Aceptó acotar la reforma laboral y terminó por sacar al Banco Nación del plan de privatización. Se espera la aprobación del paquete fiscal en un segundo tiempo.
Con el apoyo de los bloques dialoguistas y tras varias concesiones, el Gobierno dio el primer paso para la aprobación de la Ley Bases y pese a las renovadas críticas de Javier Milei contra el Congres obtuvo el dictamen de mayoría de un plenario de comisiones de Diputados. De esta manera, la propuesta quedó habilitada para ser tratada en el recinto mientras se espera el despacho del paquete fiscal.
La propuesta de mayoría obtuvo 61 firmas con el apoyo de La Libertad Avanza y del PRO, que comanda Cristian Ritondo, mientras que la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal firmaron en disidencia por distintas diferencias. Los radicales Fernando Carbajal y Pablo Juliano, que responden a Facundo Manes, no firmaron en dictamen tal como lo hicieron en la versión anterior de la ley ómnibus.
En tanto, la Coalición Cívica, que forma parte del bloque que preside Miguel Angel Pichetto, firmó su propio dictamen por diferencias en la delegación de facultades y el programa de incentivo de inversiones RIGI. Mientras que la socialista Mónica Fein junto a Margarita presentaron también su propio despacho.
Por su parte, Unión por la Patria también va con su propio dictamen de rechazo al proyecto del oficialismo, la igual que el Frente de Izquierda. Aunque el bloque que comanda Germán Martínez comienza a presionar con el tratamiento del mega DNU 70/23, que tiene el rechazo del Senado y que el kirchnerismo quiere colocar en la agenda de la próxima semana.
Pero para alcanzar el dictamen, el oficialismo tuvo que retroceder con su reforma laboral de 60 artículos que replicaba el capítulo del mega DNU 70/23 para aplacar, al menos en forma momentánea, la tensión con la oposición dialoguista que busca esquivar las chicanas del Presidente para darle las leyes que viene reclamando para su plan de Gobierno.
Y durante el debate de la propuesta en comisión, el oficialismo accedió a no privatizar el Banco Nación, un pedido que también le habían hecho desde la oposición. De esta manera, el plan de venta del Presidente pasó de 41 empresas propuestas en diciembre a tan sólo 11, de las cuales sólo 4 quedaron habilitadas para su venta total.
La puja se da en un contexto tenso. El jefe libertario no retrocede con sus descalificaciones hacia el Congreso y este miércoles en la gala anual de la Fundación Libertad volvió a decir que no le hará falta el parlamento para cumplir las metas del Gobierno. «Ma’, tiren la Ley Bases», dijo ante empresarios y personalidades de la política.
La oposición pedirá cambios en el recinto en la Ley Bases
Durante el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, el oficialismo y la oposición dejaron al descubierto sus propias diferencias antes de que la Ley Bases y el paquete fiscal lleguen al recinto.
Por ahora, lo concreto es que el Gobierno tiene el dictamen de mayoría y convocó a una sesión especial para el próximo lunes, a las 11, una reunión que promete ser maratónica y que se cerrará el martes, antes del feriado por el 1ro.de mayo, Día del Trabajador.
Durante el plenario se acordó que tanto la UCR, como Hacemos e Innovación buscarán cuando se trate la ley en el recinto la reincorporación del capítulo del tabaco. La salteña Pamela Calletti (Innovación) le dijo a Clarín que «el PRO y La Libertad Avanza tendrán que explicar por qué bancan el ajuste sobre la gente al renunciar a cobrar impuestos a las tabacaleras perjudicando a las provincias tabacaleras, los productores, el fondo especial del tabaco y en definitiva todos porque es coparticipable».
Está claro que la oposición tampoco quiere quedar pegada a las presiones del empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí y quien es fuertemente beneficiado por la legislación actual.
Esta diferencia no es la única que podría llegar al recinto. Pese a que el Gobierno hizo concesiones y acordó una versión un poco más light de la reforma laboral, desde la UCR hay sectores que quieren insistir con el articulado que tiene como focos los sindicatos, algo que fue dejado para incluir en otro proyectos.
En principio, el oficialismo y la oposición dialoguistas acordaron que el período de prueba tendrá una extensión de seis meses, se incluye una opción del fondo de cese laboral por convenio, un sistema similar al que aplica en el gremio de la construcción (Uocra) y se eliminan las multas por empleo no registrado. La bancada de Pichetto quiere eliminar el artículo que castiga los bloqueos sindicales a las empresas.
Otro de los puntos que llama la atención del debate tiene que ver con los fondos fiduciarios, uno de los puntos que derivó en la caída de la primera ley ómnibus en febrero. Sobre este punto aceptaron que si son eliminados se respetará el origen de los fondos.
En concreto lo que establece que aquellos fondos que fueran financiados por una asignación específica de un impuesto coparticipable y es eliminado, el tributo volverá a la masa coparticipable y no al Tesoro, como pretendía el Ejecutivo. Esto permitiría ajustar el reparto entre las provincias.
El Gobierno también retrocedió con su intento de disolver o intervenir organismos como el Conicet, el Instituto Malbrán, la CONAE, el INCAA, el Incucai, el Instituto de la Propiedad Industrial, Enacom, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera, y el INTA.
En lo que tiene que ver con las jubilaciones se avanza con la eliminación de la moratoria que permitía a las personas que no tenían los 30 años de aportes pagar una cuota para jubilarse.
Para atender las demandas de la oposición se promueve la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, que prevé una jubilación proporcional a la cantidad de años de aporte, con una fórmula que incluye la Prestación Básica Universal (PBU) más 1,5 por año aportado, pero con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será el mínimo.
Para avanzar con el debate, el Gobierno también tuvo que renunciar a un controvertido artículo que ampliaba las facultades delegadas, algo que era rechazado por todo arco opositor.
Además se modificaron algunas disposiciones del RIGI, el régimen de promoción de inversiones, entre ellas limitaciones para la posibilidad del VPU “los vehículos de proyecto único”, de modificar el plan de inversión, y se quita la alícuota 0% de dividendos y pagarán 7% en los primeros 7 años y luego 3.5%.
El Gobierno sacó al Banco Nación del listado de privatizaciones
En lo que tiene que ver con las privatizaciones, otro de los capítulos que genera tensiones con la oposición, finalmente, el Ejecutivo accedió excluir al Banco Nación. Otras seis empresas del grupo, incluyendo Nación Seguros, ya habían quedado fuera del proyecto.
No obstante, el Gobierno rechazó que un informe negativo de la SIGEN pueda frenar un proceso de privatización. Aunque la lectura que hacen, al menos en el radicalismo, es que si una empresa no tiene la aprobación del organismo, el Gobierno terminará por retirar los pliegos.
Previo al arranque del plenario se formalizó la designación del libertario Santiago Santurio como nuevo presidente de la comisión de Legislación General en reemplazo de Gabriel Bornoroni, quien asumió como jefe del bloque de La Libertad Avanza.
En tanto, Unión por la Patria definió a sus representantes en la comisión y designó como vicepresidenta segunda a Mónica Litza y como secretaria segunda a Constanza Alonso. Además hubo un cambio entre diputados del PRO, ya que Damián Arabia asumió como secretario primero en reemplazo de Florencia De Sensi.
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