Las anomalías detectadas a fines del año pasado en más de 250.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo reabrió el debate a nivel social sobre el rol de la asistencia social. Así lo reflejó una encuesta realizada por la consultora Julio Aurelio-Aresco, que advierte que 8 de cada 10 argentinos creen que hay un alto nivel de irregularidades en la asignación de planes sociales.
El estudio, realizado desde el 3 al 5 de enero sobre una muestra de 4.000 casos a nivel país, indagó en la opinión del público respecto a la tensa discusión —que aún persiste— entre la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois.
En noviembre pasado, tras el escándalo que se inició en el marco de las irregularidades reveladas por un informe de la AFIP, Tolosa Paz anunció que se iba a avanzar con un “rediseño de las políticas públicas” y se mostró a favor de levantar el secreto fiscal de los beneficiarios de los planes sociales, mientras que Grabois cuestionó arduamente la medida. “¿Por qué no se bajan los sueldos los funcionarios? si se bajan el sueldo Victoria y todos sus secretarios, llegamos a un montón de indigentes. Ajustar de abajo para arriba es muy fácil”, replicó el dirigente.
En base a este debate, el sondeo de Aurelio-Aresco consultó por la posición de los encuestados respecto a estas dos posturas: un 52% afirmó estar a favor de la ministra, un 38,8% votó “no saber” de qué lado ubicarse y solo un 9,4% coincidió con el referente de la UTEP.
Más adelante, el relevamiento buscó medir los niveles de confianza respecto a los programas de asistencia estatal y preguntó: “En qué medida cree usted que hay irregularidades en relación a los planes sociales?”. La mayoría de los participantes (57,8%) respondió que las hay “en gran medida” y que hay “muchas de ellas”. El 19,3% consideró que “hay bastantes”, y únicamente un 2,2% opinó que no hay.
Asimismo, ante la consulta sobre si hay que reducir o no los planes, el 56,1% afirmó estar de acuerdo en aminorarlos “para bajar el gasto público”.
Por otra parte, el 11,4% dijo no saber, mientras que el 32,5% votó que los programas de asistencia del Gobierno “no se pueden reducir porque hay gente que los necesita a pesar de generar gastos para el Estado”.
Así se segmentaron los resultados de acuerdo al nivel socioeconómico de los participantes.Luego de la polémica iniciada a fines del 2022, el Gobierno impulsó una campaña a nivel nacional para chequear la identidad de quienes reciben la asistencia del programa, una condición necesaria para seguir cobrando la ayuda estatal.
Según información del Ministerio de Desarrollo Social, en el comienzo de este 2023 más de un millón de personas ya realizaron el trámite correspondiente, realizado “con el objetivo de llegar a la mayor cantidad posible de titulares” del plan. El plazo límite para actualizar la información es el 15 de enero.
El trámite de validación de identidad es “condición ineludible” para continuar formando parte del Potenciar Trabajo, cuyo haber ronda una mensualidad aproximada a los $30.000 y que equivale al 50% del salario mínimo.
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