Está imputado por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, pidió ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de la ciudad de Tartagal, la captura y detención del exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, imputado por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El fiscal Cazón pidió la captura y detención del exfuncionario, y tiene previsto ampliar la imputación contra Prado, en base a nuevos hechos documentados a través de información recibida este viernes, que entregó el funcionario de la intervención municipal, Diego Argañaraz.
El funcionario del equipo del comisionado interventor Adrián Zigarán, aportó documentación que precisa que Prado no informó el destino de los primeros $24.000.000 (veinticuatro millones de pesos), que habría recibido entre el 11 y 31 de diciembre de 2019, durante el primer tramo de su gestión.
Entre otros ítems, Argañaraz también adjuntó documentación referida a las partidas COVID-19 recibidas por el exintendente Prado, desde mayo pasado, por un total de $9.564.216,79 (nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil doscientos dieciséis pesos con setenta y nueve centavos), según publicó El Tribuno.
La documentación adjuntada precisa otros montos repartidos en las partidas trimestrales recibidas durante este año.
El total de la plata
En ese sentido, el pedido del fiscal al juez interviniente, precisa que el exfuncionario deberá clarificar el destino de por lo menos $388.253.301,04 (trescientos ochenta y ocho millones doscientos cincuenta y tres mil trescientos un pesos con cuatro centavos).
Cazón recordó que la audiencia de imputación celebrada el miércoles 4, se realizó en forma remota debido a que Prado informó que se encontraba en la capital provincial, pero a la vez, constituyó domicilio en Aguaray, aunque no precisó dirección alguna en ninguno de esos municipios. En consecuencia, consideró “sumamente necesario asegurar el debido proceso judicial, ya que existe el peligro de entorpecimiento y de fuga, atento a las complejidades de la causa y siendo público y notorio que también se lo investiga en el Juzgado Federal de Orán, por la causa de los caños del Gasoducto del NEA”, cuya investigación inició el mismo fiscal Cazón, hasta que declinó su competencia.
Los rastros que fue dejando en la investigación fiscal
Por esa vía, el exjefe comunal se presentó con abogado particular y se abstuvo de declarar. Sobre ello, se dejó constancia en un acta que firmó Cazón.
El fiscal inició de oficio la investigación penal, a partir de las declaraciones públicas del comisionado interventor de Aguaray, Adrián Ariel Zigarán, referidas al déficit y endeudamiento generado en ese ámbito por el exintendente Jorge Prado. Para ello, tuvo en cuenta distintas publicaciones entre las que se precisa que a través de un informe dado a conocer por el interventor Zigarán, el exjefe comunal “recibió en diciembre de 2019 un municipio totalmente saneado y con depósitos bancarios en las cuentas del municipio que alcanzaban los 7.900.000 pesos. Diez meses más tarde y al ser intervenido, el déficit es de 19 millones de pesos, sin que aún se hayan determinado los compromisos que dejó mediante la emisión de cheques diferidos, que tendrán vencimiento en los próximos meses”.
Entre algunos datos contemplados en la investigación del fiscal, consta que “más de la mitad de la deuda tiene carácter de delicada y urgente”, compuesta por un descubierto bancario (cubierto con adelantos de coparticipación); plan Aguaray Trabaja (debería cancelarse con urgencia, el mes de agosto se pagó en octubre); retroactivos de sueldos no pagados de febrero a abril; saldos impagos por sueldos de septiembre; remuneraciones adeudadas a concejales (en algunos casos de marzo); retenciones laborales de ATE, UPCE y SOEM y proveedores de bienes y servicios esenciales sin órdenes de pago, con cheques emitidos y rechazados por valores con pocas probabilidades de pagos en el corto plazo, entre otras irregularidades.
No fijó domicilio
El pedido del fiscal Cazón surgió tras el último informe contable elaborado por la intervención de Adrián Zigarán, que destacó en primera instancia la falta de comprobantes sobre los primeros $24 millones que llegaron a la comuna entre el 11 y 31 de diciembre pasado, es decir en las primeras tres semanas de gestión de Prado. El imputado aseguró estar en Salta capital, pero no fijó domicilio. Por eso Cazón pidió la captura y detención.
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