Este jueves se conoció el caso de la abogada Natalia Gutiérrez Conde, quien en febrero había sido designada en el Juzgado de 2da Nominación del Tribunal de Faltas de la Municipalidad.
Al asumir la función pública se le suspendió la matrícula lo que le impide ejercer su profesión desde otros lugares que no sean los que le corresponden por su nuevo puesto. Pese a esto, la letrada habría usado por aparte su matrícula y habría incurrido en incompatibilidad de funciones.
Al respecto, desde InformateSalta dialogamos con la concejal Paula Benavides, quién informó que están a la espera de que lleguen las actuaciones al Concejo Deliberante para la formación de la Comisión de Disciplina y Juicio Político.
Esta está conformada por los presidentes de bloques políticos y no actúa de oficio como un órgano acusador.
En función de eso, la jueza podrá ejercer su derecho de defensa y de ahí hacer un análisis también de si existe o no una incompatibilidad, ya que, según explicó la edil, por carta municipal, los jueces del Tribunal de Faltas, tiene una incompatibilidad directa con el ejercicio de la profesión de abogado, pero respecto a lo que es la mediación puntualmente, es distinto.
“Un mediador privado no necesariamente tiene que ser abogado, sí debe tener un título profesional como abogado, psicólogo, ingeniero o lo que sea, y además una matricula que se la da el Ministerio de Justicia para ejercer a la mediación”, explicó.
Benavides indicó que, si bien la mayoría de los mediadores son abogados, esta es una herramienta a la hora de llevar adelante una mediación, en la que uno no ejerce un rol de juez, sino más bien uno de conciliador y se tratar de llevar adelante mediante las técnicas de negociación.
“Tenemos que determinar a través del Ministerio de Justicia si el hecho de anular la matrícula de abogado también anula y es incompatible con el ejercicio de la mediación”, resaltó.
Añadió entonces que son esos los informes que van a pedir cuando la jueza se presente a ejercer su derecho de defensa y en función de esto, decidir si ha habido un acto de incompatibilidad o si ella estaba actuando dentro de lo permitido.
“Hoy, sinceramente, la ley no establece una prohibición directa, tendríamos que hacer una interpretación legal en conjunto con los concejales con los informes, defensa y la acusación puntual, porque, en definitiva, no sabemos de qué es la denuncia que se ha realizado, no sabemos qué cuestión ha incurrido”, siguió.
“Queremos esclarecer esta cuestión”
“Creo que es una cuestión sujeta a interpretación a las leyes, porque hoy yo entiendo que hay un vacío legal en este ámbito en el que no se ha resuelto si la mediación comprende el ejercicio de la profesión o si, al tener una matricula por separado, queda por fuera de esta competencia”, volvió a agregar.
Sostuvo que es un caso delicado que hay que analizar y ver hasta qué punto es o no compatible con el ejercicio de la profesión y en este sentido tomar las decisiones pertinentes.
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