Google aceptó pagar 391.5 millones de dólares por sus prácticas de seguimiento de ubicación relacionadas con la configuración de la cuenta, que exigían los fiscales de 40 estados de Estados Unidos.
El acuerdo ha sido calificado por los fiscales como el mayor pago en la historia de Estados Unidos por parte de una entidad privada, ante una demanda presentada por varios estados.
Según un comunicado de la fiscalía general de Connecticut, Google recopiló información sobre la ubicación de consumidores que expresamente habían pedido que no lo hiciera.
«Nuestra investigación encontró que Google continuó recopilando esta información personal incluso después de que los consumidores le dijeran que no lo hiciera. Esa es una invasión inaceptable de la privacidad del consumidor y una violación de la ley estatal», escribió el fiscal general de ese estado, William Tong.
Los fiscales subrayaron que «los datos de ubicación se encuentran entre la información personal más sensible y valiosa que recopila Google, y hay muchas razones por las que un consumidor puede optar por no aceptar el seguimiento».
La nota resalta que solo con una «cantidad limitada de datos de ubicación» se puede conocer «la identidad y las rutinas de una persona y usarse para inferir detalles personales».
«Google utiliza estos datos para crear perfiles de usuario detallados y orientar anuncios a los consumidores en nombre de sus clientes publicitarios», recoge el comunicado.
«Durante años, Google ha priorizado las ganancias sobre la privacidad de sus usuarios», dijo, por su parte, la fiscal general de Oregón, Ellen Rosenblum, en otro comunicado.
La investigación arrancó en 2018 después de que la agencia estadounidense AP revelara que Google continuaba registrando los movimientos de los usuarios incluso después de que estos le pidieran explícitamente que dejara de hacerlo.
Y determinó que «Google violó las leyes estatales de protección al consumidor al engañar a los consumidores sobre sus prácticas de rastreo de ubicación desde al menos 2014».
Además de pagar la sanción, que evita que el caso llegue a juicio, Google también se ha comprometido a ser más transparente sobre el seguimiento de la ubicación de los usuarios.
En concreto, Google deberá mostrar información adicional a los usuarios siempre que activen o desactiven una configuración de cuenta relacionada con la ubicación; la información clave sobre el seguimiento de la ubicación no estará oculta para los usuarios y proporcionará explicaciones a través de una web sobre los tipos de datos de ubicación que recopila y cómo se utilizan.
No es la primera vez que la empresa tiene problemas con la privacidad de usuarios. En agosto tuvo que desmentir la recolección de datos de menores de edad.
Ley contra el abuso de las big tech
Mientras tanto, en Europa también las leyes intentan limitar a las Big Tech. La ley europea de mercados digitales, que fija nuevas normas antimonopolio para las grandes plataformas de internet, entra en vigor a principios de noviembre con el objetivo de combatir el abuso de poder de gigantes como Google, Amazon, Facebook o Apple.
Sus disposiciones, no obstante, comenzarán a aplicarse en seis meses, a partir del 2 de mayo de 2023 o a más tardar el 3 de julio del próximo año, precisó la Comisión Europea en un comunicado.
El objetivo de la normativa, propuesta en 2020, es poner fin a las prácticas desleales de las plataformas digitales que sirven de enlace entre las empresas y los consumidores.
La ley fija obligaciones previas en materia de libre competencia que las tecnológicas deberán cumplir antes de que Bruselas las investigue y que inciden precisamente en las prácticas por las que en los últimos años las ha multado y las ha llevado ante la Justicia europea.
Así, les prohíbe combinar los datos personales que adquieren de los usuarios a través de los múltiples servicios que ofrecen, por ejemplo, que Facebook cruce la información que obtiene de su red social con la del servicio de mensajería WhatsApp, a no ser que exista un consentimiento previo.
También tendrán que dar acceso a las empresas a los datos generados por sus clientes, permitir que los usuarios puedan desinstalar las aplicaciones que vienen por defecto en los dispositivos móviles o se prohibirá a las tecnológicas favorecer sus propios servicios frente a los de la competencia.
Requisitos que tendrán que cumplir todas las empresas con 45 millones de usuarios mensuales y más de 10.000 usuarios empresariales al año.
En caso de que las plataformas incumplan estos requisitos de forma reiterada, la Comisión podrá imponerles multas de hasta el 20 de este mes.
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