Más allá del resultado adverso de las PASO, el gobierno busca retomar cierta iniciativa parlamentaria. Esta semana enviará un nuevo proyecto de ley de alquileres que propone que los contratos menores a $26.000 se ajusten según la evolución de los precios y los salarios.
En concreto, el proyecto establece que el aumento de los montos para aquellos contratos inferiores a 650 UVAs -equivalentes hoy a $26.650- deberá regirse según por un índice conformado por el índice de precios al consumidor (IPC) del Indec y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), los dos elementos que se toman en cuenta para el ajuste de las jubilaciones y otros programas sociales de la Anses.
Según define el nuevo proyecto de ley, el indicador para el ajuste de alquileres deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA).
El Gobierno ya había querido instalar este proyecto en dos ocasiones a fines del año pasado y a principios de este, pero en ambas instancias se encontró con la resistencia de los inmobiliarios, que rechazaron, entre otros puntos, el techo a las comisiones. A su vez, advertían sobre la falta de incentivos para los propietarios: según su visión, las regulaciones para los alquileres favorecen solo a los inquilinos, en un contexto de caída en la rentabilidad. Según plantean, el retorno por colocar un departamento en alquiler se ubica hoy en mínimos históricos y ronda el 2,5% anual.
Sin embargo, ahora el proyecto cuenta con más precisiones que en anteriores oportunidades, ya que le pone un número al umbral de los alquileres que de alguna forma serían regulados por el Estado.
De acuerdo con el anteproyecto -que ingresaría esta semana con el proyecto de promoción de inversiones inmobiliarias y la ley nacional de vivienda- «cuando el valor de las cuotas mensuales de las locaciones habitacionales, sea menor al límite que cada provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establezca mediante ley especial, o en su defecto menor a seiscientas cincuenta (650) Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), solo se podrán realizar ajustes utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)».
En cuanto al plazo de los contratos, en tanto, el Gobierno recortó el planteo inicial de una duración de tres años y en la iniciativa habla de dos, aunque establecen que «llegado el día de vencimiento del contrato, la locación se prorrogará obligatoriamente por un año, salvo notificación fehaciente del locador o el locatario manifestando su intención de no renovarlo».
La parte de las comisiones se mantiene y todos los gastos corren por parte del propietario incluida la certificación de firmas.
Por otro lado, establecen que los contratos deberán ser declarados por ante la AFIP, dentro del plazo, en la forma y con los alcances que dicho organismo disponga y dicen que el locatario deberá ofrecer al menos dos opciones de garantía entre la siguientes (garantía real, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o garantía personal del locatario) y el locador deberá aceptar una.
Por último, en caso de que el inquilino no pague, el propietario podrá enviarle una notificación y, cumplido el plazo, está habilitada la acción judicial de desalojo. El plazo de ejecución de sentencia de desalojo no puede ser menor a 10 días ni mayor a 90 días.
Consultado por LA NACION, el fundador de Reporte Inmobiliario, José Rozados, dijo que este proyecto era el que proponían las asociaciones de inquilinos y la única objeción que le hizo es que el índice salarial tiene mucho retraso. «Por ejemplo, ahora el último publicado es el de junio y sería ya necesario para aplicar teóricamente a un contrato que tenga que renovarse a partir de octubre», explicó.
Más allá de esto, consideró que el tema seguramente será tratado por el próximo gobierno «con el riesgo de que el proyecto que se trate a futuro pueda ser aún más regulador y con más restricciones impuestas al propietario».
En tanto, consultado por la posibilidad de que esta iniciativa se trate ahora, un diputado de la oposición dijo que «hay que ver los detalles» y que el año pasado se había avanzado mucho sobre el proyecto de ley de alquileres y había una versión para sacar después de la media sanción del Senado, pero los dictámenes se cayeron.
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