La medida fue publicada en el Boletín Oficial; también se puso fin a las obligaciones de la administración pública de operar con el Banco Nación, de usar los servicios de YPF y de Aerolíneas Argentinas.
Luego de que estallara el escándalo de corrupción que involucra al expresidente Alberto Fernández, el Gobierno derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 2021 que establecía que los ministerios y los organismos del Estado debían contratar las pólizas con Nación Seguros. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El DNU 823, que todavía estaba vigente, precisaba que “las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” deberían “implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de NACIÓN SEGUROS S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera”. La directiva, fechada el 2 de diciembre de 2021, lleva la firma del por entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur, y de quien en aquel momento estaba al frente del Ministerio de Economía, Martín Guzmán.
De acuerdo al primer artículo del texto publicado esta madrugada, quedan derogados también “los decretos 1187/12, 1189/12 y 1191/12″. La decisión de la administración de Javier Milei se sustenta en que “mediante el Decreto N° 70/23 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa, entre otras, hasta el 31 de diciembre de 2025 y se dispuso un programa general de desregulación de la economía a través de la eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo”.
En ese sentido, señalaron que “por el artículo 50 del citado Decreto N° 70/23 se estableció que las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga”.
En esa línea, el Gobierno barrió también con el decreto 1187/12 que determinó la obligación de implementar el pago de haberes al personal de la Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional mediante el Banco Nación, así como la normativa que imponía a las entidades públicas el deber de “contratar con YPF la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales”.
De la misma manera, el Ejecutivo echó por tierra el decreto 1191/12, que “dispuso la obligación para las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional de utilizar los servicios de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y Líneas de Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de Optar Sociedad Anónima para la compra de pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financiaran”.
El escándalo de los Seguros
El escándalo estalló el 29 de febrero, cuando Alberto Fernández, su amigo y broker de seguros Héctor Martínez Sosa y el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano fueron imputados por el fiscal Ramiro González. Se requirió la instrucción de la causa por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.
De acuerdo al expediente, al que accedió LA NACION, el fiscal solicitó como diligencias para prueba que la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia informen los antecedentes al decreto 823/21, ahora derogado por Milei. Asimismo, solicitó incorporar todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional bajo ese decreto firmado en la administración el Frente de Todos.
A principios de abril, María Cantero, exsecretaria de Alberto Fernández y esposa de Martínez Sosa, también fue imputada en la causa. La mujer fue acusada por diversas fuentes de haber realizado llamados a funcionarios para que su marido fuera designado como intermediario de las pólizas para las distintas áreas gubernamentales.
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