Después de ocho meses, 346 familias desalojan voluntariamente el terreno en la zona sur de la ciudad. Firmaron un acuerdo con el Gobierno para dejar el lugar antes del lunes.
A las familias que estaban en la ocupación les brindarán respuestas individuales y participarán en los eventuales sorteos de lotes fiscales. Javier Corbalán
Solo 30 familias de las 346 que quedaron en el asentamiento de la ampliación de Parque La Vega restaban firmar este viernes (aunque lo harían hoy sábado) el acuerdo con el Gobierno provincial, con el cual se comprometen a abandonar el terreno usurpado en la zona sur de la capital salteña hasta el domingo próximo, según publicó El Tribuno.
Fue casi un mes de negociaciones entre delegados de los asentados y funcionarios de la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado y mediadores de la Secretaría de Justicia para llegar al convenio que permitirá ponerle fin a la ocupación que inició en mayo del año pasado. Pero el factor determinante del éxito del arreglo fue la lluvia. En las últimas semanas las personas asentadas padecieron lo que desde un primer momento se sabía: que el predio donde montaron las precarias estructuras cubiertas con plásticos y chapas (en el mejor de los casos) es inundable.
Ante cada tormenta, el agua y el barro llegaba literalmente hasta la altura de las rodillas y el asentamiento se hizo inviable, a pesar de la larga lucha de las familias que reclaman un lugar para vivir.
El jueves se firmó un acuerdo general entre los negociadores para la desocupación del terreno y ayer se comenzó con los acuerdos individuales, que algunas familias no firmaron porque no estaban en el predio. La desocupación, paulatina, comenzó el mismo día del primer convenio.
«Los asentados entendieron que el método para conseguir una solución habitacional no es el asentamiento o la fuerza. Se trabajó en un esquema de contención social y bajo ese esquema se fue descomprimiendo la situación y ahora estamos a la expectativa que este fin de semana se desocupe el terreno», dijo el secretario de la Gobernación, Matías Posadas.
Se elaboró una respuesta a los asentados para cada caso particular. Por ejemplo, a quienes antes de ir a la ocupación vivían en casa de parientes se les facilitarán materiales para una ampliación, a otros se le brindará ayuda alimentaria o asesoramiento jurídico para situaciones puntuales.
También existe el compromiso de que no tendrán el antecedente de usurpación, caso contrario quedarían inhabilitados, por una normativa, de la posibilidad de participar en los eventuales sorteos de lotes fiscales o viviendas sociales que el Gobierno planifica.
¿Por qué se demoró la respuesta? Según afirmaron Posadas y el secretario de Tierras y Bienes, Esteban Carral, fue por los intereses mezquinos de grupos políticos que intervenían en la usurpación. Esa afirmación se puede contrastar con el comienzo del asentamiento, cuando había más de 1.500 asentados y cinco meses después, estudiantes de la carrera de Antropología de la UNSa realizaron un censo en el lugar y determinaron que había 1.207 personas con verdaderas necesidades habitacionales, entre otras problemáticas.
“Vimos que en un momento había algunos intereses políticos dentro del asentamiento y eso se fue de a poco depurando. Con el paso del tiempo se fue corriendo la parte más política que estaba impulsando el asentamiento y ahí pudimos conversar de otra manera con los asentados”, señaló Posadas.
“Las familias que quedaron en el asentamiento sufren muchas necesidades y las respuestas que les estamos dando no son diferentes a las que el Estado brinda a familias en la misma situación”, dijo Carral. Remarcó que los asentados de Parque La Vega tendrán las mismas oportunidades que cualquier otra persona que está inscripta para recibir un terreno o vivienda por parte del Estado.
Vulnerables
El estudio que encararon en el asentamiento desde la cátedra Seminario de Antropología Urbana de la Facultad de Humanidades mostró un panorama descarnado de un sector de la población desamparado y en una situación vulnerable, al límite de la subsistencia. El trabajo académico dio una dimensión de los números de la pobreza que brinda el Indec y que dan cuenta que a la mitad de los habitantes de Salta no les alcanza sus ingresos para llevar una vida digna.
El informe preliminar señala que del total de 1.207 personas censadas en el asentamiento, 559 fueron mujeres e incluyeron a 537 niños.
“El hacinamiento previo en casa de familiares, la falta de ingresos suficientes para pagar un alquiler y la violencia de género o relaciones conflictivas previas fueron las causas que impulsaron la ocupación del predio”, resume el documento.
Los trabajadores y trabajadoras relevados solo pueden acceder a empleos eventuales y en negro (66% de la población adulta). El 21% de los encuestados buscó trabajo y no lo consiguió. La mitad de las familias apenas reúne $16.000 o menos por mes, lo que las ubica por debajo de la línea de indigencia.
Se realizó una descripción de cómo son las “viviendas” donde los asentados pasaron estos meses. “Viven en carpas precarias de polietileno o en algunos casos casillas de madera y plástico, en donde pueden encontrarse hasta 2 y 3 familias, sin provisión de agua potable ni energía eléctrica; utilizando letrinas improvisadas, muchas de las cuales están colmatadas; bajo condiciones ambientales que no reúnen requisitos mínimos de un espacio saludable”.
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