La fiscal Verónica Simesen se constituyó ayer, junto a su par Rivero, en las oficinas del 911, en el marco de la investigación del femicidio de María Sulca.
La idea era no demorar más de media hora, sin embargo la inspección que hicieron los fiscales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, a cargo de la investigación en el crimen de María Sulca, en las oficinas del Sistema de Emergencias 911, se extendió por más de dos horas. Según le dijo la investigadora a El Tribuno, se «verificó cómo funciona pero sobre todo se observó el espacio físico donde se desempeñan quienes están imputados». La causa tiene a dos jóvenes detenidos, acusados de ser coautores del violento crimen, y a ocho funcionarios de las fuerzas de seguridad imputados.
«El objetivo de la visita fue saber cómo es la ubicación del personal, tanto del área de Demanda Ciudadana como de quienes están en el Centro de Coordinación Operativa (CCO), saber cómo funcionan esas áreas y cómo están ubicados físicamente para ver qué disponibilidad de recursos tienen», expresó Simesen.
La maestra fue asesinada el martes 28 de abril en su casa de Villa Mitre. Durante esa jornada, cerca de las 2.38 de la madrugada la mujer logró llamar al 911 clamando auxilio: «Ayuda, me están matando…». Sin embargo, el mensaje habría sido mal codificado y la mujer de 48 años fue brutalmente asesinada. Dos policías de la comisaría 4ª, ubicada a metros de la vivienda, llegaron hasta el lugar, pero al no recibir respuestas se fueron. A partir de ese momento, y con el transcurrir de las semanas, son diez los imputados entre los presuntos asesinos, personal policial, del 911 (CCO) y el área de Demanda Ciudadana.
A la hora de verificar y certificar si los supervisores que trabajan en las áreas mencionadas tuvieron acceso al estremecedor audio (mensaje de la maestra), la fiscal apuntó que sí. «La respuesta fue positiva y se podría haber tomado otra intervención. Tienen accesos a los audios a través de un sistema informático online, en tiempo real o también a través de grabaciones».
Los funcionarios: Acusados de incumplimiento de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte: operador de Demanda Ciudadana, Pablo Bisón; supervisor de DC, Marcelo Cordeyro; despachante policial Héctor Herrera; jefe de Despacho Emergencias Policiales, Gustavo González, y supervisor de Despacho, Corbera.
Al ser consultada sobre qué pasó en ese momento en las oficinas del 911, la investigadora señaló: «Objetivamente, de acuerdo a los informes, me parece que no le dieron la relevancia que debía tener el mensaje, es decir la información que le trasmitió la señora Sulca». A raíz de haber relativizado el pedido de auxilio de la maestra siguió el atroz crimen que indignó a la sociedad salteña y sobre todo a los vecinos que conocían a la maestra de grado.
Cada llamado que ingresa al 911 es un «incidente», para cada uno de esos incidentes hay 97 tipificaciones o calificaciones, en el caso de Sulca «utilizaron dos calificaciones, el pedido de auxilio y el de violencia familiar», dijo la fiscal y agregó: «Ante la magnitud del audio creo que tendría que haber sido otro tipo de calificación, le tendrían que haber dado otra prioridad al mensaje».
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