Es parte del escrito que la exprimera dama presentó este lunes desde Madrid. Su abogada pidió que el ex titular del Partido Justicialista responda por «violencia reproductiva».
En el escrito que presentó Fabiola Yañez ante el fiscal Ramiro González, este lunes a través del consulado argentino en Madrid brindó más detalles respecto a las acusaciones por violencia contra el expresidente Alberto Fernández. Entre los nuevos detalles que ahora la justicia deberá investigar, la denunciante afirmó haber sufrido un aborto.
Yañez ubicó ese episodio antes del año 2019, durante el cual Cristina Kirchner eligió a Alberto Fernández como su candidato a presidente de la Nación y ambos encararon la campaña electoral al término de la cual llegaron a la cima del poder en la Argentina.
En 2016, poco tiempo después de que comenzaron a convivir en Puerto Madero, Fabiola Yañez quedó embarazada. Su pareja le había pedido compromiso poco tiempo antes, en mayo,y ella estaba confiada en un futuro en común porque esos planes incluían el deseo de tener un hijo juntos.
Poco tiempo después, Yañez quedó embarazada. Pero cuando se lo contó a su pareja, Alberto Fernández comenzó lo que ella llamó su «desprecio y rechazo». Esas agresiones también incluían al bebé por nacer. El expresidente le manifestó que estaba en shock. Y comenzó a hostigarla diciéndole que era muy reciente su relación como para consolidarla a través de un hijo.
La etapa siguiente de lo que la denunciante califica como un plan de desprecio fue conducirla a lo que denominó su peor decisión. Le habían retirado la palabra completamente y se sentía ignorada todo el tiempo. Más adelante, en su denuncia la exprimera dama fue más explícita: dijo que Alberto le decía constantemente que había que resolver la situación, y que el aborto era el camino.
Hubo un incómodo diálogo: según el texto de la denuncia, el ex presidente le remarcó que no podía manifestarle a nadie que iban a tener un bebé, incluso le argumentó que aún no la había presentado a ella ante su hijo Estanislao. En el contexto de esa charla, la ex primera dama le replicó que, si le hubiese avisado antes, se habrían cuidado para evitar el embarazo. «Hay que resolverlo, tenés que abortar» se consignó.
En el entorno de Yañez subrayan que Fernández la instigó a cometer un delito, porque aquel momento el aborto estaba penalizado.
Después del episodio del cual espera la justicia tener certificaciones médicas, Yañez y Fernández estuvieron separados. Ella detalló que se mudó a un departamento del barrio de Belgrano hasta que, tiempo después, se reconciliaron y regresó a la convivencia.
En su la ampliación de la denuncia con la que solicita se agraven los delitos imputados al ex mandatario, Fabiola mencionó el episodio como uno de los ejemplos de lo que su abogada, Mariana Gallego, calificó como «violencia reproductiva»: una variante de ese delito que está tipificada en el Código Penal.
Se trata de una forma de violencia de género que se manifiesta en actos que «limitan o coaccionan a una persona en relación con su capacidad reproductiva, afectando su autonomía sobre decisiones fundamentales como la de tener o no tener hijos».
Desde la óptica del derecho penal, la violencia reproductiva «puede ser abordada a través de varias conductas punibles que violan derechos fundamentales, como la integridad física y psicológica, la libertad sexual, y el derecho a la salud», explicaron fuentes judiciales a Clarín.
La construcción jurídica de este delito -que ahora debería ser refrendado por el fiscal en su imputación para que la justicia comience a investigarlo- es la misma que la que ocurre cuando un varón obliga a su pareja a seguir con un embarazo no deseado. Esa variante, más frecuente y denunciada durante las campañas feministas bajo el lema «mi cuerpo, mi decisión», también puede ser punible cuando la intervención de un tercero busca el objetivo opuesto: que una mujer aborte cuando su deseo podría ser no hacerlo.
La denuncia por lesiones graves
En su denuncia, la exprimera dama profundizó las acusaciones genéricas que el martes pasado había formulado ante el juez Julián Ercolini, a quien pidió medidas de resguardo frente a Fernández que el magistrado ordenó de inmediato.
Pese a la distancia física entre ambos, el exmandatario habría violado la prohibición de comunicarse con la madre de su hijo y habría continuado con lo que Yañez había calificado como «terrorismo psicológico». Para comprobarlo, la justicia allanó el viernes el departamento de Fernández en Puerto Madero, y secuestró su teléfono. Si comprobara sus sospechas, el referente kirchnerista también sería acusado por desobediencia.
En el escrito presentado ante el fiscal González, la abogada de Yañez pidió que la calificación del delito sea de lesiones graves, y detalló que los golpes sufridos habrían causado daños psicológicos que le impidieron ejercer sus funciones y su vida normal por más de 30 días. Esa temporalidad es lo que distingue un delito del otro. Cuando el daño es más breve, el Código Penal establece que las lesiones deben entenderse como leves.
La denunciante hizo una extensa enumeración, en la que habló de maltratos, hostigamiento, desprecio, agresiones y golpes que “resultaban ser una constante”.
Con más detalles del padecimiento sufrido, la ex primera dama señaló que todo ese contexto la condujo a recibir tratamientos psicológicos y psiquiátricos por extensos períodos, que incluyeron la prescripción de medicamentos.
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