Lo alquiló para las oficinas de Emilio Pérsico, gastó 2,6 millones de dólares en remodelarlo y seis meses después se lo devolvió a su dueños. La ministra Sandra Pettovello hará una denuncia penal con el caso.
El trece de mayo del 2022, el Estado Nacional alquiló cinco pisos y treinta cocheras de un edificio que se levanta a pasos del obelisco, en Avenida Roque Sáez Peña 1149, a un costo de doscientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos pesos. La decisión, avalada por los organismos de control, fue tomada por el Ministerio de Desarrollo Social. Esos inmuebles fueron destinados para iinstalar oficinas de la Secretaria de Economía Social, de Emilio Pérsico, y también para despachos que necesitaba la Secretaría de Abordaje Integral.
El contrato de alquiler fue por treinta y seis meses más un posible año más de prórroga. La adjudicación de la renta fue para la empresa dueña de esos departamentos y los garages, Diagonal Plaza S.A. Los funcionarios empezaron a trabajar allí. La evaluación del Gobierno fue que el edifico estaba en óptimas condiciones.
Sin embargo, en agosto del 2023, a pocos meses del final del mandato de la Presidencia K, el mismo Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, contrató a una constructora para que realizara un “servicio de reacondicionamiento de espacio” de las oficinas alquiladas en Roque Sáenz Peña 1149. El costo de la “puesta en valor” era de dos millones setecientos mil dólares. Al cambio actual de la divisa norteamericana en el mercado “blue”, son más de doscientos setenta millones de pesos.
La compañía que ganó esa contratación millonaria para modificar las oficinas que estaban en absoluto buen estado –de acuerdo a la propia administración K- se llama Secavit S.A. Además de la ya de por sí sospechosa modificación de los pisos de Roque Sáenz Peña 1149, se suma el plazo de tiempo en que se deberían haber completado esos trabajos. Un año. Cuando las actuales autoridades del ahora llamado Ministerio de Capital Humano, al mando de Sandra Pettovello, revisaron los contratos antes mencionados detectaron que la “puesta en valor” de las oficinas culminarían seis meses después de que el Estado devolviera los departamentos a sus dueños.
La secretaría de coordinación de Legales de la gestión de Javier Milei presentarán una denuncia penal en los próximos para que la Justicia determine si la transferencia millonaria en dólares con fin insólito para el edificio “fantasma”. Clarín accedió a la documentación de este caso, que se suma a la serie de irregularidades y causas de posible corrupción que se descubrieron en los últimos meses, gracias a diversas auditorías sobre el funcionamiento de los organismos públicos impulsadas por la Casa Rosada.
El edificio “fantasma” suma además otra variable que fue quizás la que llamó la atención de los revisores de las cuentas de Capital Humano: la constructora Secavit S.A no solo se alzó con el contrato de dos millones setecientos mil dólares para remodelar las oficinas que usó la Secretaría de Economía Social K: por razones que quizás no tengan que ver con la burocracia de las licitaciones públicas, también logró que se le giren alrededor del sesenta por ciento de los fondos aun cuando no había iniciado los trabajos.
La empresa Secavit S.A. se benefició con otros negocios de otras licitaciones públicas durante la era K.
Ubicada en la localidad de Ramos Mejía, Buenos Aires, la constructora está inscripta en los registros públicos como una sociedad que tiene como actividad principal el “Comercio al por mayor y al menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas”.
Aunque difiere de los trabajos para los que fue contratada por Desarrollo Social durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, su actividad “secundaria” sí coincide con el contrato millonario en dólares que ganó para reparar los departamentos de Roque Sáenz Peña 1149: “Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales (incluye la construcción, reforma y reparación de viviendas unifamiliares y multifamiliares; bungalows, cabañas, casas de campo, departamentos, albergues para ancianos, niños, estudiantes, etc)”.
¿Por qué Desarrollo Social en Gobierno K había destinado dos millones setecientos mil dólares para remodelar o poner “en valor” las oficinas que había alquilado antes para la Secretaría de Economía Social y para la Secretaría de Abordaje Integral? Para las actuales autoridades nacionales que administran esos fondos, el caso es paradigmático por la cifra multimillonaria en dólares que se transfirió para garantizarse esos trabajos, pero también por la casi explícita coincidencia de que los pisos de Roque Sáenz Peña, una vez remodelados, “puestos en valor”, ya estarían otra vez bajo potestad de sus dueños originales.
“Es una cifra astronómica para ese tipo de trabajos”, dijeron fuentes oficiales que presentarán la denuncia en la Justicia sobre el llamado “Edificio Fantasma”, y agregaron: “Es un esquema perfecto, siempre y cuando el objetivo fuera dilapidar recursos y beneficiar a terceros en detrimento del bien común”.
El contrato con Secavit S.A. fue dado baja. Será la Justicia la que determine por qué le fueron adjudicados los trabajos de la polémica.
Los funcionarios de la secretaria de Coordinación de Legales de Capital Humano aseguraron que el contrato bajo sospecha tiene “sobreprecios”, y agregaron que el monto estipulado para abonarle a Secavit S.A. es “cinco veces superior al que ofertó la empresa que perdió en la puja con esa compañía”, a lo que agregan que “carecía de justificación alguna en su elección”.
De acuerdo a la documentación oficial, el director de Secavit S.A. es Sebastián Lichtenberg. La directora suplente es Candela Constanza Rodríguez.
La constructora no carece de éxitos en la adjudicación de negocios con el Gobierno de los K.
De acuerdo a documentación oficial, Secavit S.A. ganó licitaciones públicas con varios organismos estatales, siempre durante la gestión presidencial anterior, pero sobre todo se benefició gracias a las buenas ofertas que realizó en pujas de precios con competidoras para trabajar y ganar dinero con la ANSES, bajo mandato de la dirigencia de La Cámpora.
Fue contratada, por ejemplo, para venderle a ese ente estatal mil trescientas cuarenta y ocho “unidades de pantallas sanitarias” en plena pandemia de Covi-19. Pasó el 27 de mayo del 2020.
Este negocio de Secavit S.A. fue de cinco millones ochocientos veinte mil seiscientos veinte pesos.
¿Por qué una constructora vendió las pantallas sanitarias?
La explicación de la gestión de ANSES de aquel tiempo fue que había una “imperiosa necesidad de adquirir pantallas sanitarias, las cuales se deberán instalar en los escritorios del personal de ANSES que esté en contacto directo con los ciudadanos, con el fin de preservar la salud”.
Otro contrato que ganó Secavit S.A, siempre en licitación pública con la ANSES, también para entregarle a ese organismo “pantallas sanitarias” relativas al Covid-19. En este último caso, entregó dos mil “pantallas sanitarias”, esta vez, por doce millones novecientos mil pesos.
Hay otros contratos del mismo estilo y con varios organismo más.
La llamativa remodelación del edificio de Roque Sáenz Peña 1149 tendría un antecedente similar.
Siempre de acuerdo a la documentación oficial, en septiembre del 2022 Vialidad Nacional contrató a Secavit S.A. para remodelar parte de la sede central de ese organismo. El valor de esa modificación arquitectónica de las oficinas del organismo que debe velar por la construcción, expansión y promoción de los caminos de la Argentina, fue de 90 millones de pesos.
Aunque fue un trabajo nonato debido a la cancelación del contrato de Secavit S.A, el trabajo por el que habría cobrado dos millones setecientos mil dólares incluía la “puesta en valor” de los despachos que ocupó Desarrollo Social en los pisos uno, dos, cinco, ocho, nueve y once de Roque Sáenz Peña 1149.
No se incluyeron, como era de esperar, otras rentas que pagó el Estado en ese mismo lugar. Se trata de las treinta cocheras que están ubicadas en el segundo, tercer y primer subsuelo en Avenida Roque Sáenz Peña 1149. El “edificio fantasma”.
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