La oposición pidió una sesión para el 23 de agosto con el objetivo de derogar la norma actual y establecer una nueva ley. Juntos por el Cambio se impuso en la Cámara de Diputados y será tratada después de las PASO.
Con 102 votos positivos, 113 negativos y nueve abstenciones, fracasó el intento de JxC de derogar la Ley de Alquileres.
En medio de una escalada inflacionaria, con índices más altos que los reportados en la década de los ’90, la oposición y el oficialismo en la Cámara de Diputados siguen sin ponerse de acuerdo aunque Juntos por el Cambio consiguió convocar a una sesión especial para tratar una nueva ley de alquileres pese al rechazo del Frente de Todos.
La propuesta surgió a partir de un pedido que hizo el radical Mario Negri y que contó con el apoyo de gran parte del arco opositor para que se cite a una sesión para el 23 de agosto, diez días después de las PASO, para tratar la derogación de la actual norma y debatir los proyectos vinculados con el tema alquileres.
Durante la sesión especial convocada este miércoles por el oficialismo para debatir un paquete de unos diez proyectos, Hernán Lombardi pidió un apartamiento del reglamento para que se trate sobre tablas la derogación de la Ley 27.551 o “ley Lipovetzky”, sancionada en junio de 2020 y actualmente vigente.
En marzo del año pasado, Juntos por el Cambio ya había planteado la discusión para tratar tres proyectos que justamente impulsaban la derogación de la norma. Así se realizó una serie de reuniones informativas, pasaron más de 130 expositores sin lograr consensuar un dictamen.
En consecuencia, hubo una propuesta por la mayoría del Frente de Todos que reivindica la Ley 27.551 y otro por minoría de Juntos por el Cambio y bloques federales que modifica la norma.
El 21 de diciembre de 2022, el oficialismo convocó a una sesión para tratar la Ley de Alquileres, pero Juntos por el Cambio se negó a dar quórum. Es que aquella fue una jugada del kirchnerismo que quiso aprovechar algunas ausencias en la oposición para aprobar su propuesta.
Por eso, Hernán Lombardi pidió este miércoles un apartamiento del reglamento para ir por «la derogación de Ley de alquileres», el objetivo de máxima de Juntos por el Cambio. El diputado avisó que el pedido será realizado «todas las veces que haga falta para reflexionar sobre la gravedad de dónde estamos parados».
«A tres años de vigencia de la Ley de Alquileres hay valores que subieron hasta 600 %. Los inquilinos están absolutamente sufrientes porque se retiró la oferta. Entendamos que no hay oferta. Es una ley que no funcionó, que es una catástrofe», fundamentó Lombardi.
Rápida fue la reacción del oficialismo. «No vamos a acompañar porque no vamos a dejar a los inquilinos a que vayan a una negociación completamente asimétrica», devolvió Germán Martínez para tensar el debate.
Acto previo, Myriam Bregman anticipó el voto en contra de la izquierda al pedido de Lombardi. La diputada acusó al representante del PRO de dejar a los inquilinos sin ley. «Lo que se pretende es dejarle las manos libres completamente al mercado inmobiliario», completó.
Para esa instancia, la discusión se había desviado. Graciela Camaño advirtió que «hay un cinismo tan grande en este debate». «Hay dos dictámenes, todo en el contexto de una norma mal redactada y en un contexto económico que no ayuda a que alguien tenga la razón de la ley de alquileres», agregó.
Con 102 votos positivos, 113 negativos y nueve abstenciones, fracasó el intento de derogar la Ley de Alquileres.
Mientras que Carolina Píparo, quien primero tuvo que aclarar a qué bloque pertenece -ingresó por el espacio de José Luis Espert y ahora es candidata de Javier Milei-, le apuntó al oficialismo por no querer derogar la ley. «Eso es oportunismo electoral», le endilgó.
En un intento por cerrar la discusión, el jefe del radicalismo, Mario Negri, buscó comprometer al oficialismo a una sesión especial para el 23 de agosto «a los efectos de considerar los expedientes vinculados a la ley de alquileres».
«Este es un aplazamiento al recinto», le contestó Germán Martínez desde la otra punta del recinto. «Usted puede solicitar una sesión especial y la presidenta está obligada a convocarla», le indicó el jefe del bloque kirchnerista, quien pidió que «sea cuidadoso».
De la discusión legislativa se pasó a una pelea gramatical por las comas que llevaba el artículo del reglamento que rige cómo se vota una moción. Casi en un papel de mediadora, Camaño les reprochó a sus pares que era «una discusión totalmente inútil». «Hay una moción y se debe votar», les dijo.
Empantanados en un debate de interpretación del reglamento, Silvia Lospennato propuso un cuarto intermedio para decidir cómo se resolvía su pedido de sesión especial, tras el fracaso de la propuesta de Lombardi para que la derogación de la ley de alquileres se trate sobre tablas.
Después de horas de negociación, Negri consiguió las firmas de otros 12 jefes de bloque para que se convoque la sesión el 23 de agosto, incluyendo a los distintos espacios que integran Juntos por el Cambio y sus aliados, además del interbloque Federal, y los libertarios José Luis Espert y Javier Milei.
Sin embargo, no hay un total acuerdo en Juntos por el Cambio porque, según pudo averiguar este diario, hay diputados del PRO que no están muy de acuerdo con derogar la ley o modificar dos artículos que tienen que ver con el plazo de los contratos y el mecanismo de actualización.
En el radicalismo hay una posición unificada en favor de la derogación de la norma para que se traten no sólo los dictámenes firmados sino también todos los proyectos vinculados con alquileres. Es que entienden que los proyectos que quedaron habilitados para tratar en el recinto fueron debatidos en un contexto inflacionario de entre 50% y 70% mientras que ahora está en el 146%.
La diputada Karina Banfi afirmó que «sin esta ley habría más oferta en el mercado inmobiliario porque se ganaría en confianza entre los propietarios».
La propuesta del Frente de Toda apuesta a mantener el plazo de tres años en los contratos, un índice de actualización que combine el IPC y Ripte y otorgar más facilidades a los inquilinos para la presentación de garantías.
Mientras que el dictamen de Juntos por el Cambio propone volver a dos años el plazo mínimo legal de los contratos y prevé que los inquilinos y propietarios acuerden los intervalos para la actualización de los valores (entre 6 y 12 meses) y también “las partes” deberán convenir el mecanismo de ajuste al inicio del contrato pudiendo aplicar el IPC, IPIM o el Índice de Salarios que elabora Indec o una combinación entre ellos.
Esta propuesta fue apoyada por Juntos por el Cambio junto a los socialistas y los diputados de Río Negro. Pero ahora hay diferencias en la oposición sobre los alcances de esta propuesta y también deberán trabajar para conseguir el número para aprobarla.
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