Para el Ejecutivo, los sindicatos y la oposición buscan sacar rédito de la movilización y correr el foco del reclamo salarial. La Casa Rosada está dispuesta a aumentar las partidas para el año que viene, pero espera que el Congreso determine de dónde se sacarán los fondos.
Este miércoles estará marcado por la segunda marcha federal universitaria en la que habrá una movilización al Congreso, esta vez en rechazo del futuro veto presidencial a la Ley de Financiamiento y a favor de una mejora de los salarios docentes. En ese contexto, el Gobierno aseguró que la protesta “es política” y “opositora”, pero se mostró abierto a ampliar el presupuesto educativo de 2025.
“Es una marcha antigobierno, por varias de sus consignas, que no está ceñida solamente al problema de los salarios”, expresó el secretario de Educación, Carlos Torrendell, en la previa.
Es que desde que se conoció la convocatoria, los rectores de todas las universidades públicas del país; la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA Autónoma (CTA-A), la CTA de los Trabajadores (CTA-T), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones sociales, los partidos de izquierda y una fracción del radicalismo confirmaron su presencia. Incluso, la expresidenta Cristina Kirchner también arengó a los estudiantes a salir a las calles. Por eso, el oficialismo considera que quieren sacar un rédito electoral a partir de un reclamo genuino, como es la actualización de los salarios docentes.
Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que su confrontación no es con las universidades, ya que comparten la idea de aumentar las partidas, sino con el Congreso, que debe explicar de dónde sacar los fondos para redistribuirlos para Educación.
“(El Gobierno) no está en contra del reclamo, sino en contra de que el Congreso sancione leyes que no tengan una partida presupuestaria asignada”, expresó ayer el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.
“Básicamente son proyectos que no pueden financiarse. El Gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en universidades y entendemos que ese lugar es precisamente la discusión del presupuesto nacional y no otro. Mientras el resultado del aumento presupuestario mantenga el equilibrio fiscal, jamás vamos a tener ningún inconveniente; por eso todos los legisladores deben fundamentar de dónde sacan el dinero para ejecutar los aumentos que pueden ser válidos o genuinos. Señores, necesitamos saber cuáles son las partidas que piensan recortar para otorgar estos aumentos”, agregó.
En concordancia se manifestó el titular de la cartera educativa: “El Poder Ejecutivo mandó con los valores de agosto un presupuesto al Congreso Nacional. Si contemplas los aumentos de estos meses, efectivamente ese presupuesto va a requerir un acomodamiento. Se puede ampliar, pero tendrá que ser a partir del diálogo de los legisladores”.
“El Presidente fue muy claro: las asignaciones presupuestarias tienen que tener los fondos con los cuales se van a sustentar. Entonces, en esa lógica, el Congreso puede perfectamente ampliar el presupuesto para universidades y tendrá que determinar de dónde saca esos recursos que tendrá que asignar más a universidades”, completó.
Asimismo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez cuestionó la marcha y afirmó: “Yo no tengo ningún reclamo, ni oral ni escrito, de ninguna universidad pidiendo una ampliación de los gastos de funcionamiento. Ni en la actualidad, ni para el presupuesto 2025″.
En el Ejecutivo admitieron -a puertas cerradas- que existe un atraso del 50% en los salarios del sector. “Lo reconocen, pero no tienen una propuesta para solucionarlo”, señaló una fuente de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun).
En los últimos días, se habló de una idea que analiza la cúpula del Ejecutivo de transferir las universidades nacionales a las provincias. De esta manera, las instituciones educativas deberían encontrar formas de poder financiar cada estructura sin la ayuda de Nación. “Nos divierta mojarles la oreja”, soslayaron.
Fuente: TN
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