El Senado sancionó la ley que prorroga la emergencia sanitaria por seis meses, amplía la integración del Comité Operativo de Emergencias (COE) y crea un régimen especial de contravenciones mientras dure la pandemia por COVID-19.
Los cuestionados superpoderes que tenía la Policía provincial quedaron eliminados con la sanción de la ley ómnibus que envió el gobernador Gustavo Sáenz a la Legislatura para establecer cambios por la preocupante evolución de la situación epidemiológica que registra la provincia como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
La norma, que se trató sobre tablas luego de la media sanción de Diputados, fue enviada a la Legislatura para establecer cambios por la preocupante evolución de la situación epidemiológica que se registra en la provincia como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
La norma prorroga la emergencia sanitaria en la provincia por otros seis meses, amplía la integración del Comité Operativo de Emergencias (COE), crea un régimen especial de contravenciones relacionadas con la lucha contra el COVID-19 y deroga los superpoderes que venía teniendo la Policía provincial.
La ley ómnibus se utiliza para regular materias referidas a un mismo contenido pero que fueron publicadas por separado a través de instrumentos como los decretos leyes o los decretos de necesidad y urgencia.
La prórroga de la vigencia del estado de emergencia sanitaria en todo el territorio salteño por la ley 8188, derivada del DNU 250, por seis meses más, fue aprobada en el Senado con los dos tercios de votos necesarios, pero hubo votos en contra de los senadores Javier Mónico y Guillermo Durand Cornejo.
El título I de la norma establece la ampliación de la composición del Comité Operativo de Emergencia (COE) con representantes de diversos sectores públicos y privados.
La ley ómnibus adapta las disposiciones establecidas en el marco del régimen excepcional establecido en la ley 8191, generado en el polémico DNU 255, y las adecúa a la aplicación excepcional de sanciones contravencionales que tengan que ver con el incumplimiento de las medidas sanitarias.
En este tramo de la ley se establecen las diferentes y numerosas sanciones para las infracciones e incluye el decomiso de vehículos, cuyas disposiciones estarán a cargo ahora de un juez de garantías y ya no del Jefe de la Policía provincial.
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