Las principales imputadas: Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo, actual tesorera. Duro testimonio de un damnificado que clama celeridad en la resolución de la causa.
El Ministerio Público Fiscal pidió juicio para Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo, exsecretaria general y actual tesorera de la Asociación Docente Provincial (ADP), por las casas no construidas de un fideicomiso que quedó trunco. Si bien el requerimiento se hizo hace seis meses, recién el viernes pasado Luis González, que es director de una escuela de General Ballivián, llegó a la ciudad y se interiorizó del avance. Ante la desesperación por los tiempos de la Justicia, el hombre se encadenó en la vereda de la sede de ADP, ubicada en Juramento 99, para pedir celeridad en la resolución de la causa. Luego lo recibieron la fiscala a cargo y el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo Murúa.
La fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, confirmó que pidió en septiembre del año pasado la elevación a juicio contra los cuatro imputados, entre ellos también Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas en concurso real en varios hechos en el fideicomiso.
Anteriormente, la Fiscalía comunicó que había verificado que Argañaraz y Cerezo, en paralelo a la conducción y administración del gremio, ejercían como fiduciarias del «Fideicomiso de administración al costo Virgen de Urkupiña I». Y que Raúl Argañaraz -hermano de la primera nombrada- era fiduciario sustituto en la entidad y, luego, fiduciario. Mientras que Zissi, que actuaba como asesor y encargado del Fideicomiso dentro del gremio, estaba autorizado para operar con las cuentas bancarias de la entidad.
Para el director González y los más de 100 estafados la pesadilla comenzó en 2017, cuando la entonces secretaria general Patricia Argañaraz promocionó el fedeicomiso. «Nadie sabía lo que iba a pasar, muchos afiliados nos embarcamos en ese proyecto con el sueño de tener nuestra casa propia, pero a mediados de 2018 nos dimos cuenta de que todo era un engaño, la construcción de las casas estaba muy atrasada, aunque nos habían subido mucho las cuotas». En aquel entonces, el docente llegó a pagar 300 mil pesos que, según dice, ahora equivalen a 20 veces más. No le entregaron la casa ni un terreno. «Estoy por jubilarme, mi sueño era venirme a Salta para darle un futuro a mis hijos y que ellos puedan estudiar, prácticamente me cortaron por la mitad», dijo, sin poder contener el llanto por la impotencia.
Por su parte, la fiscala manifestó que «la tarea de investigación está concluida, ahora vamos para sostener la acusación en un juicio, que son tiempos que maneja el Poder Judicial». Mencionó un detalle: que el hermano de Argañaraz fue declarado en rebeldía.
Con información de El Tribuno
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