Reglamentó aspectos de la ley N° 27.275 para establecer límites a datos privados de los funcionarios públicos.
El Gobierno nacional dictó este lunes un Decreto para restringir el acceso a información pública, especialmente cuando se trate de «datos privados» de los funcionarios o pueda causar «daños y perjuicios» a las personas.
Se trata de una interpretación restrictiva de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuya modificación realizó el Gobierno a través de un decreto reglamentario, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Este criterio restrictivo del concepto de qué es información pública ya se aplicó cuando el Gobierno se negó a brindar información sobre los gastos, mantenimiento y otros datos de los perros de Milei que viven en la Quinta de Olivos, porque aseguró que eran cuestiones vinculadas con el «ámbito privado» del Presidente de la Nación.
Pero ahora se amplió su alcance, ya que se establecieron límites más precisos y generales sobre qué información se podrá solicitar y en qué condiciones el Gobierno puede negar el acceso a información pública, «especialmente cuando la solicitud pretenda ingresar a una esfera típicamente doméstica».
La Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública fue dictada en septiembre de 2016, a iniciativa de numerosas organizaciones de la sociedad civil, con el respaldo del gobierno de Mauricio Macri. El objetivo de esta norma es garantizar que toda persona, sin necesidad de explicar por qué y para qué, pueda pedir, buscar, acceder y difundir los datos, registros y documentos en poder del Estado.
«Habrá que ver como se implementa ese criterio, porque podría usarse para negar información sobre las visitas a Olivos», dijo un especialista en acceso a la información pública.
Además, restringe la difusión de «deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares» sobre un acto de gobierno.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó los cambios que introdujo el gobierno con el nuevo decreto y advirtió que «implican un grave retroceso democrático, ya que al limitar los datos que pueden ser proporcionados desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública».
«Nos preocupa el reciente decreto del Presidente de la Nación que, en lugar de impulsar el derecho de acceso a la información pública, pareciera limitarlo, por ejemplo, al modificar la definición de qué es información pública», sostuvo en un comunicado la organización Poder Ciudadano.
Y agregó: «Esta nueva norma olvida que el principio jurídico fundamental que sostiene este derecho es que la información se presume pública y el secreto es la excepción. Por eso, este decreto y su contenido no son el camino. Más derecho de acceso a la información significa más transparencia y menos corrupción».
En el mismo sentido se expresó un especialista en acceso a la información pública, quien aseguró que «está claro el criterio restrictivo del Gobierno, ya que a partir de ahora cualquier funcionario podrá denegar el acceso, basándose en que se trata de datos que hacen a su privacidad, que pueda causar daños y perjuicios o que el solicitante esté cometiendo un abuso del derecho».
El Decreto del gobierno provocó las críticas de dirigentes políticos de la oposición y de especialistas en temas de comunicación, que se expresaron en redes sociales y consideraron a esta nueva normativa como un paso más en las restricciones al acceso a la información pública y a la libertad de expresión.
«Cualquier funcionario tiene la posibilidad de negar la información si considera que se trata de una excepción legal. Será un juez quien determine si esa información es de interés público o no. Pero nunca puede un decreto determinar qué constituye interés público y qué no», dijo Karina Banfi, vicepresidenta del bloque de diputados radicales.
Y añadió: «El gobierno está legislando por decreto excepciones que sólo puede hacer la ley. Exijo urgente intervención de la Agencia de Acceso a la Información Pública, a su titular Beatriz de Anchorena, para que se expida y defienda el derecho ciudadano a saber. El gobierno está legislando por decreto excepciones que sólo puede hacer la ley».
La directora de la Agencia de Acceso es una dirigente kirchnerista que integraba el Instituto Patria y tiene mandato hasta 2027. Clarín intentó comunicarse con ella para saber su posición sobre el Decreto del gobierno, pero no obtuvo respuesta.
También el especialista Martín Becerra sostuvo que el nuevo decreto establece «más restricciones a la libertad de expresión».
“El gobierno limita el acceso a la información pública. Pero no son fascistas, autoritarios ni de extrema derecha, dicen los amigos liberales más raros del planeta Tierra mientras acompañan el rumbo”, planteó Pablo Avelluto, exministro de Cultura en la gestión de Macri y actual secretario general del Movimiento al Desarrollo que lidera Horacio Rodríguez Larreta.
La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) aseguró que esta decisión va en un «camino inverso a lo que propiciaría un gobierno liberal, transparente, de datos abiertos de cara a la sociedad. Esta es la verdadera cara de Milei. Para los ciudadanos solo circo en redes».
Fuente: Clarín
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