El Ministerio de Economía dispuso una medida de tutela anticipada contra la UAS, las 7 empresas que la conforman y Claudio Belocopitt por presunta cartelización. Además, presentó una cautelar para pedir la devolución de los montos que se hayan cobrado por encima del IPC del INDEC.
El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Economía, resolvió que las empresas de medicina prepagas retrotraigan las cuotas a los montos de diciembre y que recalculen su valor ajustándolo por inflación. Además presentó una cautelar en la Justicia para que las compañías devuelvan lo que hayan cobrado por encima del IPC medido por el INDEC desde que se desreguló el sistema.
Según informó el vocero presidencial Manuel Adorni, la medida es de aplicación inmediata, por lo que los afiliados deberían recibir sus facturas con el monto actualizado a partir del mayo. Tendrá una vigencia de 6 meses. El reclamo de que se restituya el dinero que se cobró por encima de la inflación dependerá de lo que resuelva la Justicia por la denuncia de presunta cartelización.
«Por disposición del Ministerio de Economía un grupo de empresas de medicina privada, que representan casi el 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada por IPC a partir de allí», anunció Manuel Adorni en su conferencia de prensa de este miércoles.
«Deberán aplicar como máximo este índice de precios al consumidor para aplicar las cuotas por estos seis meses, es el resultado de tutela anticipada de una denuncia por presunta cartelización», agregó y planteó que «el gobierno del presidente Javier Milei no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista, la Argentina de la avivada se termino el 10 de diciembre».
La resolución apunta a la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt, quien hasta ayer era el presidente de la entidad y quedó en centro de una fuerte polémica con el Gobierno. Las empresas afectadas son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE.
En rigor, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó que «existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo» entre la compañías para fijar los precios del sector y emitió un dictamen aconsejando al Secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía que adoptara una medida de tutela anticipada «para que un conjunto de empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona humana que la presidía, cumplan con los requerimientos que se detallan a continuación». La resolución surge a partir de una denuncia de cartelización presentada por legisladores de la Coalición Cívica en enero.
Adorni agregó que la Superintendencia de Servicios de Salud «está presentando una cautelar ante la Justicia para obligar a las empresas que concentran el 90% (del mercado) a retrotraer y devolver el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre hasta la fecha». Aclaró que el organismo «no controla precios, pero sí busca garantizar la libre competencia y libertad de elegir en beneficio de los argentinos».
El portavoz afirmó que las empresas que no estén de acuerdo con la medida tienen instancia de apelación, pero sostuvo que «la apelación no suspende la medida».
«Esto es de aplicación inmediata, las cuotas que lleguen a los afiliados deben retrotraerse a diciembre de 2023, (ajustar) por el IPC hasta aquí y ver en tal caso la cuota que pagarán», aclaró. «Entendemos que va a ser una reducción considerable de las mismas que pagaron en este mes de abril», agregó.
«También es bueno aclarar que hay una presunción (de cartelización). Cuando esa presunción de confirmarse puede tener algún impacto severo de orden público, en este caso que afecta a millones de argentinos, se dicta esta medida de tutela anticipada, para evitar que ese daño se continúe realizado», sumó Adorni. «Si no hubo cartelización, lo demostrarán y en tal caso la Justicia o quienes llevan adelante la investigación en la parte administrativa tomarán el camino que deban tomar».
En ese embate oficial, quieren frenar la decisión de los empresarios -con Claudio Belocopitt y la Unión Argentina de la Salud, a la cabeza- de aumentar amparados en el decreto de necesidad y urgencia 70/2024 y que posibilitó que se produjeran los fuertes incrementos.
“Todavía no queda del todo claro cómo va a ser la devolución del dinero a los afiliados a las prepagas de los excedentes cobrados”, explicó a Clarín, Fiorella Bianchi, abogada especializada en Derecho de la Salud. Y detalló que “muy probablemente se vuelva a facturar y se tome a cuenta de futuros saldos por vencer. Es decir, que se vaya descontando lo que ya se pagó anteriormente y que no correspondía; como reintegro en la cuenta de los afiliados”.
“Con respecto a las personas que se dieron de baja durante estos 4 meses, y que ya habían pagado con este aumento, todavía se está analizando qué va a pasar. No se sabe si a quien estuvo afiliado se le va a reintegrar o si se les va a volver a permitir afiliarse”, indicó Bianchi.
Cómo se calculará el ajuste de las cuotas
El Ministerio de Economía informó tras la conferencia que por el plazo de 6 meses, los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales a ser cobradas no podrán superar al siguiente cálculo: la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el INDEC vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023).
Es decir que, una vez recalculados los montos, seguirán siendo actualizadas mensualmente por IPC como tope máximo.
La medida aclara que, en el caso de los clientes dados de alta luego de diciembre de 2023, el ajuste debe realizarse teniendo como base un plan similar al contratado.
La denuncia de la Coalición Cívica que inició la investigación
La investigación que generó la resolución del Ministerio de Economía se realizó a partir de una denuncia por parte de legisladores de la Coalición Cívica ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
A mediados de enero, tras el primer fallo judicial contra la suba de esas empresas, dirigentes que responden a Elisa Carrió presentaron la denuncia contra las compañías de la Unión Argentina de Salud (UAS), presidida por Claudio Belocopitt, por incurrir en una cartelización para incrementar los precios a usuarios y proveedores de manera coordinada.
“Es indignante que hayan anunciado un aumento conjunto, no solamente porque es ilegal, sino porque en la misma presentación dicen que están dispuestos a perder un 30% de sus afiliados ¿a dónde se va esa gente?”, habían cuestionado los diputados y legisladores opositores Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Ruben Manzi y Facundo Del Gaiso.
La CC-ARI denunció que desde la UAS Belocopitt habría coordinado aumentos entre diferentes compañías de medicina prepaga, esquivando así la máxima del Gobierno en la desregulación: la competencia de mercado. «No es el rol de la Cámara coordinar los aumentos de precios o las políticas respecto de los proveedores. Belocopitt no es consciente de que anunció la comisión de una actividad ilícita, no pueden hacer lo que hicieron”, fue la crítica en su momento, cuando el propio empresario, en diálogo con Clarín, admitió que mucha gente se iba a caer del sistema de salud privado.
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