Luego de meses de trabajo, el fiscal Pollicita firmó una resolución radioactiva sobre escalofriantes tareas de Inteligencia ilegal. Pidió que se amplíe la indagatoria al espía Ariel Zanchetta. El juez ya lo hizo.
Una nueva pericia informática y un amplio trabajo realizado en el marco de una causa que investiga el espionaje a jueces de la Corte, políticos y funcionarios confirmó la peor de las sospechas: el vínculo entre espías que realizaban esas pesquisas ilegales con dirigentes muy vinculados al kirchnerismo, como el diputado (y el ex directivo de la Agencia Federal de Inteligencia) Rodolfo Tailhade y uno de los voceros más cercanos a Cristina Kirchner, Fabián «Conu» Rodríguez.
En una frondosa resolución, el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, pidió la indagatoria del sargento retirado de la Policía Federal Ariel Zanchetta, y el allanamiento del domicilio de Rodríguez.
A caballo de una cantidad monumental de información, el equipo del fiscal analizó y cruzó cientos de datos recogidos de dispositivos electrónicos secuestrados a Zanchetta en allanamientos a su domicilio en la ciudad bonaerense de Junín.
Pollicita y su equipo investigan la posible existencia de «una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, obteniendo datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso haciendo requerimientos de dinero a su nombre.»
En castellano: como en el juzgado de Martínez de Giorgi se acumularon los expedientes por hackeos a los ministros de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz; el exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y también del espionaje ilegal a funcionarios judiciales y empresarios durante un viaje a Lago Escondido, cerca de Bariloche, Pollicita y su fiscalía fueron descubriendo decenas de hilos que vinculaban a esos supuestos delitos, pero además hallaron una gigantesca red de espionaje ilegal.
Se trata de una organización «cuya actividad habría tenido como ‘objetivos’ a cientos de personas —políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros— y habría incluido, cuanto menos, la realización de tareas ilegales de inteligencia, la recopilación, almacenamiento, sistematización y análisis de información, la filmación subrepticia de los objetivos y el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada».
Pollicita pidió entonces el registro de datos informáticos hallados de dos archivos en la notebook de Zanchetta que, «al parecer, eran un listado de correos electrónicos, de usuarios de bases de datos y de perfiles de redes sociales —bajo nombres de terceros o sin nombres identificables—; con una anotación de lo que aparentaban ser las claves de acceso a los mismos.»
La fiscalía solicitó entonces que Martínez de Giorgi ordenara la descarga de los contenidos desde la nube intentando el acceso a las cuentas.
Sorpresa: Zanchetta era un espía inorgánico de la AFI de Cristina
El fiscal comienza entonces una puntillosa exposición de información encontrada en esos dispositivos, que justificó el pedido para ampliar la indagatoria de Zanchetta -a quien se le atribuyen maniobras de espionaje ilegal desde 2016 hasta su detención en junio pasado- y la solicitud para allanar la casa de «Conu» Rodríguez, con el objetivo de incautar celulares, computadoras, pendrives, discos externos «y otros elementos probatorios que guarden vinculación con las maniobras de espionaje ilegal investigadas». Además de tener elocuentes diálogos con el espía de Junín, Rodríguez habría remunerado sus servicios con fondos públicos a través de pauta publicitaria de la Provincia de Buenos Aires.
En su resolución, Pollicita revela que Zanchetta «habría sido incorporado como agente ‘inorgánico’ —cuanto menos desde 2009 y hasta fines de 2015— para la Secretaría de Inteligencia de la Nación, rol desde el cual habría realizado actividades de inteligencia para funcionarios de ese organismo.» El mero dato merece un profundo seguimiento, para analizar las conexiones de la AFI de Cristina Kirchner con «los sótanos de la política», como le gusta pontificar a su sucesor Alberto Fernández.
El fiscal explica que «fueron hallados decenas de correos electrónicos de los años 2009 a 2015 entre Zanchetta y quienes en ese entonces serían agentes de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia de la Nación, en los que estos últimos le requerían la realización de distintas tareas de investigación —informes, consultas de vehículos, antecedentes penales, líneas telefónicas, cruces migratorios, entre otras— las que eran cumplidas por aquél».
La conclusión es que, más allá de que los organismos de Inteligencia no reconocieron al espía como su agente, las purebas demuestran que Zanchetta «cumplió funciones como ‘agente inorgánico’ o ‘colaborador’ al menos entre los años 2009 y 2015 de la Secretaría de Inteligencia de la Nación.»
Cámaras ocultas, informantes y miles de víctimas
El dictamen judicial le atibuye al espía detenido la tarea de recopilar la información necesaria para luego hackear los teléfonos de los camaristas federales Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, pero es solo el comienzo: por su cuenta o por orden de terceros, «obtuvo y reunió información personal de miles de personas —entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros— la que luego sistematizó y analizó en, al menos, 1196 informes de inteligencia.»
Como un profesional del espionaje que es, Zanchetta «accedió ilegítimamente a decenas de bases de datos, registró subrepticiamente reuniones o conversaciones bajo la modalidad de ‘cámaras ocultas’, indagó a través de una ‘red de informantes’ de distintas ubicaciones geográficas y diversos ámbitos, contó con información sobre equipos y herramientas informáticas para infiltrarse e interceptar comunicaciones».
No era todo: el espía contaba con conocimientos y vínculos con expertos en informática que le permitieron ocultar su actividad, para lo cual utilizó un software con seguridad militar para mantener conversaciones, enviar audios, fotografías, archivos en forma segura, obtuvo información respecto al borrado integral de dispositivos, contó con perfiles en redes sociales bajo otras identidades, utilizó más de una decena de líneas telefónicas y correos electrónicos. Por supuesto, semejante despliegue lo dejó a Zanchetta como un violador masivo de la ley de Inteligencia Nacional.
¿De qué hablamos cuando nos referimos a espionaje ilegal? La respuesta hace caer las mandíbulas: entre los datos personales que el laborioso espía recopilaba en sus carpetas había domicilios, sueldos, propiedades inmuebles, titularidad de automotores, participaciones societarias, teléfonos, correos electrónicos, situación fiscal, laboral y crediticia registrada, datos electorales e información sanitaria.
«Estos documentos poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales». Una verdadera tomografía informativa.
Un parque temático de información sensible
El informe judicial es impresionante. Se analizaron 452 chats, 53 videos, 1.919 fotos, 1.629 contactos y 1.632 audios que Zanchetta guardaba en distintos dispositivos que le fueron secuestrados en los allanamientos ordenados sobre su domicilio en la ciudad de Junín: tres discos rígidos externos y 17 DVD repletos con 3,14 terabytes de información ultrasensible obtenida ilegalmente de decenas de fuentes.
Con la colaboración de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DaJuDeCo) se analizaron los datos traficados a través de catorce cuentas de correo electrónico, dos de Instagram, una de Telegram y una de Twitter.
Es tanta la información que la justicia admite apenas haber llegado a la punta de un gigantesco iceberg de espionaje ilegal, en el que se conectan y desenchufan vínculos y datos que comenzaron a ser investigados en distintos expedientes, pero que ahora comenzarían a lucir conectados por un vasto túnel de relaciones entre informantes, espías, funcionarios, legisladores y políticos.
El «compañero» Tailhade
Sólo la enumeración de funcionarios de la justicia mencionados en distintos diálogos es fuerte: además de los cuatro ministros de la Corte -Horacio Rosatti, Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- una lista desordenada pero exhaustiva inclueye a los jueces federales Martín Irurzun, Alriel Lijo, Julián Ercolini, el ahora jubilado Rodolfo Canicoba Corral, Marcelo Martínez de Giorgi, Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia, Sandra Arroyo Salgado, Sebastián Ramos, Federico Villena y usuarios indentificados como «Ramos Padilla», «Freiler» -homónimo del camarista destituido por corrupción- y «AJUFE», acrónimo de la Asociación de Jueces Federales».
También son mencionados el procurador Eduardo Casal, los fiscales Alberto Nisman, Carlos Stornelli, Julio Novo y Franco Picardi.
Uno de los nombres reiterados en las comunicaciones del ex polícía Zanchetta es el de Rodolfo Tailhade, ex director de Contrainteligencia de la AFI y operador judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y receptor reiterado, habitual y continuo de los «despachos» del espía. En esos envíos figuran datos de acceso ilegal, como los movimientos migratorios del ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz, o distintos archivos y carpetas con información de decenas de jueces y fiscales federales.
En una conversaciones fechadas el 9 de septiembre, 28 y 29 de noviembre de 2022, y desde una de la cuentas de Telegram, Zanchetta «le remite al usuario denominado Rodolfo Tailhade diputado un archivo denominado Informe Histórico Causas Carrió», y «un link dinde está completo el chat de jueces fiscales». Esos diálogos abren y cierra con «Hola Rodolfo querido», «tengo algo que te puede interesar de Luis Juez», respondidos por un «cómo estás compañero», «te paso un correo seguro» del usuario Tailhade, que invita: «cuando quieras contame lo de Juez».
Hay más diálogos e intercambios similares reproducidos en el informe, también con usuarios nominados como «Maldonado Miguel», «Nico Amigo Angi» y «Deleted Account».
En esos intercambios aparecen diálogos siempre vinculados a funcionarios y causas judiciales de interés para el kirchnerismo.
Ramos Padilla, Bogado, Bindi y la sombra de Fernando Pocino
Un chat con el usuario Deleted Account, fechado en 2017, es revelador: «¿Pocino vive? Después de haber estado tan mal como se decía», dice esta persona, en referencia al ¿ex? directivo de la AFI Fernando Pocino, adversario interno de Jaime Stiuso. A lo que Zanchetta, desde el usuario de Telegram aaa le responde » seeee, más activo que nunca. Esta operación Ramos Padilla está él detrás, amigo».
Ramos Padilla es Alejo, el exjuez federal de Dolores que llevó adelante la causa del Operativo Puf para tratar de voltear el Caso Cuadernos, y luego ganó el concurso para convertirse en titular del juzgado federal 1, con competencia electoral sobre toda la provincia de Buenos Aires.
Otro detalle de ese diálogo, que tiene algunos tramos más es inquietante: «En esto también está metida la banda de Bogado, Franco Bindi… que responden a Pocino. Me parece». Bogado es Allan, el espía inorgánico denunciado por el fiscal Alberto Nisman como parte de la supuesta conspiración K para encubrir el atentado a la AMIA a través de la firma del Pacto con Irán. Bindi, el actual dueño del flamante canal informativo Extra! donde el presentador Tomás Méndez divulgó conversaciones y audios privados de políticos opositores.
El «Conu» Rodríguez
Otro de los chats consignados en el informe identifica a su interlocutor como «Fabián ‘Conu’ Rodríguez», el nombre de un integrante de La Cámpora muy cercano a Máximo Kirchner y Wado De Pedro, que fue presidente de la agencia oficial de noticias Télam y ahora es subdirector general de Servicios al Contribuyente de la AFIP.
En esos intercambios Zanchetta habla de armar «un parte» respecto del «country en el que vive la nueva ministra de Desarrollo Social», un pedido del usuario «Conu Rodríguez», que le dice «esto me vendría bien también para tener».
«Conu» luego le aclara al espía que «estoy ahora en la AFIP, pero sigo los temas de Provincia. Todo mi equipo quedó ahí. Así que cualquier cosa me decís».
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