La vicepresidenta Gabriela Michetti la demandará penalmente por dos delitos.
Gabriela Michetti denunciará penalmente a Joanna Picetti por irrumpir en el recinto de Diputados donde Mauricio Macri pronunciaba su discurso para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso.
«La Presidente del Senado dispuso radicar una denuncia penal en su contra por posible infracción al artículo 241 del Código Penal (interferir una sesión del Congreso) y al artículo 239 del Código Penal (desobedecer a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones)», explicaron en el entorno de la vicepresidencia.
El Gobierno también abrirá un sumario interno para definir la responsabilidad del personal de seguridad del recinto para saber quién la dejó ingresar a la Cámara Baja.
Picetti no figuraba entre los invitados del Senado, que administra Michett, ni de Diputados, que define el titular de esa cámara Emilio Monzó.
El Presidente quedó descolocado ante los gritos de la ex funcionaria de Aysa, que nunca pudo ocupar la banca que consiguió por ocupar el octavo puesto en la lista oficialista de 2017 en la Ciudad.
Elisa Carrió la vetó por «inhabilidad moral» por las denuncias de maltrato infantil que pesan sobre la ex candidata a legisladora.
«No escuchan al pueblo», le gritó Picetti al Jefe de Estado, que no pudo evitar un gesto de asombro.
Nadie se animó a sacarla, aunque personal de seguridad y la diputada macrista Cornelia Schmidt se pararon delante suyo para obstruirle el paso hasta el estrado desde donde hablaba Macri.
Michetti atinó a decirle que no podía estar en el recinto, que solo estaba reservado para diputados.
El año pasado Picetti le había enviado una carta al Presidente para reclamarle por la banca que no le permitieron asumir.
Picetti afirmó que si bien no es su deber «entrometerme en la eficiencia de su gobierno», sí lo es, dijo, «garantizar el buen gobierno del país y hacer responsable a las instituciones que violan la Constitución Nacional así como también a los funcionarios que incumplen la Ley, inclusive los que callan siendo cómplices de esta injusticia por omisión».
El 28 de febrero del año pasado, la Cámara Nacional Electoral decidió elevar su caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todavía debe tomar una decisión de fondo para definir si la banca es del partido o de la persona, un viejo dilema de la polítca.
El abogado de la ex funcionaria de Aysa es el constitucionalista Daniel Sabsay, quien ahora posiblemente deba defenderla.
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