Es el juicio por la obra pública. La ex presidenta deberá estar conectada este lunes durante la audiencia.
La acusación que se leyó durante cinco audiencias y que explica por qué Cristina Kirchner debía enfrentar un juicio oral por presunta corrupción con la obra pública, consta de 600 páginas. Este lunes y durante nueve audiencias, los fiscales ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), Diego Luciani y Sergio Mola, darán inicio a sus alegatos. Sólo la primera jornada está prevista para desarrollarse durante siete horas y la vicepresidenta tiene la obligación de estar conectada. El caso se estructura en tres delitos centrales y como contó Clarín, se sustenta (literalmente) en tres toneladas de documentación que será retomada por la fiscalía.
En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó en 2018 a la ex presidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y al empresario Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos, «plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles». Por ello, se habla de un «direccionamiento» a favor del conglomerado de Báez.
La estructura de la maniobra -bajo análisis durante las 120 audiencias del juicio, a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso-, se basó en una presunta «operatoria criminal». La misma se conformó desde diversos «organismos estatales vinculados a la obra pública” que tuvo como finalidad “la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz».
Ese conjunto de obras, el 11% del presupuesto general de Vialidad Nacional, terminó en manos del holding de Báez gracias a un esquema «de beneficios exclusivos». La imputación sostiene que el dueño del Grupo Austral se convirtió en el «empresario de obra pública vial más beneficiado» por las «gestiones kirchneristas». Hay dos números que sustentan esto: su patrimonio creció un 12.000% y el de su empresa, un 46.000%, según los informes tributarios.
Casi 100 testimonios, incluido Alberto Fernández
Durante el juicio que inició en mayo de 2019 se escucharon más de 96 testimonios, incluido el del presidente Alberto Fernández, que cambiando su criterio a lo manifestado años atrás, salió en defensa de su vice. Esos testimonios, permitieron “acompañar y brindar herramientas para entender en mayor profundidad gran parte de la documentación”, indicaron fuentes del caso a Clarín.
Los informes periciales, los análisis de las 51 licitaciones, los expedientes viales, las notificaciones remitidas por el Grupo Austral, las partidas presupuestarias nacionales, las resoluciones de la Dirección Nacional de Vialidad y de la agencia provincial, los estados contables del holding, las declaraciones testimoniales, son sólo una parte de la gran cantidad de documentación con la que cuenta el caso, que se calculó en tres toneladas en total.
Durante el alegato de la fiscalía, que duraría unas tres semanas, se expondrá un análisis «conjunto de toda la prueba». Fuentes del caso aseguraron a este diario que a lo largo del juicio «se fue fortaleciendo la acusación». Los delitos atribuidos a la vice son el de jefa de una asociación ilícita, la administración fraudulenta y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En Comodoro Py sostienen que se trata de uno de los mayores juicios en materia de corrupción, que tiene un dato inédito: la principal acusada es una vicepresidenta en ejercicio del poder. En casos anteriores los imputados ya se encontraban fuera de la función pública.
La envergadura del caso también se refleja en la cantidad de imputados, 13 en total, y las cifras bajo investigación: una presunta defraudación por 46.000 millones de pesos. Pero además, porque se investigó una maniobra desarrollada durante 12 años, lo que demandó un análisis de todas las partidas presupuestarias, los avances de obra, las licitaciones celebradas durante esa ventana de tiempo.
Durante los alegatos que iniciaron con un pedido de absolución de todos los acusados por parte del gobierno a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), la vicepresidenta como los demás imputados, están obligados a estar conectados durante la extensa jornada.
Una maniobra en cuatro etapas
Hay al menos cuatro etapas que dieron desarrollo a este caso. La primera de las instancias que conforman la acusación, refiere a la “inmersión del amigo y socio presidencial” en el negocio de la construcción vial; después la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (en el ministerio de Planificación Federal).
En tercera instancia, se señaló la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública para finalmente abrir paso a una cuarta instancia: el diseño de un esquema de «beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado».
La relevancia de este caso también radica en que fue declarado como el delito precedente en la Ruta del Dinero K, el caso por el que Báez fue condenado a doce años por haber lavado 55 millones de dólares. El Tribunal del juicio sostuvo en su sentencia que sin los fondos de origen irregular que recibió de la obra pública vial, el dueño del Grupo Austral no habría podido encabezar las operaciones de blanqueo.
En relación a eso, en el expediente se sostiene que existió una etapa posterior al «apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública» que fue el destinado «al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos». Para ello se usaron empresas de Báez para «canalizar fondos hacia los ex mandatarios y sus hijos». Esta secuela de la investigación se analizó en las causas «Hotesur» y «Los Sauces», que se encuentran bajo análisis en la Cámara de Casación.
Sentencia, pena y fueros
Según explican fuentes judiciales, la sentencia del juicio saldría a fin de año, antes de la feria de verano. Respecto a una eventual condena, «las penas concursadas, es decir sumados los delitos, pueden tener un máximo en total de 16 años».
De todos modos, las penas no se hacen efectivas hasta que se consideran «firmes», es decir, que pasan por el filtro final de la Corte Suprema de la Nación. Son revisiones que suelen durar años.
Aun así, en ámbitos políticos se descuenta que la ex presidenta buscará mantener sus fueros en 2023, y por eso sería candidata a una banca de legisladora nacional.
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