Peligran las prestaciones a jubiladosEl gremio de empleados pidió la intervención del PAMI de Salta

Son los gremios que aseguran que hay un descontrol total y crisis prestacional en la obra social de los jubilados.

Por medio de una nota que ya fue presentada a las autoridades correspondientes, el gremio SUTEPA (Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del PAMI), pidió que se intervenga la oficina central del organismo.

Junto a los representantes de la UGL (Unidad de Gestión Local) de Misiones, pidieron que las autoridades intervengan por situaciones que, «de prolongarse en el tiempo ponen en riesgo la atención de los afiliados y los puestos de trabajo de los compañeros», advirtieron en un comunicado. 

En el caso de Salta, destacaron que atraviesa una «crisis prestacional severa» y repasaron algunas situaciones como la falta de prestaciones, entre las que se encuentra la falta de especialistas, médicos de cabecera, y la posibilidad de hacer auditoría a los prestadores. También advirtieron que este año no se realizó la campaña de vacunación antigripal. Además señalaron «el ingreso de voluntarios con acceso al sistema» y despidos de profesionales «para ingreso de familiares». Viviana Molina, hermana de la actual directora del Pami, Veronica Molina, es una de las señaladas por los gremios. 

Violencia de género
 
Sutepa además alertó dos situaciones de violencia de género que golpean de lleno a las oficinas de Salta y Misiones. En el caso local, advirtieron que la agencia de Cafayate está representada por un «jefe con denuncias de violencia». Dicha agencia está a cargo de Natalio Marzorati que fue denunciado por al menos dos mujeres por lesiones.

Mientras que en el caso de Misiones, el gremio resaltó las diferentes advertencias sobre al actuar violento de un funcionario de recursos humanos que recientemente fue denunciado por una empleada de limpieza por violación con acceso carnal. El funcionario está actualmente prófugo.

Si bien el malestar de los trabajadores para con la gestión de Verónica Molina viene desde hace tiempo, la gota que rebalsó el vaso fue la declaración de tres exgerentes del interior que, en la causa por el cobro irregular del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), aseguraron que les retenían el 20% del sueldo para La Cámpora. Por estos dichos se inició una nueva investigación a cargo del fiscal Ricardo Toranzos y por la cual se allanaron las oficinas locales.