Marcos Peña ratificó que reimpulsarán la iniciativa y que estarían dispuestos a realizar más modificaciones; el proyecto se había frenado en el Senado ante los desacoples entre Pichetto y los gremios de la CGT
La extenuante última jornada legislativa, al filo del fin de año, dejó satisfechos a los principales referentes de Cambiemos en el Senado. «Me voy a mi provincia con el deber cumplido», respiró aliviado el misionero Humberto Schiavoni, jefe de bloque Pro en la Cámara alta. El presupuesto 2018 y otros proyectos ya habían sido convertidos en ley.
No habrá, de todos modos, demasiado tiempo para la distensión. El gobierno de Mauricio Macri impulsará en las sesiones extraordinarias, previstas para febrero, la discusión del proyecto de reforma laboral, frenado por el peronismo que encabeza Miguel Ángel Pichetto y la CGT antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.
El Presidente confía en que ahora la reacción de la oposición será «muy distinta» a la que se produjo durante la discusión de la reforma previsional, que trajo violencia en las calles y generó zozobra para el Gobierno.
«Hay algunas leyes que ya tienen media sanción, como la del financiamiento productivo, (de) defensa de la competencia, otras que tienen un grado de consenso importante, porque realmente creemos que son muy beneficiosas para los trabajadores, como es la reforma laboral, consensuada con la CGT. Esperamos poder tratarlas en la sesión extraordinaria de febrero», dijo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el jueves pasado, al anunciar un aumento de las metas inflacionarias.
La intención del oficialismo, sin embargo, ya encontró algunos obstáculos. Pichetto ya rechazó debatir el proyecto laboral. «Para febrero no creo que constituyamos la Comisión de Trabajo. No tengo ningún interés en hacerlo», dijo el senador del PJ a LA NACION.
La otra dificultad que minará el anhelo del macrismo es la postura de la CGT, que está sumida en una crisis y en la que el proyecto laboral agitó viejas disputas internas y no hay una estrategia sindical común.
«El proyecto quedó licuado con los cambios que introdujimos. Si quieren sacar la ley, el Gobierno es el que deberá traccionarla», dijo a LA NACION Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la central obrera.
Dentro del Gobierno, el ala que responde sin chistar a Peña no tiene dudas. «Va a ir todo en un mismo paquete productivo y laboral, entre febrero y marzo: financiamiento productivo, compre nacional, defensa de la competencia y los temas laborales», detalló a LA NACION un alto funcionario del Poder Ejecutivo.
En el Gobierno no desconocen que la posición de Pichetto será un escollo fundamental a resolver. Pero confían en que «la vía del diálogo» alcanzará para convencerlo, según se entusiasmó un ministro. «Creo que igual la clave va a estar en negociar sector por sector con la CGT y los principales sindicatos para que no se opongan», agregó un senador de peso de Cambiemos. «Si la CGT acompaña, Pichetto también», se esperanzan en el oficialismo.
Dividir el proyecto
Una posibilidad, apenas esbozada por Peña, es que finalmente se resignen más puntos conflictivos y que del proyecto se aprueben sólo los capítulos en los que se llegue a un consenso. Para otros, hay que subdividir la ley sí o sí para evitar conflictos, dentro y fuera del Congreso. «Tenemos que decir: bueno, hay acuerdo en el blanqueo a los trabajadores en negro y en algún otro tema. Aprobemos eso y listo, imagínate lo bueno que sería que un millón de personas más estuvieran con su trabajo en blanco», afirmaron a LA NACION desde la UCR.
El titular del interbloque Cambiemos en el Senado, el radical Luis Naidenoff, se manifestó en favor de dar el debate. «Me parece importante discutir las modificaciones y cambios laborales que tiendan a terminar con la precarización y la informalidad a través del blanqueo. En cuanto a las modalidades de contratación, tienen que participar sí o sí los representantes de los trabajadores, la CGT, cada uno con su verdad, y dar un debate serio», dijo el formoseño.
En el Gobierno creen que el escenario en el que se discutirá la ley laboral será diametralmente opuesto a lo vivido con la reforma previsional. «No va pasar lo mismo. Son otro tipo de temas», especularon cerca del ministro de Trabajo Jorge Triaca, encargado de la negociación «fina» con el triunvirato de la CGT y con los gremios díscolos, incluidos el de los camioneros de Hugo y Pablo Moyano. Los gremios que ponen reparos argumentan su desacuerdo en la exclusión de algunos ítems del pago de indemnizaciones por despido y la baja de aportes patronales.
Otros sectores del oficialismo advirtieron sobre la necesidad de no repetir errores. «Con la ley previsional el Gobierno se confió, se durmió y no dio el debate: se terminó incendiando todo. Acá hay que manejar los tiempos políticos, hablar con todo el mundo y calcular los daños y beneficios que nos puede dar impulsar la ley completa», dijo una fuente parlamentaria del oficialismo. La estrategia legislativa ya está en marcha.
Cambios pactados con la CGT
Indemnización
Cómo era
El proyecto original preveía eliminar todo componente no mensual y variable del salario al momento de calcular el año de antigüedad para fijar la indemnización por despido
Cómo quedó
Al cálculo para establecer la indemnización por despido se incorporaron elementos variables como las horas extras, los premios y las comisiones
Blanqueo
Cómo era
La iniciativa oficial establecía que aquel empleador que adhiriera al blanqueo sólo podría computar cinco años de antigüedad por cada uno de sus empleados, aunque la amnistía fiscal durara más años
Cómo quedó
Los trabajadores de una empresa beneficiada por el blanqueo serán registrados con todos sus años de antigüedad
Rebaja de aportes patronales
Cómo era
El proyecto impulsado por el Gobierno contemplaba reducir los aportes patronales que el empleador deriva a la seguridad social
Cómo quedó
Tras la negociación con la CGT, se eliminó el capítulo del proyecto de ley que preveía ese recorte. Sin embargo, la rebaja se incorporó a la reforma tributaria
Pasantías
Cómo era
La iniciativa establecía prácticas formativas (pasantías) por un año renovables por otros seis meses
Cómo quedó
El proyecto que el Gobierno pretende ver convertido en ley en las sesiones extraordinarias de febrero mantiene las pasantías, pero limita su duración. Las prácticas no podrán extenderse más allá de un año ni tendrán renovación
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