La titular de la Fiscalía de Derechos Humanos Verónica Simesen de Bielke cuestionó las supuestas nuevas restricciones que tendrán los candidatos y aspirantes.
El Proyecto de Ley para una Ficha Limpia en los candidatos y funcionarios del Poder Ejecutivo fue presentado con bombos y platillos por algunos diputados, pero con algunos rechazos. En sí, la ley busca establecer nuevas restricciones para impedir que aquellos condenados por hechos de corrupción puedan alcanzar un puesto en la función pública.
«Vergonzoso el tratamiento de Ficha Limpia en Salta», disparó Verónica Simesen de Bielke y se preguntó «¿Condena de 2da instancia?».
«Creo q el proyecto tendría q tender a q aquellos que se presenten a cargos electivos no tengan ninguna causa penal, eso aceleraría los tiempos judiciales», señaló la fiscal. «Si en la primera hay absolución y en la segunda condena, todavía queda la Corte. Si en la primera hay condena y en la segunda absolución, queda la Corte de nuevo. Si ambas sentencias de 1 y 2 instancia son condena, ahí estaría», explicó.
Cabe recordar que en nuestra provincia no se han visto muchas condenas por hechos de corrupción. Personajes de la política local se pasean por el Poder Judicial mientras las causas caen en el embotellamiento eterno hasta su prescripción o nulidad. Simesen de Bielke, fue quien imputó y pidió la prisión preventiva del ex intendente Manuel Cornejo, quien en una sola visita logró que todo siga como si nada.
Por aquel entonces, la fiscal de Derechos Humanos declaró: «Quienes cometen delitos de corrupción no van presos en este país» y sobre el caso Cornejo remató «no tengo esperanza que exista una condena firme».
A la fecha, procesos que parecían avanzar contra ex intendentes siguen sin avances concretos. A modo de ejemplo tomemos el caso de Julio Jalit, ex intendente de Pichanal, en el cual los informes brindados por la auditoría son escandalosos, pero a la Justicia de Salta parece no inquietarle. Como Jalit y Cornejo, hay más de un ex intendente que debe explicaciones, sin ir más lejos, muchos de los que debatieron el proyecto en el recinto asintiendo a que la restricción sea una condena en segunda instancia, tienen más de un proceso sobre sus espaldas.
Denuncias por la muerte de infantes en la peor de las pobrezas, denuncias por la falta de transparencia en los vuelos de las naves de la provincia, desvío de fondos, incumplimiento de los deberes del funcionario, peculado y tantas otras, no suelen estar en la lista de prioridades y pocos registran o recuerdan condenas, siquiera de primera instancia, relacionadas con estos delitos.
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