Por Julio Blanck
La Corte había bloqueado el traslado de jueces al decisivo fuero federal. Ahora definirá bajo qué condiciones hacerlo.
El Gobierno parece haber rescatado de un naufragio seguro su plan para avanzar en la recomposición de los tribunales y la oxigenación de la Justicia federal. Es un proceso en el que sueña con equilibrar el poder de la sólida cofradía de camaristas, jueces y fiscales de Comodoro Py. Pero evitar el naufragio no es lo mismo que llegar sano y salvo a la orilla: el Gobierno deberá trabajar mucho y sin errores de aquí en adelante si pretende que su propósito de regeneración institucional funcione algún día en la Justicia.
En lo inmediato, y si ningún imprevisto se interpone, quizás en una semana la Corte Suprema establezca precisiones y límites a su decisión del pasado 15 de marzo, por la cual invalidó el funcionamiento de un tribunal oral que debía juzgar las megacausas contra Cristina Kirchner, y a la vez bloqueó el traslado de magistrados del fuero ordinario al federal, que es donde son juzgados los funcionarios y sus actos. Ahí estaba el núcleo del actual conflicto.
En Clarín, el miércoles, el periodista Eduardo van der Kooy anticipó que se estaba negociando que aquella polémica resolución de la Corte no tuviera efecto retroactivo. Es decir que no se anularan los traslados de jueces al fuero federal realizados el último año, en cumplimiento de una ley votada en 2016 y que hasta el momento no había recibido objeciones. Horas después se consolidó esta salida, que sería el elemento básico del salvataje.
En paralelo, se mantendría la invalidación del Tribunal Oral Federal 9 y se establecerá que en el futuro todo traslado de jueces de un fuero a otro deberá requerir acuerdo del Senado. Esto le da un lugar en el juego a los senadores peronistas que comanda Miguel Pichetto, quien el martes almorzó con el presidente Macri. Consecuencia de la convicción republicana o de la falta de mayoría parlamentaria propia: cada quien puede elegir su opción favorita.
En el tramo final de esta negociación urgente hubo una gestión personal del ministro de Justicia, Germán Garavano, ante la Corte Suprema, realizada con toda discreción el día martes. Y una resolución adoptada el miércoles por el Consejo de la Magistratura, sumando más presión sobre el máximo tribunal. Estas dos movidas habían sido anticipadas desde el lunes en Clarín.
Detrás de la contraofensiva del Gobierno está la decisión de Mauricio Macri de sostener la pulseada con la Justicia; cuestión de la que el mismo Presidente, con los cuidados protocolares del caso pero en términos indudables, anotició al jefe de la Corte, Ricardo Lorenzetti, diez días atrás.
Aquella acordada que volteó al Tribunal Oral 9, junto con la anulación de los traslados de jueces del fuero ordinario al federal para completar vacantes en cámaras y tribunales, había sido leída por el Gobierno como una protección corporativa desde la Corte Suprema a la cuestionada Justicia federal, que se atrinchera en el edificio de Comodoro Py.
Si esa conspiración judicial existió, se topó al día siguiente con la desgracia del escandaloso fallo que liberó al empresario Cristóbal López y la rebajó el grado de acusación por haberse quedado con 17.000 millones de pesos que son del Estado.
La Justicia federal, más allá de la virtud o la buena intención de algunos de sus integrantes, quedó enchastrada en el barro de ese fallo vergonzoso del que todo mundo, dentro de los tribunales, sospecha que fue empujado con cifras millonarias en dólares. Macri vio esa luz y hacia esa fisura ordenó la embestida.
Así, el martes, cuando las sombras de la tarde empezaban a caer sobre el Palacio de Tribunales, el ministro Garavano llegó sin pompa ni protocolo para desplegar una gestión intensa y discreta ante tres miembros de la Corte Suprema. Se reunió por separado con Elena Highton, con Horacio Rosatti y finalmente con Lorenzetti.
No hubo información oficial sobre lo conversado. Una curiosa versión extraoficial, de fuentes judiciales, señaló que sólo se había hablado de las reformas en la Justicia que la Corte y el Gobierno se proponen encarar en conjunto. Una segunda versión confiable, más extraoficial que la anterior si se quiere, admitió que “teóricamente” la reforma judicial había sido el motivo de la presencia de Garavano en Tribunales, pero que el tema más candente que se había tratado era la acordada de la Corte que bloqueaba los traslados de jueces del fuero ordinario al federal.
El miércoles, el plenario del Consejo de la Magistratura tomó una decisión inusual: le reclamó a la Corte Suprema que explique “el sentido y alcance” de la acordada que anuló el Tribunal Oral 9. No es habitual este tipo de intercambio entre la cabeza del Poder Judicial y el organismo que, entre otras funciones de alta responsabilidad, juzga y eventualmente sanciona la actitud y desempeño de los jueces.
Fue una decisión por amplia mayoría en la Magistratura, a la que sólo se opuso el diputado ultra K Rodolfo Tailhade, quien dijo en el debate que “desde hace dos años se vienen armando tribunales especiales para juzgar a la ex Presidente”. De paso, intentó que se mantuviera el bloqueo al traslado de jueces al fuero federal.
El presidente del Consejo, Miguel Piedecases, propuso la decisión finalmente aprobada, planteando que había que disolver la nebulosa existente entre la polémica acordada de la Corte de hace dos semanas y la ley votada por amplia mayoría en el Congreso en 2016, que permitió esos traslados.
En aquella ocasión, el proyecto se impuso por 128 votos a 18 en la Cámara de Diputados y por 48 votos a 7 en el Senado. Aunque es oportuno recordar que en aquel debate parlamentario ya se había planteado la necesidad de que mediara un nuevo acuerdo del Senado para que los jueces cambien de fuero.
La correlación de fuerzas en la coyuntura determina, al día de hoy, tres cuestiones simultáneas:
Que la Corte deba limitar el alcance de su decisión, abriendo la puerta al traslado de jueces aunque en los despachos del máximo tribunal se siga pensando que el Gobierno intenta “meter jueces amigos por la ventana”. Y que se sostenga, con enojo, que “la estrategia del Gobierno es buscar siempre alguien con quien pelearse y ahora el enemigo es la Corte”.
Que la cofradía de Comodoro Py acepte este retroceso parcial, como costo emergente del desastre jurídico y de imagen públicaque provocaron los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah con su fallo escandaloso en beneficio de Cristóbal López.
Y que el Gobierno, que supo sacar provecho de debilidades ajenas para superar y disimular las propias, tenga margen para apurar el paso y avanzar en reformas en la Justicia. Un punto clave es la designación de jueces: Macri en dos años ya produjo 48 nombramientos, pero hay 240 cargos vacantes, de los cuales 192 están en proceso de concurso en el Consejo de la Magistratura.
Otra clave es la nominación de Inés Weinberg para la Procuración General, el lugar que tanto politizó y partidizó la kirchnerista Alejandra Gils Carbó. También de eso hablaron en su almuerzo a solas Macri y el senador Pichetto.
Estas variables se despliegan en un contexto de inédita tensiónque incluye al Gobierno, la Corte Suprema, el Congreso, los jueces y camaristas federales y el Consejo de la Magistratura.
Casi todos sospechan de casi todos. No parece el entorno ideal para que los buenos propósitos progresen.
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