Solo en diciembre del año pasado, el PAMI, que comanda la dirigente de La Cámpora Luana Volnovich, nombró a 478 personas en el organismo. Esa cifra se suma a las 200 personas que metió en las últimas semanas y que le valieron una denuncia penal en la Justicia porque la mayoría no tenía los requisitos mínimos -como el secundario completo- para acceder al cargo.
Pero a pesar de las irregularidades, desde el organismo justifican las decisiones y aseguran que se trata de una «regularización laboral» de quienes vienen prestando diversos servicios, sobre todo administrativos, en el organismo. Sostienen que buscan «atender de manera dinámica y eficiente» a los afiliados y «dotar de personal idóneo» al PAMI. La mayoría de los contratados no cumple con los criterios básicos de contratación.
La resolución que incorporó a 478 empleados se firmó el 27 de diciembre pasado. La mayoría ya se encontraba cumpliendo funciones en el Instituto, «con antigüedades diversas y en condición de monotributista», explicaron desde el organismo y agregaron a modo de justificación: «La resolución vino a regularizar las condiciones de trabajo que existían desde hace varios años en el Instituto, otorgándole a las personas trabajadoras un marco de formalidad laboral regulado por la Ley de Contrato de Trabajo».
En esa ocasión la titular del organismo sí exigió como requisito excluyente, tal como marca la ley, que todos presenten el título secundario para poder modificar su situación laboral y pasar de ser monotributistas a una condición de mayor estabilidad.
La parte argumentativa de la resolución de finales de 2021 sostiene que uno de los pilares «que rigen el accionar de este Instituto se basa en atender de manera dinámica y eficiente los objetivos del servicio y gestión que imponen las normas que regulan su accionar, a efectos de brindar una atención eficaz y eficiente».
Según las cifras oficiales el PAMI tiene con 4.800.000 afiliados, en tanto el organismo cuenta con alrededor de 8.000 médicos de cabecera lo que implica que cada uno de ellos tiene la responsabilidad sobre prácticamente 600 pacientes.
El listado con el detalle de los 478 trabajadores cuya situación laboral, según el PAMI, fue regularizada se compone de más de 243 cargos administrativos, más de cien destinados a servicios generales y 82 profesionales, entre los principales grupos detallados.
Las planillas de este grupo de personas se compone de trabajadores destinados a la gerencia de planificación estratégica, jefatura de gabinete, gerencia efectores, de economía financiera, gerencia de administración, análisis y procesos, auditoría prestacional, asuntos jurídicos, direcciones técnicas, gerencia de comunicaciones y el programa PAMI escucha que es de atención online.
En los hechos, la dotación de personal del PAMI es exponencial: hoy, según la información oficial, tiene 13.034 empleados.
Las quejas y reclamos de los afiliados refieren a demoras de hasta tres meses en la atención de determinadas especialidades médicas y en algunos casos incluso, la inexistencia de profesionales como neurólogos o cardiólogos en los institutos, clínicas y sanatorios adonde se derivan beneficiarios de PAMI.
La diputada de Juntos, Marcela Campagnoli, que denunció en la Justicia a Volnovich por los 200 contratos de las últimas semanas, preguntó a qué se deben las demoras en la atención de los jubilados.
Desde el PAMI dijeron que, por un lado, esas quejas responden al «impacto del modelo de pago para médicos y medicas especialistas establecido en el año 2017 por la gestión anterior, y por otro lado, la demanda contenida derivada del contexto de la pandemia por el virus COVID-19». Señalaron que se encuentran implementando un sistema de libre elección y pago por prestación para los estudios de diagnóstico por imágenes para «adecuar la dinámica asistencial a un escenario de alta demanda y, a su vez, asegurar la continuidad de la atención sanitaria, garantizando el servicio de salud a la población afiliada».
Lo cierto es que desde diciembre hasta marzo ingresaron al organismo 678 empleados.
Para la diputada Campagnoli «hay un excesivo incremento de empleados en un organismo del Estado y un marcado incumplimiento de los deberes de funcionario público como se denunció».
La denuncia que presentó Campagnoli contra Volnovich es por los supuestos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por la decisión de pasar a planta permanente a 206 trabajadores sin título secundario cuando la ley exige que lo tengan.
Los números y gastos en el PAMI suman otras advertencias. Según un informe, el organismo destinó 232 millones de pesos en 2021 solo para publicidad. Cuando se consultó al respecto, el PAMI respondió que dentro de las funciones está la de «comunicar las políticas públicas que se desarrollan para garantizar un mayor y mejor acceso a la salud para las personas afiliadas», como el plan Pre Viaje y Medicamentos Gratis.
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