Así lo afirmó la Subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Salta en Cadena 365 TV al evaluar el caos provocado por la Ley de Alquileres. Mirá aquí la nota completa.
Emilia Calmejane fue entrevistada por Juan Manuel “Indio” Abdala Ibáñez y analizó la problemática que se vive con los alquileres a partir de la ley que terminó por perjudicar a inquilinos y propietarios y que en su área trabajan en “conciliaciones” entre las partes.
La funcionaria contó que “En estas conciliaciones, justamente lo que se hace es traer a las partes a un ámbito amigable, componedor, y volvemos a hablar y a discutir las cláusulas de los contratos, y volvemos a revisar, y en todo caso si son contratos que se ajustan a la aplicación de la nueva ley, tratamos de que tenga el inquilino las garantías que la ley misma le ha otorgado y si son contratos anteriores a la aplicación de la nueva Ley se tiene que respetar también porque en aquel momento, antes de la vigencia de la nueva ley lo que las dos partes establecían era como la ley misma, y eso sigue rigiendo. Así que el que tiene contrato anterior a la nueva ley tiene que atenerse a la letra del contrato que celebraron en ese momento y los que tienen contrato nuevo o que en este momento que justo ya se cumplieron tres años de esta ley y se están venciendo, tienen que volver a sentarse y tratar de renegociar esos términos”.
Desde la pandemia
Calmejane detalló que “Desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor en pandemia ya habíamos actuado cuando se dispusieron las suspensiones de desalojo y las suspensiones de pago de alquileres en su momento, un momento muy crítico en la historia del país, pudimos resolverlo en la instancia conciliatoria de Defensa del Consumidor, que en ese momento estábamos en proceso de transformar todo ese procedimiento en un procedimiento virtual que antes no existía. A partir de ahí fue todo un cambio enorme.”
Ley de alquileres
Analizando el actual estado de cosas expresó que “Nosotros con la sanción de la Ley 25771, que es la Ley de Alquileres, advertimos en un principio que habían dos artículos que iban a generar estas consecuencias que hoy lamentablemente se están viviendo a modo general en el país. Una es la indexación del contrato con atar y crear este índice de contrato de locación que se va moviendo de acuerdo a lo que establece el Banco Central de la República Argentina y que depende directamente del Estado, y por otro lado la imposición del plazo de tres años mínimos de alquiler, que lo que genera para el propietario no es seguridad jurídica porque no se puede prever con la situación económica que hoy tenemos en el país que pasa con la inflación de acá a mañana directamente. Entonces antes estas circunstancias, este año, en marzo, el día del Consumidor decidimos crear esta Defensoría de Inquilinos, vecinos, consorcistas y propietarios justamente dependiendo de Defensa del Consumidor porque para nosotros el inquilino es un consumidor, y es así por un estudio normativo que hemos hecho, tanto también porque lo dice el Código Civil en su nueva reforma, entonces es aplicable todo lo que es el estatuto de Defensa del Consumidor y esto beneficia mucho en estos momentos, al sujeto que es el más vulnerable, en este caso es el inquilino”.
Una ley lejos de la realidad
La funcionaria municipal explicó que “Durante este mes, tuvimos muchas consultas por esto, porque por supuesto hay un 120% y un 140% de aumento más de lo que venía pagando el inquilino, es una diferencia enorme, es una forma muy difícil de calcular de acá a un año cuánto va a ser el índice de contrato de locación es imprevisible en ese sentido para las dos partes. Muchas de las audiencias que nosotros hemos arbitrado fueron pedidas por los propietarios, porque los propietarios también, obviamente, salen perjudicados y no quieren perjudicar a su vez al inquilino, saben que lo que dice la letra de la ley no es aplicable a la realidad, entonces esto genera una disociación. Tenemos una norma que, en los hechos, en estas dos cuestiones, no es aplicable a los contratos, es muy difícil de hacerla cumplir”.
La solución
La subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Salta opinó que “Hoy en día la solución es que se trate en el Congreso y se reformen estos dos artículos, que se vuelvan a liberar para las partes la oferta y la demanda para el alquiler y además van a tener que tomarse medidas para que también los dueños y propietarios vuelvan a poner esas viviendas que tienen en el mercado del alquiler”.
Solo 100 propiedades en alquiler
Calmejane dio a conocer que “La Cámara Inmobiliaria informó que hay solo 100 viviendas destinadas a familias a vivir en Salta, ha habido una retracción en la oferta de alquiler enorme. Sobre la cantidad de inquilinos no tenemos una estimación, estamos ahora trabajando en el lanzamiento de una encuesta para realmente saber a ciencia cierta de cuántos inquilinos estamos hablando. Esto ha generado un problema enorme, deja a la vista el problema que tenemos de la situación habitacional y obviamente no hay políticas en estos momentos que apunten a restablecer este equilibrio que se rompió, la única forma es el tratamiento de la ley a nivel nacional que tampoco pareciera que se va tratar a corto tiempo y esto también genera una incertidumbre para los inquilinos y para los propietarios, todos están esperando que se trate la ley y que la situación se vuelva a normalizar, pero esta solución no está cercana en el tiempo. Entonces hay que volver a buscar otros mecanismos para recomponer este equilibrio”.
Casos resueltos
Consultada por la cantidad de casos que atendieron y se resolvieron informó “Nosotros hemos resuelto más de 70 denuncias, con audiencias conciliatorias, hemos arbitrado audiencias virtuales y también audiencias presenciales en la que hemos arribado a acuerdos entre las dos partes, por supuesto muchos vienen de propietarios con sus abogados, inquilinos con sus abogados e inmobiliarias, pero el ámbito que le garantiza el Estado en estos momentos a través de este espacio, es un ámbito muy importante para el inquilino y para el propietario también porque se siente más seguro, porque sabe que hay un órgano detrás que está velando por el cumplimiento de la ley porque es una instancia gratuita para el consumidor y además porque se generan instrumentos públicos en esta conciliación. Después hemos tenido casos que se han resuelto en la consulta jurídica, en esos casos son en los que la gente viene con el contrato o con el inquilino, acuerdan, se sacan las dudas, cuál es la aplicación de la ley, que es lo que rige, esto lo puedo hacer o no y se termina en la consulta, así debemos haber tenido más de 600 casos”.
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