En el primer cuatrimestre transfirió $ 429.000 millones para subsidiar el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar. El gasto aumentó un 31% desde enero y el presupuesto se agotará antes de las elecciones de octubre.
Exactamente $ 429.306 millones se giraron a las arcas del Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar al 30 de abril, el equivalente a $ 3.577 millones por día. Se trata de las dos cajas centrales de asistencia en la administración pública, que controlan piqueteros aliados al Gobierno y organizaciones K como La Cámpora.
El gasto se fue intensificando desde enero, cuando las transferencias diarias eran $ 2.690 millones. En febrero se pasó el umbral de los $ 3.000 millones, en marzo treparon a $ 3.400 millones y en abril se acercó a los $ 3.600 millones. En cuatro meses, es una suba del 33%. Cuando se conozca el dato de inflación de abril, el próximo viernes, el balance cuatrimestral será similar a ese dato.
A este ritmo de erogación de transferencias, el presupuesto anual de $ 1,03 billón se agotará antes de las elecciones generales del 22 de octubre, lo que obligará al Ejecutivo a reasignar fondos en plena campaña. Ya lo ha hecho en las elecciones de 2021, cuando tuvo que reprogramar toda la partida en agosto, un mes antes de las PASO.
El Evita, de los dos lados del mostrador
Desde el minuto cero de la gestión de Alberto Fernández, la caja estatal más trascendente en cuanto a asistencia social la manejó un dirigente alineado al presidente Alberto Fernández como Emilio Pérsico. Secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, pasó a estar de los dos lados del mostrador, pagando los planes y recibiendo su organización un alto porcentaje de los mismos.
El Potenciar Trabajo cuenta con un presupuesto anual de $ 590.896 millones, de los cuales ya se utilizaron $ 237.752 millones, un 40% del total y el equivalente a $ 1.982 millones por día. Desde allí se cubre la asistencia a más de 1,3 millones de beneficiarios, que a cambio deben cumplir con un trabajo de cuatro horas por día, de lunes a viernes, que mayoritariamente no completan.
El haber del Potenciar Trabajo es medio Salario Mínimo Vital y Móvil, hoy ubicado es decir, unos $ 40.160 por mes. Ese dinero lo manejan como intermediarios las organizaciones sociales, que de allí transfieren los recursos a cada beneficiario. El año pasado se supo que el Polo Obrero, por caso, les cobrá un 2% de cachet a cada uno de sus 60.000 afiliados que perciben el plan. Ese dinero lo termina utilizando para financiar los cortes y piquetes que realiza.
La ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz viene intentando ajustar el sistema de transferencias desde principios de año. Bajó la cantidad de beneficiarios que reciben el plan y evitó que se acumule el cobro de programas sociales, como el Potenciar Trabajo y el Nexo. No obstante, no alcanzó para controlar en detalle cómo se paga y quiénes reciben los recursos.
La Cámpora, a cargo de la Tarjeta Alimentar
Determinante durante la pandemia, la Tarjeta Alimentar ha ido perdiendo peso respecto al Potenciar Trabajo en cuanto a envío de recursos se refiere en los últimos años. Hoy cuenta con fondos por $ 442.755 millones para cubrir la asistencia alimentaria durante 2023.
Al término del primer cuatrimestre, el programa Políticas Alimentarias cobró $ 191.554 millones, exactamente $ 1.596 millones por día, y un 43% del total de los recursos previstos, que también siguiendo a este ritmo de ejecución, deberá ser reforzado en octubre, antes de los comicios presidenciales.
La Tarjeta Alimentar, que recibe ajustes periódicos de parte del Estado en sus montos, alcanza a 1,4 millones de beneficiarios, que equivalen a alrededor de cuatro millones de personas en las que termina impactando. A diferencia de lo que pasa con el Potenciar Trabajo, la trazabilidad del envío de sus fondos es más clara, ya que va acompañada desde la ANSeS, en línea con el padrón de personas que reciben la Asignación Universal por Hijo.
Es una caja que maneja La Cámpora, también desde el inicio de la gestión. Está a cargo de Laura Valeria Alonso, secretaria de Inclusión Social, que responde políticamente a Máximo Kirchner y al «cuervo» Andrés Larroque. La relación entre el Evita y La Cámpora por el manejo de estos recursos es tensa, como con la mayoría de los movimientos sociales que conviven en Desarrollo Social.
El reparto de poder piquetero en el ministerio
Desarrollo Social es un ministerio loteado por las organizaciones sociales afines al kirchnerismo, desde antes de que asuma Tolosa Paz en el cargo, en octubre. Ya en las gestiones previas de Daniel Arroyo y Juan Zabaleta, la lucha de poder territorial fue una constante.
Con el Movimiento Evita y La Cámpora enfrentados desde hace tiempo en medio de la puja entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, también tienen poder de fuego interno otros referentes sociales, como Juan Grabois, a través de dirigentes que responden a él como Ramona Fernanda Miño, la secretaria de Integración Socio Urbana.
El año pasado, Grabois perdió a uno de sus soldados, echado por Pérsico después de diferencias internas: fue Rafael Klejzer, del Movimiento La Dignidad, que era director nacional de Políticas Integradoras y ya fuera del Gobierno es quien está liderando operativos piqueteros de controles de precios en supermercados.
También hay leales a Pérsico y Alberto Fernández, como Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie, quien se desempeña como subsecretario de políticas integración y formación, y fue uno de los promotores iniciales de los controles de precios, además de haber motorizado una marcha contra el campo hacia La Rural que finalmente terminó realizando en las puertas del Congreso.
En marzo, Clarín dio a conocer una serie de transferencias discrecionales que se le enviaron a Desarrollo Social en 2022, por $ 14.000 millones, entre las que sobresalen giros a organizaciones sociales que responden políticamente a Pérsico, Esteban Castro, Grabois, Klejzer y Menéndez.
Cargando ...
Agregue un Comentario