La insólita maniobra se entiende como estrategia de su defensa mientras espera la fecha del juicio penal por corrupción. El senado salteño sigue amparándolo y no le quita los fueros.
El senador provincial Sergio «Topo» Ramos, quien espera la elevación a juicio de un proceso por supuestos hechos de corrupción que habrían ocurrido durante su administración como intendente municipal de Rosario de Lerma en el año 2014, cambió la estrategia de la causa en la que está imputado y devolvió un millón de pesos de las viviendas que debió construir, asegurando que se trató de un «error administrativo y contable», ocurrido mientras era jefe comunal, dado que ahora ostenta el cargo de senador provincial.
Al estar abierta la causa penal, esta acción de reparo por parte de Ramos podría ser tomada por la Fiscalía como una forma de reconocimiento de culpa y podría agilizar los trámites penales para un posible juicio inmediato, ya que se prueba el evento dañoso que el inculpado negó hace seis años atrás, y ahora decide devolver parte del dinero, buscando exoneración en la pesada causa que espera su elevación a juicio.
Cabe recordar que el senador provincial por el departamento Rosario de Lerma se encuentra imputado por peculado, pero todavía conserva sus fueros a pesar de reiterados intentos de la Justicia por quitárselos para enjuiciarlo, dado que sus pares se abroquelaron inexplicablemente para asegurarle impunidad.
Esta nueva estrategia fue tomada por algunas personas de esa ciudad como el colmo de la impunidad. El «Topo» está imputado por desvío de fondos públicos que fueron transferidos por la Provincia de Salta a la Municipalidad de Rosario de Lerma, luego de gestiones ante la Secretaría de Economía Social y Empleo del Ministerio de Trabajo cuando era jefe comunal.
En una palabra, se lo acusa por este caso de peculado, por el desvío de poco más de $340 mil que la Provincia había enviado para la construcción de viviendas solidarias por medio de cooperativas de trabajo en el año 2014. Todas las pruebas apuntaron a que las viviendas no se hicieron, a las cooperativas no se les pagó, y la plata se esfumó como en varias otras obras inconclusas que dejó su administración en Rosario de Lerma.
Pasaron 8 años y este caso, llamado «Topogate», sigue siendo tan escabroso como la causa de los intendentes, donde Ramos también fue partícipe y se terminó archivando porque ya habían pasado algunos años.
El actual senador provincial tiene una larga historia de procesos judiciales en su contra por sus diferentes administraciones como intendente de Rosario de Lerma. Una de ellas lo llevó a prisión tras ser intervenida la Municipalidad. Al mismo tiempo, hay que reconocer que el «Topo» Ramos siempre contó con el apoyo de los estamentos más bajos de la población rosarina.
Con fecha del mes de octubre, su defensor presentó al juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2ª Nominación una propuesta de pago «resarcitoria» del dinero reclamado por el Estado provincial, arguyendo «que la pretensión resarcitoria no es un incumplimiento de las tareas como administrador del municipio. La omisión (en palabras no tan técnicas según los escritos presentados a la Justicia) responde a que, a pesar de los años transcurridos, se debió a un error por sobrecarga laboral de Ramos y no por causa de intencionalidad manifiesta del acusado».
Esta instancia civil y administrativa que se pretende subsanar por parte de la defensa de Ramos no es paralela con la penal en donde se busca llevar a juicio al senador.
Con la admisión de pagar una deuda, reconoce el hecho inculpable, la intencionalidad (pasaron 8 años) y la falta de rendición de cuentas. Esta especie de defensa entre gallos y medianoche abre una posibilidad a la Fiscalía Penal, según este expediente contencioso administrativo, para utilizar este «error por sobrecarga laboral de Ramos» como prueba irrefutable del delito cometido contra la administración pública.
Se trata de una prueba más que le podría traer secuelas judiciales en lo inmediato, como elemento penal para apurar el juicio por hechos de corrupción contra el senador Sergio Ramos. El también exintendente reconoce haber cometido un evento dañoso mientras fue intendente de Rosario de Lerma, en su última gestión, que concluyó en el 2015.
También vale señalar que en octubre pasado se supo que la Sala II de la Corte de Justicia de Salta resolvió hacer lugar a la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, interpuesta por la defensa técnica del senador provincial Sergio «Topo» Ramos, y, en su mérito, requerir a la Sala IV del Tribunal de Impugnación, que remita los autos principales a esa Corte.
El Tribunal de Impugnación había rechazado el recurso de inconstitucionalidad y por tal motivo, recurrieron a la Corte directamente, quien ahora ordena hacer lugar al planteo y requiere el expediente para ser analizado por la Sala II Penal de la Corte de Justicia. Esta resolución le dio plazo a Ramos para que goce de impunidad. Entre tanto, el Senado provincial continuará sin tratar el desafuero de Ramos.
Con información de El Tribuno
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