Desde el organismo provincial buscan alternativas para no frenar la edificación de unas 2.100 viviendas.
Una de las alternativas con las que el Gobierno provincial busca salir de la paralización de las obras públicas, impuesta por el feroz ajuste fiscal que lleva adelante Nación, es habilitar un mecanismo para que sean los privados los que las financien. Es lo que se está evaluando, al menos, en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para unas 2.100 casas sociales que quedaron inconclusas por el intempestivo corte de fondos estatales.
El titular del IPV, Gustavo Carrizo, adelantó hoy por Radio Salta que se piensa en un esquema de ahorro previo entre los adjudicatarios de las viviendas para continuar con las construcciones. Aclaró que hay distintas situaciones, con urbanizaciones ya prácticamente finalizadas y otras con un 40% de avance de obra, por ejemplo.
Más allá del aporte que podrá hacer el beneficiario de la vivienda, Carrizo reconoció que también será necesario obtener otro financiamiento para encarar la última etapa de las edificaciones inconclusas.
«Ya veremos si lo hacemos a través de una securitización bancaria o con aportes de la Provincia», explicó el funcionario.
Señaló que mañana tiene prevista una reunión con el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, para avanzar con el modelo de financiamiento de las obras. Y que también se trabajará con posibles aportes de los municipios.
De las 2.100 construcciones de viviendas que quedaron atrapadas bajo el nuevo paradigma nacional de «no hay plata», 1.100 se encuentran en la capital salteña y de ellas la gran mayoría en el barrio Pereyra Rozas. El restante se distribuyen en distintos puntos del interior salteño.
Por otro lado, según dijo Carrizo hay otras 500 unidades que se encaran con fondos del IPV, que no se paralizarían.
Todas las viviendas aún no fueron adjudicadas.
Dio a conocer, además, que hay unas 2.000 viviendas que están proyectadas, que por ahora no tienen cómo iniciarlas ante la falta de recursos económicos.
Cómo afecta la Inflación
En medio de este panorama, una cuestión no menor para la administración del IPV es la incertidumbre que se plantea por la inflación.
«Lo que más nos complica en este momento es el proceso inflacionario, porque todo lo que diseñamos hay que modificarlo todos los meses. Entonces ese es un punto de partida clave para nosotros», dijo el presidente del instituto.
Estimó que el metro cuadrado de obra cuesta actualmente 700.000 pesos. Es decir que una vivienda de las que construye el organismo sale alrededor de $50 millones.
Los precios de las cuotas
Los únicos recursos genuinos con los que cuenta el IPV son los que se obtienen de las cuotas mensuales que pagan los adjudicatarios por los créditos que establecidos para sus viviendas. Quienes que fueron adjudicados antes de 2018 cuentan con cuotas fijas y los beneficiarios a partir de ese año tienen actualizaciones periódicas en sus aportes.
Carrizo señaló que la mora en esos pagos ronda el 13%. Aunque advirtió que se están presentando casos de adjudicatarios que se les «está haciendo cuesta arriba cumplir», por la situación económica del país. En los últimos barrios que entregó el organismo, las cuotas se encuentran entre los 70 mil y 95 mil pesos.
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