La gestión de Juntos por el Cambio había creado la agencia 11 días antes de dejar el poder. Ahora, los testigos protegidos estarán bajo la órbita del Ejecutivo nacional.
El Gobierno de Alberto Fernández derogó la creación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, un organismo creado por la administración de Mauricio Macri 11 días antes de dejar el poder.
El decreto 168/2020 con la firma del Presidente se publicó este jueves en el Boletín Oficial. Con la decisión, el programa permanecerá bajo el control del Ministerio de Justicia, a cargo de Marcela Losardo.
A fines de noviembre del año pasado, Macri creó el ente autárquico que tendría a su cargo el resguardo de la seguridad de los llamados “arrepentidos” en las causas judiciales.
Ahora, la administración de Alberto Fernández decidió anular ese decreto porque “no existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes y que, por lo tanto, justificaran la adopción de una medida de excepción como es un decreto de necesidad y urgencia”.
De esta forma, el Gobierno estableció que ahora el programa de testigos protegidos volverá a tener el diseño institucional anterior “tal como fue creado por la ley que le dio origen y sus normas complementarias”, es decir, continuará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pero con el organigrama anterior.
A 11 días de dejar el poder, el expresidente Macri firmó el decreto que creaba la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados y anunció la conformación de un consejo consultivo integrado por el presidente de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal; el Procurador General de la Nación y el Secretario de Seguridad.
El objetivo de la Agencia era garantizar la seguridad de las personas que colaboraran “de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal”, para lo que deberá tomar “medidas especiales de protección”, como el cambio de domicilio o la custodia personal.
Además, la exadministración argumentó su decisión de elevar al rango de Agencia lo que hasta el momento era un Programa en la “incorporación de personas que brindaron información en investigaciones judiciales vinculadas a delitos que se habrían cometido en el ejercicio de la función pública”.
Además, el DNU original dispuso la creación de un Consejo Consultivo encabezado por el presidente de la Cámara de Casación Penal e integrado por la Procuración General de la Nación, que debía elaborar la propuesta para la designación del director de la Agencia.
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