Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que la administración de Javier Milei acudió a la Justicia para reajustar las cuotas de 18 empresas de medicina privada; sugiere un mecanismo de reembolsos entre junio y diciembre por los “excedentes” facturados entre enero y abril.
Luego de la instancia administrativa en la Secretaría de Industria y Comercio que determinó el reajuste inmediato de las cuotas de siete prepagas, el Gobierno elevó aún más el nivel de acción contra el aumento de las prepagas. Fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que ya presentó una medida cautelar en la Justicia con el objetivo de recalcular los aumentos de 18 empresas y elaborar un mecanismo de devolución del dinero que los afiliados abonaron por encima de lo que hubiera marcado el incremento inflacionario.
El Gobierno presentó la cautelar ante el Juzgado 9 de la Cámara Federal Civil y Comercial. Según informaron fuentes oficiales, las prepagas comprendidas en ese documento son 18, ampliando las alcanzadas por la resolución de Comercio: OSDE, Swiss Medical, Omint, Galeno, Medicus, Accord Salud, Hospital Italiano, Medifé, Sancor, Medicina Esencial, Prevención Salud, Hominis, Avalian, Federada Salud, SIPSSA, OS Pasteur, Jerárquicos Salud y Met Córdoba. Según estimaciones de las Superintendencia de Servicios de Salud, estas empresas nuclean al 90% de los afiliados.
Esta presentación judicial del Gobierno es una acción distinta a la disposición del Ministerio de Economía, que surgió a raíz de una denuncia de la Coalición Cívica y generó una investigación por supuesta colusión (cartelización) en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) de la Secretaría de Industria y Comercio. Es decir, el reajuste de las cuotas dispuesto para siete prepagas por Hacienda, que el Ejecutivo confirmó que entra en vigencia de inmediato y se verá reflejado a partir de mayo, avanza por un carril distinto a la cautelar presentada que involucra a 18 prepagas.
Pese a dicha diferencia, el método de reajuste que el Gobierno volcó en su presentación judicial es el mismo: recalcular aumentos según inflación. Lo novedoso del documento judicial es el adjunto que agregó el Ejecutivo: una propuesta de devolución del dinero por parte de las empresas que la administración de Javier Milei consideró excedente.
La propuesta del Gobierno, tal como explicaron fuentes oficiales, establecería un mecanismo de devolución en partes iguales entre junio y diciembre de este año. Según cálculos de la Secretaría de Industria y Comercio, el 70% de lo facturado por las prepagas habría sido un excedente. En caso de ser aceptado por la Justicia, ese 70% sería reembolsado durante los meses mencionados.
Varios representantes del sector privado de la salud le dijeron a LA NACION que están analizando “la factibilidad de reajustar las cuotas” y afirmaron que devolver el dinero sería “inviable” y podría “quebrar al sistema”.
El Gobierno considera que un reembolso gradual a los afiliados sería viable para las empresas, a diferencia de lo que creen representantes de las prepagas.
Más allá de la presentación judicial, el análisis del Gobierno arroja que supuestamente existió una “actitud abusiva” de las prepagas. Argumentan que antes de desregular los precios del sector con el “megadecreto” de diciembre (DNU 70), el sector iba a aumentar un 6,56% en enero, que supuestamente era lo que indicaba el Índice de Costos de Salud que estaba en vigencia en aquel momento. Este índice estipulaba una fórmula de actualización que ponderaba insumos y otros gastos de la medicina privada, y marcaba cuánto debían aumentar las prepagas tal como habían acordado con el Gobierno anterior.
Dicha regulación desapareció y en la administración de Javier Milei opinan que es razonable que el incremento de enero haya sido superior al del viejo Índice de Costos de Salud, pero observan que hay una diferencia “llamativa” con las subas de hasta 44% que registraron en ese mes.
Además de identificar “movimientos en bloque” en los aumentos de las cuotas, el Gobierno asegura haber detectado una mecánica similar en los pagos que las prepagas realizan a los prestadores, tales como sanatorios o clínicas. Antes de la desregulación, la norma indicaba que las empresas debían transferir el 90% del dinero recaudado por el aumento, pero después, según una muestra analizada por el Ejecutivo, “la mayoría” transfirió menos, “casi todas alrededor del 80%”, con pagos a 90 y 120 días, en promedio. Por esta razón, para la administración de Javier Milei también habría existido un rédito financiero de las prepagas que se sumaría al del incremento de las cuotas.
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