El flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado se prepara para estrenar las facultades delegadas en materia administrativa
Cuando Nicolás Posse salió eyectado de la jefatura de Gabinete y Guillermo Francos asumió ese lugar, en la mesa chica del Presidente aseguraban que parte de las tareas del hasta entonces ministro del Interior sería avanzar con la depuración de decenas de organismos públicos.
Pasaron casi dos meses. Javier Milei logró sancionar la Ley Bases, el paquete fiscal y, con suspenso, le abrió la puerta del Gabinete a Federico Sturzenegger. La primera ley de la era libertaria incluye las delegación de facultades del Legislativo al Ejecutivo por el término de 12 meses. El Presidente tiene pensado usarla en materia administrativa para barrer con estructuras del organigrama estatal sin pasar por el Congreso.
Recurrirá a uno o varios decretos. En ellos trabaja desde hace semanas el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, a quien el jefe de Estado se refiere como «el coloso». En la mesa chica del Presidente sostienen que el número de organismos que planean desmantelar y desarticular son alrededor de 60.
Desde el mismo Gobierno se negaron a dar precisiones sobre las estructuras involucradas por donde quieren pasar la promocionada «motosierra», que ya sufrió el INADI, que en los papeles -en rigor- nunca dejó de existir. El instituto contra la discriminación será por eso el primero en ser eliminado en los próximos días vía decreto. Sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Justicia.
En el equipo de Sturzenegger suavizan el anuncio informal. «Hay decisión política para avanzar, pero no está definido ni el plan de trabajo ni el listado de organismos», sostienen. En total, en el Estado hay 74 organismos descentralizados.
Milei, de todos modos, tiene algunas limitaciones. En la redacción de la ley bases quedaron fuera de su alcance el Conicet, el INCAA, la Coneau, el INCUCAI, el ENACOM, la ANMAT y el Inta, entre otros organismos clave.
Aunque el Ejecutivo no puede eliminarlos, porque quedaron expresamente excluidos, sí tiene la facultad de fusionar esos entes, tercerizar funciones o refuncionalizarlos. «Los pueden dejar tan vacíos de funciones y personas que es lo mismo que cerrarlos», afirman en la oposición. No descartan incluso que hospitales nacionales puedan ser transferidos a algunas provincias.
«Ahora o nunca»
Funcionarios con despacho en Balcarce 50 y acceso permanente al despacho presidencial sostienen que el tiempo acotado de las facultades delegadas -12 meses- marcará los tiempos. «Es ahora o nunca», sentencian.
Los empleados abocados en esas dependencias -también los de planta permanente- que no sean reubicados de manera inmediata pasarán a disponibilidad con goce de sueldo, como marca la propia Ley Bases, durante un período máximo de un año.
En el peronismo hacen las cuentas de los organismos que podrían pasar a mejor vida: el Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el INAES o el Instituto de Agricultura Familiar, cuyo cierre ya fue anunciado por el vocero presidencial pero nunca ejecutado.
«El poder del Presidente para modificar esto es enorme porque la Ley Bases le dio facultades extraordinarias a nivel administrativo. Modificó la ley de empleo público para dejar en disponibilidad a empleados de la planta permanente. Este fue el plan desde el principio: reducir por completo la estructura de la Administración Pública Nacional», señaló Ana Castellani, ex secretaria de Empleo Público de la gestión de Alberto Fernández.
El Gobierno también se apura para modificar por decreto el nombre del CCK que funciona en el viejo Palacio de Correos. El nombre formal será centro cultural Domingo Faustino Sarmiento y el nombre del edificio, como estaba previsto, será Palacio Libertad. Tarde o temprano, la Secretaría General que conduce Karina Milei absorberá la secretaría de Cultura, pero en su entorno aclaran que ese traspaso no se producirá en lo inmediato.
«Ley Hojarasca»
Además, Sturzenegger avanza con su proyecto de «Ley Hojarasca» para eliminar un centenar de regulaciones, decretos y artículos de ley que -según la visión del ministro- entorpecen el flujo de negocios y generan burocracia innecesaria. La norma pone a prueba la paciencia de los bloques dialoguistas, como el de Miguel Pichetto, que pidieron «leyes claras, cortas y temáticas» para facilitar la discusión parlamentaria.
El ex titular del Banco Central se quedó además con la secretaría de empleo público, mientras los laderos de Milei siguen preanunciando que continuarán eliminando -cada tres meses- el número de empleados contratados en la Administración Pública. Desde diciembre se fueron 25 mil empleados en esa condición. El viernes pasado los delegados del ministro desregulador debutaron en la primera paritaria de estatales.
Cerca del Presidente quieren que Sturzenegger sea el funcionario que se siente «en representación» del Ejecutivo en el Consejo de Mayo. En el decreto que convocó a esa mesa institucional para transformar en medidas y leyes concretas los puntos del Acta de Mayo, el Gobierno se garantiza dos sillas, la del presidente del órgano, que será el jefe de Gabinete, y la de otro funcionario.
En un principio se había pensado en el vicejefe José Rolandi, pero en la mesa chica del mandatario empujan la intransigencia de Sturzenegger. Las otras sillas están reservadas para los empresarios del Grupo de los 6, la CGT, Diputados y Senadores.
El Gobierno ya avisó que quiere privilegiar la reforma laboral y la reforma previsional, que están dentro del Acta de Mayo que hasta el momento firmaron 18 gobernadores. Sturzenegger, que sigue teniendo oficina en la Rosada a pesar de que su ministerio funciona en el edificio Shell, a pocas cuadras, fue el autor, entre otros, de los cambios en la legislación laboral que se incluyeron en el DNU 70.
La CGT le pidió al secretario de Trabajo Julio Cordero, cercano a Sturzenegger (aunque llegó de la mano de Posse al Gobierno), que el Ejecutivo desista de su apelación ante la Corte para intentar validar el capítulo 4 del mega DNU que fue trabajado por la Justicia laboral. Es una de las condiciones de los gremialistas para sentarse en el Consejo. La otra -elevar el piso de Ganancias que se sancionó en el paquete fiscal- fue desoída por el Gobierno.
Como adelantó este diario, en la Rosada siguen pensando a qué Salón le cambiarán el nombre para convertirlo en el Salón de Mayo, que servirá para que sesione el Ejecutivo. Cerca del mandatario dejan correr la versión de que no descartan rebautizar el Salón Eva Perón, el que da al balcón más famoso de la Argentina.
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