua se deteriora. El presidente Daniel Ortega ordenó el miércoles la detención del banquero Luis Anduray, gerente general del Banco de la Producción, miembro de un importante consorcio.
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