Ya declararon los seis imputados y ahora la Justicia deberá peritar las firmas en las órdenes cuestionadas.
Los imputados en la causa que investiga una supuesta estafa millonaria contra el PAMI ya pasaron por los tribunales federales para prestar declaración indagatoria. Algunos se explayaron más que otros, pero todos coincidieron en negar las acusaciones y declararse inocentes, según informo La Gaceta.
La ronda de indagatoria terminó ayer con la última que quedaba por declarar: la bioquímica Silvina Díaz, quien se limitó a negar las imputaciones y luego se abstuvo de responder preguntas del juez Wenceslao Cardozo hasta tanto revise la documentación cuestionada, indicaron desde la Fiscalía.
Quien finalmente cumplió con su indagatoria luego de que no lo hiciera inicialmente cuando fue citado, fue el médico Víctor Canelada. Su estrategia fue la misma de Díaz, negar las acusaciones y solicitar analizar la documentación en la que se basa la causa antes de extender su declaración.
La documentación que ambos pretenden estudiar son las órdenes prescriptas supuestamente por ellos para después expresar si ellos las emitieron o si fueron falsificadas y, en todo caso, dar una explicación sobre su facturación, según explicaron fuentes fiscales a LA GACETA.
La interna política como coartada
El primero de los imputados en declarar fue el bioquímico Osvaldo Miranda, quien esgrimió que hay una persecución hacia él por una interna en el seno de la Asociación Bioquímica de Salta y explicó motivos por los cuales puede haber un error en la facturación. Se declaró inocente y dijo que el error pudo haberse debido a la falta de control de la ABS y de la obra social a los bioquímicos.
Desde que se inició la causa, el abogado de Díaz y Bardi, Pablo Suárez Nelson, afirmó que todo fue «un movimiento político” de la actual conducción de la ABS, debido a que no lo querían a Bardi en el medio «por cuestiones personales» y por eso inventaron irregularidades para «correrlo del cargo», cosa que lograron pidiéndole licencia y ahora Ricardo Buttazzoni –el actual presidente-. «Ahora su esposa y él manejan la Asociación”, señaló.
La otra bioquímica imputada, María Elena Almendros, declaró en el mismo sentido, negando su participación en hechos irregulares y aduciendo como causa la interna política que existe en el seno de la asociación.
Sin embargo desde la Asociación Bioquímica niegan la existencia de una interna y de una movida política detrás del caso. Al respecto, Buttazzoni rechazó esta posibilidad y dijo a LA GACETA que lo que motivó la auditoría fue la denuncia de irregularidades presentadas por una empleada y por un socio de la institución.
Además, Buttazzoni -quien era el vicepresidente-, decidió no presentarse como candidato a quedarse formalmente con el cargo en las elecciones que se realizarán en la institución el 23 de mayo.
Firmas cuestionadas
En la investigación se pretende dilucidar si los cuatro bioquímicos y los dos médicos imputados facturaron órdenes falsas al Pami, sea porque versaban sobre pacientes muertos o sobre estudios que nunca se realizaron.
El otro médico imputado, Augusto Sasso, quien declaró la semana pasada, negó muchas de las firmas (presuntamente suyas) que figuran en los recetarios de análisis cuestionados.
En la auditoría que realizó la ABS y que sirvió de base para la denuncia que presentó el Pami ante la Justicia Federal, se analizaron varias órdenes de distintos pacientes y, según consta en el informe, muchos de ellos negaron la autenticidad de las firmas presentes en ellas.
Ante este panorama y con la posibilidad de que el resto de los imputados, luego de revisar la documentación, también desconozcan firmas, es que la Justicia ordenó peritarlas caligráficamente.
El secretario de la Fiscalía Federal n° 1, Fernando Dávalos explicó que la pericia tendrá por fin determinar si las rúbricas son reales o falsificadas y que el trabajo estará en manos de un perito de Gendarmería.
Además la investigación prevé continuarse con la citación a declarar a más testigos, algunos citados por la Fiscalía y otros 16 propuestos por la UFI Pami, la Fiscalía nacional especializada en investigar delitos contra la obra social de los jubilados.
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