La campaña se extenderá hasta el inicio de la veda dispuesta para el 9 de agosto, dos días antes de las primarias.
Una banda que se sospecha expedía certificados médicos truchos para que docentes y auxiliares pudieran sacar licencias en escuelas del partido de Lanús, y que solo en 2018 habría defraudado al Estado en 10 millones de pesos, fue desmantelada en las últimas horas de ayer tras 35 allanamientos realizados en el sur del conurbano bonaerense. Por el momento en la causa hay 28 personas procesadas, entre ellas una empleada del Consejo Escolar del Distrito de Lanús. Los procesamientos alcanzan a los maestros y al personal educativo, que utilizó las licencias, junto con la encargada de coordinar todo el sistema ilegal. Los médicos involucrados, por su lado, desconocían que eran blanco de la falsificación y no habrían hecho usufructo de este mecanismo, dijeron.
Según informaron fuentes policiales, la investigación comenzó meses atrás, cuando personal de la Dirección General de Escuelas y Educación provincial detectó y denunció, gracias al nuevo sistema de licencias médicas que entró en vigencia el año pasado, diferentes irregularidades en el otorgamiento de carpetas por enfermedad de docentes.
Tras ello se radicó una denuncia en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N´ 16 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien dispuso que se iniciara una investigación penal para dar con los responsables de la maniobra delictiva. Según lo que determinaron las pesquisas, los integrantes de la organización expedían los certificados con falsos sellos y firmas de distintos profesionales que requerían el otorgamiento de licencias de un mínimo de 30 días.
Luego se comprobó que merced de esta maniobra fueron concedidas más de 40 carpetas, lo que generó un perjuicio patrimonial a la administración publica provincial, ya que se abonaron dichas licencias y los sueldos de los docentes o auxiliares designados para cubrir esos puestos.
En el marco de las diligencias dispuestas por la fiscalía a cargo de la causa se llevaron a cabo 35 allanamientos en el Consejo Escolar de Lanús y diferentes localidades de ese distrito, y en los partidos de Quilmes, Avellaneda y San Vicente. Entre los elementos secuestrados hay 25 celulares, comprobantes y órdenes médicas, recetarios, 80 certificados médicos, planillas de licencias, 17 constancias de atención y reposo, historial laboral y licencias tomadas, certificados de junta médica y varios talonarios con membrete del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y varios sellos apócrifos de profesionales.
Los investigadores calculan que solo el año pasado la defraudación contra el estado supera los 10 millones de pesos, pero la cifra final se cree que sería mucho más, luego de agregar este primer semestre de 2019.
Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos, pertenecientes a la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense. En la causa también interviene el Juzgado de Garantías N´ 2, a cargo del juez Eduardo Silva Pelossi, del Departamento Judicial La Plata.
El año pasado el Gobierno bonaerense inició sumarios contra un total de 220 docentes y auxiliares que habrían utilizados certificados médicos falsos para tramitar licencia por enfermedad desde el inicio del ciclo lectivo de este año. Este accionar también fue obra de una banda de estafadores desbaratada por la Policía. Entre sus miembros había un delegado de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que habrían causado un perjuicio de 72 millones de pesos a las arcas públicas.
Los estafadores fueron apresados durante 11 allanamientos que realizaron en Los Polvorines y San Miguel efectivos de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, con la colaboración de la División de Enlace de Interpol. A través de una auditoria de las solicitudes, la Dirección General registró distintos tipos de irregularidades, como tipografías similares en certificados firmados por distintos médicos o el cambio de «letra» de un profesional entre una licencia y otra. Los docentes y auxiliares, en muchos casos, sumariados por las autoridades, habían obtenido los certificados en la delegación del sindicato UPCN de José C. Paz, que, tras una denuncia penal, la Policía bonaerense allanó la semana pasada.
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