Por Leoncio Tadelva
La continuidad de los puesteros del pasaje Beltrán, en el Parque San Martín y la situación creada en torno a la muerte de un joven que recogía basura en el predio del vertedero San Javier, no han creado zozobra, pero sí enorme preocupación.
La intendenta Bettina Romero le dio estos días carácter formal y administrativo legal, a dos situaciones que, de escalar más de lo esperado, podrían impactar en la próxima revalida electoral.
Ambas cuestiones, una de ellas más grave que la otra, pueden tener su propia deriva política y si hay algo que la primera línea de la intendenta no tiene, es certeza cada vez que repasan las encuestas.
Era inminente que el Concejo Deliberante se disponía a prorrogar la presencia de los puestos en el Parque, porque hace 11 años que el procedimiento es el mismo.
Vale recordar que en junio 2008 el Concejo Deliberante autorizó por Ordenanza al Ejecutivo Municipal “a ubicar a los vendedores ambulantes con parada fija (en pasaje Beltrán (entre Avda. San Martín y Pasaje Chiclana), en su trocha oeste, en la platabanda y en la vereda oeste que colinda con la misma, hasta la pérgola existente junto al lago”. La autorización fue por 3 años, hasta 2011. A partir de ese año, la ubicación de los puestos se fue prorrogando, por dos años de modo sucesivo.
Esta vez la Municipalidad quería poner fin al sistema de prórrogas.
La penúltima se sancionó en diciembre de 2021, hasta diciembre de 2022 y la última, todavía no promulgada se sancionó el 16 de noviembre último, hasta diciembre 2023, pero esta vez se impuso al Ejecutivo Municipal la obligación de presentar, en un plazo no mayor a seis meses de la sanción de la norma, un plan que contemple el reordenamiento del espacio público, reubicación de los comercios, como asimismo el destino que se pretenda a futuro para ese sector”.
Creación de la UGEP
Con fecha 6 de noviembre de 2022 se emitió el decreto municipal 352 por el que se crea la Unidad de Gestión de los Espacios Públicos del Parque San Martín.
La nueva creación dependerá de la secretaría de Desarrollo Urbano, “tendrá a su cargo el planeamiento, ejecución de proyectos, gestión y mantenimiento del Parque San Martín”, estará integrada por Mariana Prone, Sofía García, Susana Pontussi y Daniel M. Nallar.
Pasaron dos años desde que la licenciada en turismo Mariana Prone fue designada subsecretaria de Proyectos Especiales en Espacios Públicos de la Ciudad.
Prone trabajó en la gestión de Juan Manuel Urtubey a cargo de los parques urbanos, llegó a la Municipalidad con la idea de identificar las áreas turísticas más importantes en la ciudad y definir dentro de ellas, actividades que se puedan realizar junto con el sector privado.
Poco se sabe acerca de los resultados que obtuvo la licenciada Prone en su labor y es muy probable que, integrando la UGEP, pueda concretar algún proyecto.
¿Qué va a hacer la UGEP?
El nuevo organismo tiene asignadas seis misiones y funciones, pero previamente, en la justificación de su creación se señala que “es deber de la Municipalidad propender al incremento de los espacios verdes y reglamentar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento del Medio Ambiente en todo el ejido Municipal, para lograr y mantener una óptima calidad de vida”.
Que el gobierno municipal “tiene entre sus ejes de gestión establecer y conservar el orden en todos los espacios públicos de esta ciudad”.
“Bajo tales premisas, resulta pertinente crear en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Urbano la Unidad de Gestión de los Espacios Públicos del Parque San Martín como organismo que controle, supervise, otorgue y revoque concesiones, permisos y licencias para el uso de los espacios públicos en el Parque San Martín, estableciendo sus competencias y los principios que informen su toma de decisiones”.
Finalmente se indica que conforme lo prescribe la Carta Municipal en su art 22 incs) es competencia del Departamento Ejecutivo Municipal realizar la concesión de espacios públicos, otorgar derechos de piso y las autorizaciones a vendedores ambulantes.
Las misiones y funciones son:
- a) Hacer un relevamiento sobre la totalidad del uso de los espacios en todo el ámbito del Parque San Martín; b) Otorgar concesiones, permisos y licencias para el uso de los espacios, determinando en cada caso el canon correspondiente, debiendo justificar jurídicamente en aquellos casos en que la autorización no sea onerosa; ) Reglamentar el uso de los espacios en base a los criterios que se establecen en este decreto;
- d) Controlar y supervisar que el uso de los espacios se realice en las condiciones establecidas en las correspondientes autorizaciones;
- e) Rescindir, revocar o quitar autorizaciones de cualquier naturaleza, con cualquier fin, cuando la persona autorizada incumpliere alguna de las reglas impuestas al otorgar la autorización, o por razones de mérito, oportunidad y conveniencia;
- f) Receptar propuestas, peticiones y consideraciones de parte del Concejo Deliberante, del Tribunal Administrativo de Faltas y del Tribunal de Cuentas y dictaminar previamente a su aceptación, rechazo o implementación.
En principio, resulta un tanto contradictorio sostener que “es deber de la Municipalidad propender al incremento de los espacios verdes…” y por otro asignarle al nuevo organismo la misión de “…Otorgar concesiones, permisos y licencias para el uso de los espacios, determinando en cada caso el canon correspondiente, debiendo justificar jurídicamente en aquellos casos en que la autorización no sea onerosa…”
Algunas dudas
La pregunta es: ¿se preserva el espacio verde o se achica el espacio verde otorgando concesiones, permisos, licencias, para ocupar esos espacios?
¿Qué tipo de concesiones, permisos y licencias se van a otorgar? ¿Para qué tipo de actividades? ¿Quiénes podrán ofertar actividades y con qué características? ¿Habrá un nuevo concesionario para las lanchas? ¿El nuevo concesionarios se hará cargo de tener un lago limpio y atendido, donde no se mueran los patos y los peces? ¿Existe en Salta una línea de actividad industrial/empresaria para ofertar la explotación de juegos y entretenimientos o las empresas se están “armando” con ese fin?
Si la UGEP tiene entre sus funciones revisar el uso actual de los espacios del parque San Martín, deberá definir también si continúan, en las mismas condiciones que ahora, los tres puestos de venta de comida que ocupan todo la vereda este, en la intersección de Córdoba y San Martín, sobre una de las plazas del Parque.
No quedaría mal liberar esa vereda tan invadida desde hace tantos años. Son puestos de venta históricos, seguro existen derechos adquiridos, concesiones otorgadas y renovadas, con lo cual, es de esperar en las próximas semanas un informe muy detallado del relevamiento que la UGEP tiene asignadas en el inciso a) de sus misiones y funciones.
¿Quiénes y desde cuando son concesionarios del espacio público? Cuánto percibe la Municipalidad por esos locales que parecen precarios, pero están consolidados como verdaderos comercios.
Resulta obvio que el Parque San Martín está, desde hace muchos años degradado y abandonado.
La única forma de recuperar el sector como espacio verde, es evitarle una carga mayor de actividad, como la que ya tuvo y estalló con la muerte del joven Nahuel Vilte en 2021, circunstancia de la que derivó “el orden en el espacio público de la ciudad”.
Desde una perspectiva más amplia, cabe preguntarse también por qué casi tres años después de gestión se crea la mencionada UGEP, si el Parque degradado y abandonado como se dijo, fue siempre un espacio de fuerte significado comunitario.
Registro de recuperadores
La gestión comunal está a punto de cumplir tres años, en 2020 licitó y concesionó de nuevo a la empresa Agrotécnica Fueguina el servicio de higiene urbana.
Sin embargo, hace poco, el 17 de noviembre, la secretaría Legal y Técnica, un área que en la práctica funciona como la verdadera intendencia, dictó la resolución 169, por la que crea el “Registro de Cooperativas de Recuperadores Urbanos dedicados a la gestión de los residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario “San Javier”.
El área está a cargo de la Coordinación de Acción Comunitaria, que encabeza Federico Casas, a quien se le pueden hacer varias objeciones, pero es uno de los pocos, que puede explicar técnica y públicamente algunas obras y acciones.
Es indudable que la reciente muerte de Facundo Velas un joven que buscaba con qué alimentarse en medio de la basura, entre camiones y maquinaria del vertedero San Javier, precipitó la creación del Registro de Recuperadores Urbanos, sector de la acción comunal que por lo visto hasta ahora fue absolutamente ignorado.
Casas conoce muy bien el problema que significa para Agrotécnica Fueguina y la Municipalidad, la imposibilidad de controlar el ingreso al predio de descarga, de personas ajenas a las cooperativas de recicladores.
Poco antes de ser reemplazado como secretario de Ambiente por el militar retirado Castelli – cuyo único mérito es su amistad con Horacio Rodríguez Larreta – Casas recibió amplia documentación de Agrotécnica Fueguina con un detalle de todos los eventos y circunstancias, que obligaron a redoblar la seguridad privada, a reforzar la presencia policial y aún así, no se puede controlar el ingreso de personas que inclusive se cuelgan a los camiones un par de cuadras antes de su ingreso al predio.
La resolución 169 es entonces otra decisión tomada después de los hechos consumados, y ante la presión de una entidad nacional, la Federación Argentina de Cartoneros y Recuperadores, (FACCYR)que plantea con insistencia la incorporación de la ciudad de Salta al Programa Nacional Argentina Recicla.
La representación local de la FACCYR se reunió un par de veces con el subsecretario de Gobierno, dejó en claro que Salta es de las pocas ciudades del país que no adhirió a ese programa, que la intendenta había asumido en diciembre pasado el compromiso de sumarse al programa que aporta fondos, pero que de pronto dejó de atender el teléfono.
Funcionarios de Ambiente municipal dejaron entrever que las conversaciones para adherir a ese programa se enfriaron porque no hay “onda política con Juan Grabois” de gran influencia en la Dirección Nacional de Economía Popular.
La Municipalidad optó por no sumarse al programa nacional y decidió la creación del Registro de Cooperativas de Recuperadores del Vertedero San Javier.
Al Registro, se le asignaron seis funciones. Además de establecer los requisitos para la inscripción en el Registro, la cuarta función establece: “Emitir un reglamento que establezca las condiciones que deberán cumplir operativamente los trabajadores que se desempeñan en las cooperativas inscriptas en el Registro, en especial respecto a los turnos de trabajo y el reparto de tareas, teniendo como premisa una justa distribución de las mismas, lo atinente al equipamiento, condiciones de seguridad y salubridad de los espacios de trabajo donde se desempeñen los trabajadores de las cooperativas, en pos un trabajo seguro, de una eficiente clasificación y disposición final adecuada de los residuos”.
La quinta define: “Coordinar con la empresa contratista encargada de la prestación del Servicio de Higiene Urbana de la Ciudad de Salta, lo relativo al ingreso y egreso de las cooperativas al predio, todo otro aspecto que sea necesario, considerando las obligaciones contractuales de la empresa aludida, así como los planes de trabajo de todos los actores involucrados que garanticen seguridad en el desempeño de las tareas de las cooperativas en el Relleno”.
El servicio de higiene urbana es el más oneroso para el erario municipal, el predio del vertedero San Javier es el plano más complejo y doloroso de la realidad de cientos de personas marginadas del trabajo formal, de los servicios de salud, de educación, la expresión más profunda de la pobreza y la miseria.
Si bien ese drama excede claramente a la voluntad de un municipio que tiene poco margen para abordar una solución integral al problema de la desocupación y la marginalidad extrema, no es menos cierto que la comuna aparece una vez más tardíamente a aportar algo que debió buscar solucionar desde un principio.
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